Comentario: ¡Andando! El muerto al hoyo y el vivo a seguir disfrutando su “bollo”. ¡¡¡Qué vergüenza para los madrileños!!!
La declaración de Carlos Mur desmonta la versión oficial y sitúa en el centro de la responsabilidad política al Ejecutivo madrileño por dejar morir a miles de mayores sin atención hospitalaria
La causa judicial por las muertes en las residencias madrileñas durante la
primera ola de la pandemia ha entrado en una fase decisiva. Y lo ha hecho de la
forma más incómoda posible para el Gobierno de la Comunidad de Madrid: el propio firmante de los protocolos que bloquearon el acceso de miles de mayores a
los hospitales ha señalado directamente a la cúpula sanitaria
del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. No a un error técnico, no a una
mala interpretación, no al colapso inevitable del sistema, sino a una decisión política conocida, sostenida y no rectificada.
Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, imputado por
la presunta discriminación de personas mayores en las residencias, ha declarado
ante una jueza que el entonces consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sabía que la medicalización
de las residencias no funcionaba. Y lo sabía cuándo ya estaban
muriendo personas sin atención hospitalaria.
El correo que desmiente años de propaganda
El núcleo de la declaración es demoledor. Mur ha confirmado que el 20 de
marzo de 2020 envió un correo electrónico a varios altos cargos del Gobierno
regional —entre ellos Escudero— alertando de que el plan para tratar a los
enfermos en las residencias “no era factible”.
No era una duda técnica: era una advertencia explícita de consecuencias
mortales. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número
importante de fallecimientos evitables”, escribió.
Ese mensaje dinamita el relato sostenido durante años por el Ejecutivo de
Ayuso. Si el Gobierno sabía que el plan no funcionaba y no lo corrigió,
la responsabilidad deja de ser administrativa y pasa a ser política.
Los protocolos no fueron un accidente: fueron una elección mantenida incluso
cuando se conocía su fracaso.
Protocolos discriminatorios con firma
política
Los llamados protocolos de triaje limitaron de forma drástica las
derivaciones hospitalarias desde las residencias, introduciendo criterios que
excluían a personas por su grado de dependencia, discapacidad o deterioro
cognitivo. Miles de mayores quedaron atrapados en centros sin recursos médicos
suficientes mientras hospitales privados permanecían disponibles y el hospital
de campaña de Ifema apenas recibió residentes.
Mur ha intentado descargar parte de la responsabilidad afirmando que él no
redactó los protocolos, sino que fueron elaborados por geriatras colaboradores,
entre ellos Francisco Javier Martínez Peromingo.
Pero esa defensa no borra el hecho esencial: él los firmó y los envió, y lo
hizo como parte de una cadena de mando que dependía directamente de la
Consejería de Sanidad.
La jueza ha insistido en una cuestión clave: cómo es posible firmar un
documento con efectos letales alegando que no se está de acuerdo con su
contenido. Esa pregunta resume el corazón del caso: los protocolos se aplicaron porque el Gobierno de la Comunidad de
Madrid decidió aplicarlos.
El fracaso de la medicalización como
coartada
Durante lo peor de la pandemia, el Ejecutivo de Ayuso defendió que las
residencias estaban siendo medicalizadas y que, por tanto, podían asumir la
atención de los enfermos. Mur ha reconocido ahora que esa medicalización nunca fue real. Los refuerzos no llegaron, los medios
no existían y, aun así, se mantuvo la orden de no derivar.
Este reconocimiento es clave porque desmonta la coartada central del
Gobierno regional: si las residencias no estaban
medicalizadas, impedir el traslado a hospitales equivale a negar asistencia
sanitaria. No fue un fallo del sistema, fue una política activa de
contención hospitalaria a costa de los más vulnerables.
Ayuso y su Gobierno, en el centro del foco
Aunque Isabel Díaz Ayuso no está
imputada, la declaración de Mur vuelve a situar a su Gobierno en el epicentro
de la tragedia. Las asociaciones de familiares consideran que existen ya
elementos suficientes para investigar responsabilidades políticas de alto
nivel, incluidas las de la entonces viceconsejera y actual consejera de
Sanidad, Ana Dávila.
El hecho de que Escudero sea hoy senador y esté aforado no borra los hechos
ni el sufrimiento. La justicia avanza lentamente,
pero la verdad judicial empieza a converger con lo que las familias llevan años
denunciando: que sus padres y madres no murieron solo por un virus,
sino por decisiones políticas que los dejaron sin auxilio.
Una herida que no se cierra
A las puertas de los juzgados siguen concentrándose los familiares con
fotografías, nombres y fechas. No piden revancha, piden justicia. La
declaración de Carlos Mur no es una exculpación: es una confesión indirecta de
que los protocolos no fueron un error aislado, sino parte de una estrategia
asumida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Los protocolos de las residencias ya no pueden presentarse como un
documento técnico mal entendido. Fueron una política pública que
discriminó, abandonó y dejó morir. Y, por primera vez, quien los
firmó ha señalado hacia arriba. Hacia el poder. Hacia el Gobierno de Ayuso.
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