Es imposible abstraerse en esta precampaña electoral de la violencia verbal que destilan la extrema derecha y sus satélites,
presidente de Argentina incluido, contra quienes no piensan como ellos. Pero
más difícil resulta aun -y no solo para esta plumilla, sino para cualquier
persona decente- correr un tupido velo, por un lado, sobre la indisimulada
escalada de brutalidad policial con la que se están controlando
las manifestaciones antifascistas (A Coruña) o reivindicativas de derechos
constitucionales (Madrid) y, por otro, sobre las denuncias contra soldados españoles en Ceuta por
presuntas torturas, acoso o maltrato a inmigrantes. Las
imágenes de unos y otros no nos dan mucha opción para la comprensión, el
atenuante o la justificación de tales comportamientos violentos contra personas
muy mayoritariamente pacíficas en las concentraciones y muy vulnerables en el
caso de los extranjeros/as.
Precisamente porque las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado tienen legitimado el uso de la violencia y van armadas,
el empleo de esta debería ser exquisito, muy excepcional y como último recurso,
pero también investigado rigurosamente cuando se denuncian abusos. La realidad,
no obstante, nos muestra que de las investigaciones que se anuncian tras abusos
documentados, nada se sabe después, salvo en casos muy excepcionales y salvajes, cuando se dan
a conocer para que veamos lo bien que funciona nuestra "democracia
plena". Hagan la prueba: busquen casos de abusos policiales
contra manifestantes y a ver qué encuentran sobre investigaciones en curso, en
caso de que se abran, que ésa es otra.
Con los militares de Ceuta y sus presuntas torturas y vejaciones a
inmigrantes está pasando lo mismo: la evidencia tuvo que ser
escandalosa y a la vista de todos, presentada públicamente por Amnistía Internacional, para que el Ministerio de Defensa accediera a acudir a la Fiscalía
arrastrando los pies y se abriera una investigación a los soldados
perpetradores de esa presunta violencia xenófoba. Del acoso de patrullas militares denunciado por voluntarias de las
ONGs No Name Kitchen y Brigadas de Apoyo Mutuo, constatado in
situ por la periodista Gabriela Sánchez de El Diario.es,
no obstante, ya nadie hablaba... hasta este jueves, cuando la Guardia Civil irrumpió con violencia avalada judicialmente
para el registro de las instalaciones buscando a varios/as de
sus voluntarias por supuesta incitación a la violencia y desórdenes públicos.
Qué casualidad, oigan, y qué puntería.
No Name Kitchen lo ha negado todo,
incluidas las dos detenciones de activistas a las que ha hecho referencia la
Guardia Civil. La ONG habla de "graves
irregularidades" y "criminalización" por dar de comer y prestar
ayuda humanitaria y legal a los inmigrantes de Ceuta. No sería nada
nuevo: desde hace siete años, en Público estamos denunciando el incremento escandaloso
de campañas contra activistas y ONGs pro derechos humanos,
particularmente, aquellas dedicadas a la atención y/o el rescate a migrantes,
en frontera terrestre o en alta mar. Ni siquiera es exclusivo de España y el
ascenso de la ultraderecha, su llegada a los gobiernos europeos y americanos, su infiltración constatada en los cuerpos policiales y el Ejército,
ha convertido la intimidación contra quienes ejercen la labor que corresponde a
los Estados democráticos en algo normalizado y cada vez más feroz. Ser compasivo y solidario cotiza a la baja y puede dar con tus
huesos en la cárcel, por eso cuestionar las turbias acusaciones
policiales y judiciales contra las ONGs es hoy un ejercicio de decencia.
A esto hemos llegado.
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