Comenzamos esta segunda parte -que igual es la última, depende- con ¿cuánto cobró el despacho fundado por Montoro?
En el periodo entre 2011 y 2019, según el modelo 347
presentado por el despacho de abogados, los pagos recibidos por las empresas
gasistas implicadas ascienden a 779.705 euros,
"teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la
finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados
por terceras instancias y, en el mejor de los casos, retocados por EE, a pesar de ello las minutas del
despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras
que confeccionan los informes".
EE recibió "numerosos y cuantiosos pagos" de
Codere, incluso "anteriores a la entrada del PP en el Gobierno". Se
detectaron hasta cinco pagos por un total de 679.000 euros entre 2008 y
2012. "Lo interesante de estos pagos obedece tanto a lo publicado en diferentes
medios sobre la relación de Codere con Equipo
Económico y los cambios legislativos que beneficiaron a la primera, como a
la vinculación del exministro (de Justicia) Rafael Catalá con la multinacional
del juego", apunta el sumario. El papel de Montoro es clave. Ministro
de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy
(2011-2018), fue también socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta 2008. En su
segunda etapa como ministro de Hacienda fue cuando se tramitaron las normas de
referencia que beneficiaron a las empresas implicadas, "ejerciendo las más
altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación".
El auto informa de que habría
hecho uso "de las potestades que le corresponden en la iniciativa
legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una
ganancia al despacho EE". El
uso de tales potestades, prosigue el auto, habría permitido a Equipo Económico
ofrecer a las empresas "reformas que beneficiasen sus intereses
económicos, en menoscabo del sector público".
El juez constata que Montoro
nombró entre sus altos cargos a personas "estrechamente vinculadas"
con el despacho EE, lo que
"aseguraría" que las normas se redactasen "a demanda" de
las empresas investigadas tras aceptar pagos por ello. "Así, los
nombramientos efectuados por Montoro permiten que el control de los órganos con
competencias decisivas en la tramitación de las normas de referencia quedase
vinculado al despacho".
De los 28 imputados, siete
fueron nombrados directamente por el exministro en las más altas
instancias del Gobierno y de la Administración del Estado que ocuparon un papel
"decisivo", según el juez:
· Miguel Ferre
Navarrete, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016.
· Pilar
Platero Sanz, subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y
2016. Fue, además, consejera y administradora de Equipo Económico.
· Felipe
Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública desde 2016. Rico fue
persona "de máxima confianza" de Montoro, llegando a ser previamente
director de su Gabinete.
· Diego
Martín-Abril Calvo, director general de Tributos entre 2012 y 2016.
· José Alberto
García Valera, director general de Tributos entre 2016 y 2018. Se da la
circunstancia de que, en 2018, pasó a ser socio de Ernest and Young.
· José María
Buenaventura Zabala, director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda.
· Santiago
Menéndez Menéndez, director general de la AEAT entre 2013 y 2018.
Además, hay otros dos implicados
en la Administración del Estado estrechamente relacionados con Montoro, aunque
no nombrados por él: Óscar del Amo Galán, subdirector general de Tributos
Locales; y Rogelio Menéndez Menéndez, director económico financiero de
Loterías y Apuestas del Estado. Ambos han sido destituidos por el Ministerio de
Hacienda tras hacerse pública la investigación.
Pero la causa afecta también a
los "socios y administradores de derecho" de Equipo Económico que, antes de pasar al
sector privado, habían tenido responsabilidades previas en el Gobierno de
Aznar y habrían usado "sus influencias" en el Ministerio de
Hacienda para beneficiar a las empresas. Entre ellos está Ricardo Martínez
Rico, hermano de Felipe Martínez Rico y presidente ejecutivo de EE desde 2008.
En el pasado había ocupado cargos hasta en tres ministerios del gobierno
de Aznar (Comercio, Economía y Hacienda) y también ejerció de secretario
de Estado de Presupuestos y Gastos. También Salvador Mariano Ruiz,
director general de la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004; y el que fuera
director de su gabinete en esa época, Manuel de Vicente. Igualmente,
está imputado Francisco de Asís Piedras, ex director general del Gabinete
Técnico en el Ministerio de Hacienda.
El juez también pone el foco
en Covadonga Gómez, trabajadora en el departamento de administración
de EE que, entre 2009 y
2017, recibía ingresos de las empresas del resto de socios. "Los
correos intervenidos ponen de manifiesto que sería la persona encargada de
realizar la facturación de la sociedad y reclamar su pago". El juez apunta
a su papel como "apoderada o representante en prácticamente todas las
empresas presuntamente instrumentales vinculadas a los socios del despacho
EE". Además, subraya que
percibió retribuciones dinerarias de todas esas empresas y dice que, algunas de
las sociedades presuntamente instrumentales creadas por los socios de Equipo Económico se habían domiciliado
"bien en el domicilio en que ejerce su labor profesional" o, incluso,
"en su domicilio personal".
Además, están imputadas como
personas jurídicas las empresas beneficiadas y sus representantes legales.
El juez considera que los hechos
investigados podrían ser constitutivos de siete presuntos delitos:
cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de
influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad
documental.
Por su parte, Equipo Económico ha remitido un
comunicado negando "de forma tajante y rotunda" haber pertenecido a
ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas
favorables a empresas gasistas. Y recuerda que Montoro dejó el despacho a
principios de 2008, tras lo que ha permanecido, dice, completamente
desvinculado de la firma.
En fin, aquí está lo que hay.
Esperemos que con el Sr. Montoro no nos ocurra como con aquello de M. Rajoy en
las “cuentas” del Partido Popular. Y desde luego, esta es demasiado gorda para
que a los Tribunales Superiores les siga aquejando eso del engollipamiento.
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