Cuando se mete uno a escribir de algo relacionado con la justicia, lo primero que se le ocurre es como delatar el atragantamiento que los tribunales padecen, que servidor, para no parecer una persona vulgar y si un poco más culta, llama engollipamiento. Ciertamente, los tribunales superiores -y más de uno de Primera Instancia- están engollipados, aunque en ocasiones, caso del Fiscal General, el Tribunal Supremo estuvo más presto de lo habitual. Imagínense por qué. “El que pueda hacer, que haga” que dijo el presidente más ególatra que ha tenido la democracia. Demostrado ahora -una vez más- con la Guerra de Irán.
Creo que lo he dicho
antes alguna vez, pero lo voy a remachar una vez más: después de pasar por la
Audiencia Provincial y por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
tribunales ambos que dieron por válido el don
de la ubicuidad para no dar la razón a un familiar que había demandado al
Ayuntamiento, y ahorrarle al mismo unos 70.000 € (posiblemente influenciados
por un oficial del Juzgado muy amigo del alcalde y de los magistrados que
vieron el caso, que antes de llegar a magistrados habían pasado por “su
Juzgado” como él lo llamaba), mi familiar recurrió al Tribunal Supremo, ya que
su abogado no daba crédito a lo que estaba pasando y pensó que ese Tribunal
Superior vería el caso y se quedaría perplejo de la sentencia de sus compañeros
magistrados extremeños, pero, cosas de la justicia española incomprensibles,
los altos magistrados ni siquiera admitieron a trámite la denuncia. Y sólo cabe
una explicación, presuntamente, claro: los magistrados del Tribunal Supremo que
deberían haber visto el caso puede resultar que fueran amigos de los
magistrados extremeños y habían sido avisados por éstos. Porque dar por bueno
el don de la ubicuidad a dos
personas es difícil de tragárselo sin atragantarse.
En fin, son innumerables
los casos de corrupción de los dos partidos principales del abanico político
español en los que los tribunales aparecen engollipados, sobre todo si los
casos afectan al Partido Popular (Gürtel, por ejemplo), sin olvidar el caso del
Sr. Puyol que va ya para 20 años si mal no recuerdo. Y, actualmente, se rumorea
que el caso del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha caído
en un tribunal que está, al parecer, también un “poquito” atorado, con lo que
habrá que esperar quizás más de un año para que vea el asunto, y, vaya Vd. a
saber, cuando dará la sentencia… que, evidentemente, será recurrible, con lo
que vamos para rato hasta la definitiva.
Pero, entre tantos casos
de corrupción política (que convierten el país en un Estado de corrupción
sistémica), a un servidor le ha llamado la atención un poquitín más de la
cuenta el llamado “caso Montoro”, que, aunque dada la gravedad del mismo,
debería influir en los resultados electorales de última hora en Extremadura y
Aragón, da la impresión de que Orwell tenía razón cuando señaló que los casos
de corrupción que afectan al partido de cada uno no tienen trascendencia, sobre
todo en España en el Partido Popular, que en este caso tiene a dos peces
gordos, Aznar y Rajoy, mezclados o quizás, ya veremos, sino enfangados de
arriba abajo, puesto que la presunta trama salpica a altos cargos de sus
gobiernos.
A continuación, voy a
tratar, lo más resumida que pueda, la trama, según lo explicó en julio del
pasado año una Sra. que se llama Rocío
Gil Grande:
Montoro, imputado, habría
beneficiado a empresas gasistas mediante reformas legislativas en su etapa de
ministro.
El
juez pone el foco en Equipo Económico,
el despacho de abogados del que Montoro fue fundador.
La imputación del exministro Cristóbal Montoro y el
levantamiento del secreto de sumario de la causa que investiga un juzgado de
Tarragona ha revelado la existencia de una presunta trama corrupta en las más
altas instancias del Ministerio de Hacienda del Gobierno
'popular' de Mariano Rajoy, con el fin de beneficiar a empresas
gasistas mediante reformas legislativas a cambio de importantes
comisiones. El juez sitúa a Montoro como el eje central, pero
hay múltiples ex altos cargos del Gobierno y la
Administración nombrados por él, y también con relevancia en la etapa de José
María Aznar, que habrían ostentado un papel "decisivo" en todo el
caso. El instrumento de la trama era un despacho de abogados creado por el
exministro, Equipo Económico, a
quien pagaban las empresas beneficiadas.
Las actuaciones judiciales se
iniciaron a raíz del hallazgo casual de un correo electrónico en el
que se ponía de manifiesto la existencia de posibles pagos a Equipo Económico (EE) "a fin de
obtener modificaciones legislativas favorables" para empresas gasistas.
Esto llevó al juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona a incoar diligencias
previas y a decretar secreto de las actuaciones en 2018, hasta ahora.
Las investigaciones se han
centrado en las empresas Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos
Metálicos, todas ellas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases
Industriales y Medicinales (AFGIM), que era quien contrató a EE "a fin de que hiciese uso de
su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas
legislativas en consonancia con sus pretensiones". La AFGIM contrató a Equipo Económico en dos
ocasiones después de haber intentado, sin éxito, "conseguir que se
legisle en base a sus intereses". "En poco tiempo, y sin causa
aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las
peticiones de la AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo
ello mediante el pago de importantes desembolsos", expone el juez.
La trama logró dos importantes
rebajas fiscales. La primera en 2013, cuando consiguieron una rebaja en el
Impuesto Especial sobre la Electricidad; la segunda, en 2018, cuando lograron
una rebaja fiscal a las empresas gasistas en el Impuestos sobre
Actividades Económicas (IAE) a través de la modificación de un real
decreto legislativo.
En los propios correos
intervenidos se llega a decir que "la vía más directa, como siempre,
es pagar a este EE, que tiene
contacto directo" con el Ministerio de Montoro. La apariencia es que se contrata a EE para que elabore un informe técnico sobre sus
pretensiones. Paralelamente, la AEGIM contrata a la consultora Ernest &Young
(EY) para realizar los retoques técnicos necesarios en el informe de EE y para "ocultar" su
"falta de consistencia". El juez subraya además que hay una
"abrumadora diferencia" entre el pago que se hace a EE y el que se hace a la consultora EY.
El auto va más allá e indica que, en ambo casos, la AEGIM redactó parte de
los textos legislativos que acabaron finalmente aprobados y que les
beneficiaron, "dando lugar a una situación que podría calificarse como
de sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades
normativas en la fase pre legislativa de la elaboración de la ley, así
como de su reglamento de desarrollo". Así, las empresas gasistas
colaboraron "activamente" en la redacción del proyecto que dio origen
a la Ley 28/2014 y posteriormente a la Ley 6/2018, interviniendo la AFGIM en el
desarrollo reglamentario de las mismas, como así se desprende de los correos
intervenidos". El juez destaca además que, en ambos casos, las
empresas imputadas consiguen sus pretensiones de forma inmediata tras la
intervención de EE.
Continuará.
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