14/03/2025
Con lo fácil que habría sido: primero, la emisión del documental 7.291, de Juanjo Castro, en La 2 de TVE
sobre las muertes de personas mayores en las residencias de la Comunidad de
Madrid y, después, una entrevista a la
presidenta de esa Autonomía, Isabel Díaz Ayuso, para dar su versión,
ya que, según ella, lo que se cuenta en el documental que vimos en la noche del
jueves 13 de marzo es falso y fruto de la maldad satánica de la izquierda
española.
Qué importante ha sido la determinación de las familias de las víctimas y
el periodismo de investigación -particularmente, de Manuel Rico en Infolibre y en su libro ¡Vergüenza! El escándalo
de las residencias (Planeta)- en esta tragedia de las muertes
en las residencias mediante la aplicación de un protocolo
de triaje político para decidir quién se salvaba y quién no de los mayores
internados, una decisión exclusiva -y no médica- de la Comunidad de
Madrid, que no aplicó ningún otro territorio en toda España. Por eso, el caso
es tan particular y presuntamente delictivo; porque por una decisión política del Gobierno madrileño, los y las
mayores con una dependencia determinada -falta de orientación,
movilidad reducida, memoria degenerativa,..., ni siquiera tenían que ver con el
covid- fueron discriminadas para quedarse encerradas en sus residencias sin ser
derivadas a hospitales, algo que sí hicieron, por cierto, con quienes tenían un
seguro privado. Otra discriminación.
7.291 de esos residentes discriminados de forma presuntamente delictiva,
por criterios políticos, murieron durante la primera ola de la pandemia; son datos oficiales proporcionados por la Comunidad de Madrid
a Infolibre y a través del Portal de Transparencia,
por mucho que Ayuso nos haya hecho llegar a los medios un vídeo enlatado
contándonos que ahora, cinco años después del inicio de la pandemia, ya
no son 7.291 muertos/as en 475 residencias madrileñas, sino 4.100.
Como si un solo muerto por un criterio político discriminatorio no fuera
suficiente razón para investigar, denunciar y judicializar, en su caso, que los
hay...
Al enterarse de la emisión del documental en La 2 de TVE en la noche del jueves 13 de
marzo, es posible que la presidenta madrileña haya entrado en pánico,
lo cual le ha llevado a una actitud errática en todos los sentidos: autoritaria
y comunicativa. Ayuso ha pedido a TVE que emitiese su vídeo enlatado junto al
documental, como si los medios fueran meros transmisores de órdenes políticas y
cuando Televisión Española le había pedido -del mismo modo que, durante
su elaboración, el director del documental 7.291, Juanjo Castro-
una entrevista o, al menos, participar en el debate que tuvo
lugar en el mismo canal y en el 24 Horas con
portavoces de los partidos políticos representados en la Asamblea madrileña,
incluido el PP.
¿Por qué no aceptó la entrevista la presidenta madrileña si dice
tener la razón sobre la falsedad que denuncia del contenido del documental y
puede rebatir sus datos? ¿Por qué no acudió, tampoco, al debate si
TVE le dio todas las facilidades para hacerlo, incluso si, como recogía su
agenda, estaba fuera de España? ¿Por qué ahora son 4.100 muertos/as sin su
derecho a asistencia sanitaria y hace cinco años eran 7.291, según la respuesta
que se dio al Portal de Transparencia? "Siempre con las mismas
mierdas" de siempre, diría Ayuso, pero la causa de este presunto delito de
discriminación, por lo menos, no está prescrita y ya hay algunas denuncias
judicializadas. Quizás el pánico de la presidenta venga por ahí e,
insisto, qué importante la dolorosa perserverancia
de las familias y el periodismo. Vean 7.291 si no han podido, está en RTVE Play.
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