Comentario: Está más que claro que el Tribunal Supremo está -en lugar de mantenerse al margen que debería ser su obligación- a favor de esos que promueven “el que pueda hacer que haga” según el dicho del “muñeco Luciano” del PP. Pero, lo van a tener crudo, porque EL PUEBLO está con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, como se está viendo en las calles y plazas de toda España, al igual que como reciben a los ultras, en especial a su gran Jefe trumpista Abascal. El futuro de mucha gente (y de una pensión decente para los que levantaron este país) está en juego, y ni las dos extremas derechas insultantes ni los Tribunales de Justicia van a poder expoliar a los españoles de cualquier sitio que no han olvidado la represión franquista que pretende instaurarse de nuevo.
La Sala de lo Contencioso da 5 días a los ministros Bolaños y Albares para que entreguen la lista completa con los nombres de más de 160.000 nuevos nacionalizados. Si no lo hacen antes del 28 de octubre, se enfrentan a responsabilidades penales
El poder judicial no suele hablar con gritos, sino con susurros de papel
oficial. Sin embargo, lo que se ha firmado en la Sala Tercera no es un murmullo
burocrático más, es un cañonazo en toda regla, un golpe sobre la mesa de la alta
magistratura que retumba directamente en los despachos de la Moncloa y del
Palacio de Santa Cruz. A veces la política se reduce a una fecha y a una hora
concreta en la que alguien tiene que sudar frío. Anoten este dato: las tres de
la tarde del próximo 28 de octubre de 2026.
Ese es el minuto exacto en el que vence el plazo perentorio concedido por
el Alto Tribunal para que dos de los hombres más poderosos del Gabinete de
Pedro Sánchez cumplan la ley. Hablamos de Félix Bolaños,
ministro de Presidencia y Justicia, y de José Manuel Albares,
titular de Asuntos Exteriores.
La orden no admite pausas, dilaciones ni excusas de ventanilla: la Abogacía
del Estado tiene que entregar inmediatamente una lista con nombres y apellidos.
La relación nominal y completa de las 163.020 personas nacionalizadas
mediante la célebre Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria
Democrática. O lo que es lo mismo: los beneficiarios de la popularmente
bautizada como Ley de Nietos.
Un ultimátum con nombres, apellidos y
amenaza de cárcel
Si uno lee con detenimiento los dos autos notificados por la Sección de
medidas cautelares de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, descubre que
los jueces han perdido la paciencia. Ya no hay espacio para las buenas palabras
entre instituciones. El texto es de un rigor helado.
Los magistrados exigen que ese padrón de más de 160.000 nuevos ciudadanos
sea enviado de forma simultánea a tres ventanillas clave: a la propia Sala del
Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo
Electoral. ¿Y qué pasa si el Gobierno vuelve a dar largas?
Pues bien, ahí es donde el escrito judicial deja de ser una mera petición
administrativa y se viste con el traje de la investigación penal. La Sala
apercibe de forma explícita a los ministros echando mano del artículo 112 de la
Ley Jurisdiccional. Eso significa dos cosas muy concretas y nada agradables
para un servidor público. Primero, la imposición de multas
coercitivas que salen del bolsillo personal del sancionado, no de
las arcas del Estado. Y segundo, algo mucho peor: deducir testimonio de
particulares y enviar el expediente a la vía penal para exigir responsabilidades por desobediencia.
Imaginemos por un segundo la escena en los servicios jurídicos del Estado.
Un fin de semana de llamadas cruzadas, abogados revisando cada coma y
secretarios de Estado buscando carpetas a contrarreloj. Porque el tiempo en la
justicia vuela, pero cuando hay una amenaza de querella rondando los despachos
de la Moncloa, el reloj corre el doble de rápido.
La batalla por los votos del exilio
Para entender la enorme marejada que se esconde detrás de este pleito hay
que alejarse un poco de la jerga procesal y mirar el mapa de la política real.
Todo esto arranca cuando la Ley de Memoria Democrática abrió la puerta para que
miles de descendientes de españoles que huyeron durante la Guerra Civil o la
dictadura —y también sus familias en América Latina— pudieran solicitar la
nacionalidad.
La intención original de la norma buscaba reparar una deuda histórica.
Nadie lo discute. Pero en la trastienda de los partidos políticos, la
matemática electoral es un animal muy distinto y mucho más calculador.
En cuestión de meses, miles de nuevos electores han entrado de golpe en las
listas del Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).
Un caudal de votos masivo que, en provincias pequeñas y medias de España donde
un diputado se decide por apenas quinientas o mil papeletas, tiene la capacidad
real de volcar el resultado de unas elecciones generales.
Ahí es donde saltaron todas las alarmas en la oposición y en varios
organismos independientes. Fue precisamente la Junta Electoral Central
la que, desbordada por las dudas operativas para aplicar las medidas cautelares
fijadas con anterioridad por el propio Supremo, acudió al Alto Tribunal
pidiendo instrucciones precisas. La respuesta de los jueces ha sido esta
embestida frontal: ni una excusa más, entreguen el listado de inmediato.
La jueza que no quiso firmar el hachazo
Sin embargo, en esta historia de alta tensión constitucional nada es
completamente blanco o negro. La Sala del Supremo que ha firmado estos dos
autos no es un bloque sin fisuras, y ese es un detalle que en el Palacio de la
Moncloa han anotado en rojo.
La Sección está compuesta por seis magistrados. Cinco de ellos votaron a
favor de acorralar al Ejecutivo con la amenaza de las sanciones penales. Pero
hubo una voz disonante. El auto incluye el voto particular de una
magistrada que decidió marcar distancias con sus compañeros de
bancada.
Esta jueza discrepa de la dureza de las medidas. En su voto particular deja
entrever que apretar de esa manera las tuercas a dos ministros de Estado,
amenazándolos casi por la vía rápida con el código penal en la mano por un problema
de tramitación de datos masivos, supone traspasar una línea de prudencia
institucional en el equilibrio de poderes.
Esa pequeña grieta en el frente judicial demuestra hasta qué punto el
asunto es delicado. No es un simple papeleo entre ministerios; es una discusión
profunda sobre dónde acaba la facultad de dirección del Gobierno y dónde
empieza el control implacable de los tribunales sobre el proceso electoral.
Choque final entre poderes
A medida que pasan las horas, la presión se traslada al área de trabajo de
la Abogacía del Estado. ¿Tienen listos esos 163.020 nombres? ¿Se pueden filtrar
datos personales protegidos por leyes de privacidad sin vulnerar otros
derechos, o prima la transparencia del censo público dictada por el Tribunal
Supremo?
El choque entre el Gobierno y la magistratura ha dejado de ser un debate
soterrado para convertirse en una crisis institucional abierta. Si el ministro Félix Bolaños y el ministro José
Manuel Albares ceden y entregan el documento antes del miércoles 28
de octubre a las tres de la tarde, la justicia habrá ganado el pulso y el censo
de la 'Ley de Nietos' quedará expuesto a la lupa de los
partidos y de los jueces.
Si por el contrario el Ejecutivo busca una nueva argucia procesal para
ganar tiempo o se niega a enviar la relación nominal alegando dificultades
técnicas, el Supremo estará ante el abismo de cumplir su promesa: abrir las
diligencias penales contra los miembros del Gabinete.
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