Comentario:
No hace mucho, se
puede comprobar en mi blog, hice un escrito en el que preguntaba si la UCO era
un cuerpo al servicio del Partido Popular. Pues, por lo que se ve, va a
resultar que sí.
La unidad de élite de la Guardia Civil toma la iniciativa en el caso Leire, por encima incluso del juez Pedraz y la Fiscalía
La petición de la UCO al juez
Pedraz para que pida a la Agencia Tributaria y a
los bancos las cuentas del PSOE, tras el estallido del caso de
la fontanera Leire Díez, está abriendo un debate
político de gran calado. Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional,
ve riesgos en esta instrucción. “Es cierto que el juez puede encargar informes
a la Policía. Pero hay un problema, el Tribunal Constitucional dice
que en una investigación que afecta a los derechos de las personas, el control
judicial tiene que ser aún mayor”.
De esta manera, Urías aporta un enfoque jurídico interesante después de que
la UCO se haya puesto al frente de la investigación del caso Leire, por encima
del juez y de la Fiscalía. Da la sensación de que la unidad de élite de
la Guardia Civil ha tomado el timón y puede hacer
casi cualquier cosa, como registrar la sede del PSOE durante largas horas por
un asunto de espionaje. Nada tiene que ver el caso Leire con una posible
financiación ilegal. No han aparecido comisiones o mordidas, cuentas en
paraísos fiscales o empresas pantalla que permitan asegurar que el PSOE se estaba financiando irregularmente
como sí ocurrió con el PP en tiempos de Rajoy y la Gürtel.
Sin embargo, con la excusa de indagar en las andanzas de un personaje algo
friqui como Leire Díez, la UCO está hurgando en cada cuenta y en cada libro de
contabilidad del partido socialista. Hay indicios que nos pueden llevar a
pensar que estamos ante otra investigación prospectiva (salir de pesca a ver si
se encuentra algún delito). El Estado de derecho prohíbe
este tipo de actuaciones propias de países bajo regímenes totalitarios. Una
investigación prospectiva es una actuación policial o judicial que se inicia
sin hechos objetivos que investigar, basada solo en conjeturas o sospechas
vagas. Su lógica es “a ver si se encuentra algo”. Esto implica que no existe
una notitia criminis clara; se investiga a una persona
o su entorno “en general”; se buscan posibles delitos sin indicios previos.
Las fuentes jurídicas y doctrinales coinciden en que este tipo de
actuaciones son incompatibles con un proceso penal garantista. Vulnera el
principio de legalidad (toda investigación debe partir de un hecho
presuntamente delictivo, según la Ley de Enjuiciamiento
Criminal), y atenta contra la presunción de inocencia: se
investiga sin indicios sólidos. Además, se invade la intimidad del investigado
sin justificación (principio de especialidad) y se constituye una “causa
general”.
“Se están filtrando datos económicos, en teoría no debería”, asegura
el catedrático Urías. Según este experto, los registros de
la UCO y se petición indiscriminada de cuentas del PSOE al juez Pedraz puede
llevar a que la prensa sepa “cuánto cobra” cada militante, y “en qué ha gastado
el dinero el PSOE”. “Es delicado porque afecta a la privacidad de las
personas”. Además, el jurista cree que hay desproporción en la instrucción de
unos casos y otros. “En la gestión de los tiempos se deduce una cierta
desigualdad en cómo se llevan unos asuntos y otros, tanto por parte del juzgado
como de la policía judicial. Hay indicios de delitos, pero investigar delitos
con celeridad cuando la opinión pública está pendiente de ello, genera
desigualdad. Es más dañino para determinadas fuerzas políticas que para otras”,
añade.
Expertos como Ignasi Guardans están siendo
muy críticos con las últimas actuaciones de la UCO. “¿Y si cerramos el
Parlamento y dejamos que nos gobierne la UCO un tiempo? Porque están tan
crecidos con sus opiniones (no hechos policialmente probados: opiniones), que a
lo mejor nos hacen un buen plan de vivienda o tienen ideas buenas sobre la
financiación autonómica”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario