La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto un debate judicial, político y moral. Lo judicial seguirá su curso. Lo político ya ha quedado bastante claro. Y lo moral, en España, hace años que cotiza a la baja
Conviene empezar por una obviedad que aquí siempre estropea alguna
consigna: una imputación no equivale a una condena. Que un expresidente haya
sido citado como investigado no prueba su culpabilidad. Prueba, eso sí, que un
juez considera que hay indicios suficientes para sentarlo ante la Justicia y
obligarlo a dar explicaciones. No es poco. Pero tampoco es la sentencia final
que tantos redactan con la alegría procesal de quien confunde una toga con una
porra.
Ahora bien, dicho eso, la cuestión política de fondo no desaparece. Al
contrario: se vuelve más interesante. Porque el caso no sólo plantea qué hizo o
no hizo Zapatero, qué favores movió, qué puertas abrió o qué cobros pudieron
estar asociados a esa red de influencias. Plantea también otras preguntas,
bastante más incómodas para el sistema: por qué unas conductas se
convierten en escándalo nacional irreversible cuando afectan a la izquierda y
otras merecen para la derecha una indulgencia casi administrativa, como si todo
fueran molestias del tráfico institucional y también, qué se ha dado o
prometido a cambio de los dossieres americanos contra Zapatero.
Aquí es donde aparece el gran teatro español. Si una investigación de este
calibre, nutrida en parte por material llegado desde el exterior, hubiera
puesto en el foco a un expresidente de la derecha, buena parte de ecosistema
mediático estaría hablando de captura del Estado, connivencia internacional,
interferencias intolerables y delitos contra el interés nacional. Y no les
faltaría retórica, que para eso vamos sobrados de patriotas de alquiler.
La hipocresía, por desgracia, no es patrimonio de un solo bando. La derecha
mediática y política lleva años explotando la idea de que la corrupción ajena
es una prueba de decadencia nacional, mientras la propia suele presentarse como
error administrativo, exceso de confianza o simple mala compañía. Una especie
de milagro ideológico: si lo hacen los otros, es una trama; si lo hacen los
tuyos, es una distracción. España, ese país donde la moral pública cambia de
código postal según quién firme la factura.
Y luego está el otro elefante en la sala: la confianza en la Justicia. O,
para ser más exactos, la confianza limitada, intermitente y selectiva en la
Justicia. Hay una percepción muy extendida, de que una parte relevante del
aparato judicial español actúa con sesgos conservadores profundos, herencias
corporativas resistentes al paso del tiempo y una severidad no siempre
repartida de manera homogénea; sobre todo si eres de izquierdas o
independentista. Esa percepción no surge de la nada ni de una simple rabieta
ideológica. Se alimenta de décadas de decisiones discutidas, ritmos procesales
asombrosamente desiguales, entusiasmos cautelares muy variables y una cierta
familiaridad entre poder judicial, poder mediático y cultura política ultra-conservadora.
Afirmar que existe esa percepción, e incluso que hay elementos históricos
para tomársela en serio, es un antecedente, afirmar como hecho probado que toda
decisión contra un dirigente de izquierdas responde a una conjura del “estado
profundo” es otra muy distinta. Y además es intelectualmente perezoso. Porque
convierte cualquier investigación en un dogma previo: si afecta a los míos, es
persecución; si afecta a los otros, es justicia poética. Es el mismo tribalismo
que criticamos, solo que con mejor vocabulario; pero eso de la vinculación con
la derecha dura de nuestro poder judicial, como las meigas, haberlas, hailas.
La posición seria, aunque menos cómoda para el fanatismo de sobremesa, es
más exigente: ni santificar automáticamente al juez, ni
absolver automáticamente al investigado porque encaja en nuestro mapa
sentimental. Se puede sospechar del sesgo estructural del sistema y,
al mismo tiempo, exigir explicaciones durísimas a un expresidente cuando
aparece en una causa de tráfico de influencias, sociedades instrumentales,
flujos opacos y contactos de alto nivel. De hecho, esa es la única posición
adulta. Todo lo demás es propaganda con aspiraciones de catecismo. Y las mismas
explicaciones deben ser exigidas para los expresidentes anteriores, que su
conducta habitual no ha desentonado de lo que se reprocha a Zapatero.
Pero la cuestión de fondo importante sigue intacta: ¿a cambio de qué? Si hubo gestiones, si hubo
mediación, si hubo influencia, si hubo cobros, si hubo estructuras pensadas
para separar el favor del beneficiario final, la cuestión central no es sólo
penal. Es institucional. ¿A cambio de qué se pone el prestigio de una expresidencia
al servicio de intereses privados? ¿A cambio de qué se normaliza que el poder
retirado siga operando como oficina de contactos premium? ¿A cambio de qué se
espera que la ciudadanía no vea en todo esto algo más que una “actividad
privada” bastante bien conectada? Y porqué Zapatero sí y los otros
expresidentes no.
Porque tengámoslo claro: ¿se habría reaccionado igual si
el apellido investigado fuese otro? La respuesta, sinceramente,
parece obvia. No. Habríamos visto otro vocabulario, otras urgencias morales,
otros editorialistas inflamados y otros patriotas de plató descubriendo de
pronto la soberanía nacional. En España no cambia tanto el amor a la justicia
como el reparto de los adjetivos.
Zapatero tiene derecho a defenderse. Faltaría más. Pero el país también
tiene derecho a no tragarse el viejo menú de siempre: presunción de inocencia
para los propios, presunción de culpabilidad para los adversarios y presunción
de pureza para unas instituciones, como la Justicia, que llevan demasiado
tiempo reclamando confianza automática mientras administran méritos desiguales
para merecerla. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: Qué ha cobrado o qué se le ha prometido al que ha generado y
enviado esos dossieres con los que se imputa a Zapatero. Porque
en el mundo internacional nadie da nada por nada.
Eso quizá sea lo más revelador del caso. No sólo es lo que pueda acabar
acreditándose sobre Zapatero, sino es el espejo que vuelve a colocar la
realidad delante del sistema. Un espejo cruel, sí, pero merecido. En él aparece
una democracia donde una justicia con muchos grises, se invoca con fervor
cuando castiga al rival, se cuestiona cuando roza al aliado y se idealiza o se
denigra según convenga al turno de palabra. Aunque sea a costa de traicionar a
la idea del estado y a los propios ciudadanos.
Muy institucional todo. Muy edificante. Muy español.
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