Numerosos casos que se demostraron falsos o montajes fabricados por la ultraderecha de este país revelan que la guerra sucia judicial es real
Gabriel Rufián lo dijo alto y claro ayer: “Hay
jueces que prevarican”. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los
Diputados aseguraba que el hecho de que “hay jueces que hacen política” en
España “lo sabe hasta Perry”. Además, subrayó que el PSOE lo
denuncia ahora porque le afecta y ha criticado al “patriotismo frágil” que
impide decir lo que se piensa. “En este país hemos tenido un rey que ha robado,
políticos que han robado y jueces que hacen política, ya está. Eso significa
que tienes que tener tu casa limpia (…) pues también”, añadió.
La afirmación coincidió con la declaración del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para quien “hay jueces que prevarican”.
Fueron las duras palabras con las que habló sobre la acumulación de frentes
judiciales que se le han abierto al Gobierno y al PSOE en los últimos meses.
En un acto de Público, en el que fue premiado el
ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz como
ganador del Personaje del Año, López aseguró que, pese a las actuaciones de
algunos magistrados, “la Justicia no gobierna”. Además, aseguró que el
Ejecutivo no se dejará “atropellar por quienes están intentando mezclar todo
para generar una confusión que no corresponde”.
Concretamente, López afirmó que “prevarican” algunos jueces del Tribunal Supremo, el órgano que condenó a García Ortiz
por un delito de revelación de secretos en relación con los delitos fiscales
reconocidos por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. “Y si no
son ellos, es alguien de su entorno, para que me entienda”, ironizó, haciendo
referencia a los argumentos que los jueces utilizaron en la sentencia contra el
ex fiscal general.
Entre tanto, y tras conocerse que el juez del Juzgado de Instrucción 19 de
Madrid Antonio Viejo autorizaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil a rastrear las cuentas de Alberto González
Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ordenando a 16 entidades bancarias que
remitan a los agentes los movimientos y saldos del empresario desde el 1 de
enero de 2014 hasta la actualidad, el ministro Óscar Puente tuiteaba: “Despaaacito”, una alusión a lo lenta que marcha
la investigación por delito fiscal contra la pareja de la lideresa.
La guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha alcanzado tintes
de auténtica crisis institucional como no se conocía en 50 años de democracia.
El término lawfare –la utilización
estratégica de los tribunales, la policía o los medios para desgastar a
adversarios políticos– ha ganado presencia en el debate español durante la
última década. Aunque su uso es polémico y no existe consenso académico sobre
su aplicación al caso español, diversos episodios judiciales y policiales han
alimentado la percepción de que ciertos actores han instrumentalizado el
aparato del Estado para influir en la vida política.
En España, el debate sobre el lawfare se
intensificó a partir de 2017, coincidiendo con el conflicto catalán y la irrupción de nuevas fuerzas políticas como
Podemos. Sin embargo, algunos analistas sitúan el origen del
fenómeno en los años del Ministerio del Interior
dirigido por Jorge Fernández Díaz (2012–2016). Durante ese periodo,
investigaciones periodísticas y judiciales revelaron la existencia de una
estructura policial conocida como “brigada patriótica”, vinculada al
comisario José Manuel Villarejo. Según estas
informaciones, dicha red habría elaborado informes sin control judicial,
filtrado documentos falsos a la prensa y presionado a entidades financieras
para obtener información comprometedora sobre adversarios políticos del
Gobierno de entonces. La trama se conoció como Kitchen, y está siendo
enjuiciada estos días en la Audiencia Nacional.
Entre los casos más citados se encuentran el informe falso contra Artur Mas en 2012, difundido en plena campaña
electoral catalana; los procesos a Ada Colau y Monica Oltra;
la falsa cuenta en Suiza atribuida a Xavier Trias, que
años después fue desmentida por la propia policía; y el montaje contra Podemos y Pablo Iglesias, a quien le inventaron una
cuenta secreta en el paraíso fiscal de Granadinas. Todo era falso. Estos
episodios han sido interpretados por sectores independentistas y por parte de
la prensa como ejemplos paradigmáticos de lawfare.
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha
acumulado cerca de veinte denuncias de fondos de inversión, asociaciones y
rivales políticos. La mayoría han sido archivadas por los tribunales, que en
algunos autos han señalado la falta de base jurídica sólida. Para Colau y sus
defensores, este patrón responde a una estrategia de desgaste político mediante
el uso instrumental de la justicia.
También ha sido relevante el caso Neurona, una
investigación sobre contratos electorales de Podemos que se prolongó durante
tres años y que finalmente fue archivada. El partido denunció que la causa se
sostuvo sobre filtraciones y sospechas sin pruebas concluyentes, y que su
impacto mediático fue mayor que su contenido jurídico. En una línea similar, la
jueza y diputada Victoria Rosell denunció una
maniobra judicial para desacreditarla.
El fenómeno también se ha vinculado a la judicialización del conflicto catalán. Para algunos juristas, la respuesta
penal al procés –incluyendo la intervención de la Audiencia Nacional y las
acusaciones de rebelión y sedición– constituye un ejemplo de uso expansivo del
derecho penal para resolver un conflicto político. Otros expertos, sin embargo,
sostienen que las actuaciones judiciales fueron una respuesta necesaria ante
vulneraciones del orden constitucional.
La controversia alcanzó un nuevo nivel en 2023, cuando el término lawfare apareció en el acuerdo político entre PSOE
y Junts. Este hecho provocó una reacción inmediata de las asociaciones
judiciales, que rechazaron frontalmente la idea de que en España exista
persecución política desde los tribunales. Desde entonces, el concepto se ha
convertido en un eje de polarización.
El debate sobre el lawfare en
España refleja tensiones más profundas sobre la calidad democrática, la
independencia judicial y el papel de los medios en la vida pública. Aunque no
existe consenso sobre la existencia de un lawfare sistemático,
los casos mencionados muestran que la frontera entre justicia y política puede
volverse difusa, especialmente en contextos de alta polarización.
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