EL ATRACO AL SALARIO
DIFERIDO: PRIVATIZACIÓN, MENTIRAS Y PRECARIEDAD EN EL SISTEMA DE PENSIONES
El ataque sistemático contra el sistema público de pensiones en España
representa la última gran frontera del saqueo financiero contra la mayoría
social. Las pensiones no son una limosna del Estado, ni un subsidio, ni un
gasto social que dependa de la buena voluntad del gobierno de turno. Son
salario diferido: dinero que la clase trabajadora ha acumulado fruto de su
esfuerzo durante décadas de explotación y que le pertenece por derecho
legítimo. Sin embargo, el capital financiero ha puesto sus ojos en esa
gigantesca tarta de recursos públicos, iniciando una ofensiva para
mercantilizar la vejez de nuestro pueblo.
La estrategia para desmantelar este pilar de la solidaridad
intergeneracional sigue el mismo guion utilizado en la sanidad o la vivienda:
la asfixia inducida acompañada de una campaña del terror mediático. Los bancos,
las aseguradoras y sus altavoces en la prensa generalista bombardean
diariamente a la población con el falso mantra de que "el sistema público
es insostenible" debido al envejecimiento demográfico. Es una mentira
calculada. El sistema no sufre un problema de demografía, sino de reparto de la
riqueza. Mientras los beneficios empresariales del Ibex 35 baten récords
históricos, las cotizaciones sociales se mantienen bajas debido a los salarios
de miseria y a las bonificaciones fiscales otorgadas a la patronal.
Las sucesivas reformas laborales y de pensiones de los últimos años han
sido el instrumento legal para perpetrar este atraco. Al retrasar de forma
progresiva la edad de jubilación, el sistema busca que la clase obrera trabaje
hasta el desgaste físico extremo, reduciendo los años de cobro real de la
pensión. Además, las últimas modificaciones normativas han abierto de par en
par la puerta a los llamados "planes de pensiones de empresa",
privatizando por la puerta de atrás la gestión del ahorro obrero a través de
fondos de inversión, descapitalizando la Seguridad Social y rompiendo la caja
única.
El impacto de estas políticas se traduce en una precariedad feroz que
castiga doblemente a los sectores más vulnerables. La generalización de los
contratos temporales, las jornadas parciales y el desempleo estructural
cronifican la existencia de futuras pensiones de miseria. Esta realidad golpea
con especial crueldad a las mujeres trabajadoras, víctimas de la brecha
salarial y de la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados. Hoy en día,
miles de pensionistas se ven obligados a elegir entre comer tres veces al día,
comprar los medicamentos que necesitan o encender la calefacción durante el
invierno. Condenar a la pobreza a quienes lo han construido todo es una forma
de violencia institucional.
Frente a la voracidad de la banca y las aseguradoras, no caben medidas
cosméticas ni pactos de Toledo que solo sirven para retrasar el desastre. La
dignidad de nuestros mayores exige una respuesta de ruptura. Es imprescindible
blindar las pensiones públicas y garantizar por ley que ninguna pensión
contributiva ni no contributiva esté por debajo del salario mínimo de
subsistencia. El sistema debe financiarse, si es necesario, mediante una
reforma fiscal profunda que grave directamente los beneficios de las
multinacionales y de la banca rescatada. Hay que prohibir las deducciones
fiscales a los planes privados y unificar las luchas en los barrios y centros
de trabajo. La jubilación debe ser el derecho a un descanso digno, no el último
negocio del capitalismo a costa de nuestras vidas.
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