La detención del diputado de Podemos Serigne Mbaye, grabada en vídeo, recuerda a los casos de abuso policial registrados en Estados Unidos
Podemos ha denunciado la detención ilegal de su exdiputado en la Asamblea
de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye. Según
la formación morada, ha sido una “redada racista propia del ICE” (el
grupo paramilitar que siembra el pánico en Estados Unidos). Mientras Mbaye
denuncia que los agentes lo identificaron solo porque es de color y porque
quieren apartarlo de la vida política, hay motivos para pensar que las
prácticas trumpistas y la violencia racial están llegando peligrosamente a las
comisarías de la Policía española.
La detención de Mbayé ha encendido un debate que llevaba años latente en
España: hasta qué punto los cuerpos policiales reproducen dinámicas de
discriminación racial que recuerdan a las prácticas del ICE estadounidense,
famoso por sus redadas selectivas, sus detenciones arbitrarias y su enfoque
xenófobo hacia la población migrante. El caso Mbayé, por su simbolismo y por la
secuencia de hechos que lo rodea, ha actuado como catalizador de una discusión
más amplia sobre racismo institucional, derechos civiles y el papel del Estado
en la gestión de la diversidad.
Serigne Mbayé, diputado autonómico y figura destacada del movimiento antirracista, fue detenido en Madrid tras un
requerimiento policial de identificación. Según su versión, mostró su
documentación y aun así fue esposado y trasladado a dependencias policiales.
Según la versión policial, se negó a identificarse. La contradicción entre
ambas narrativas no ha hecho sino intensificar la polémica. Lo que sí es
indiscutible es el contexto: Mbayé es un hombre negro,
activista contra el racismo policial y representante público. Su
detención no puede desligarse de ese marco. Para muchos colectivos sociales, el
episodio encaja en un patrón conocido: controles basados en perfiles raciales,
trato diferenciado y una presunción de sospecha que recae sistemáticamente
sobre personas racializadas.
Comparar a la Policía española con el ICE puede parecer, a primera vista,
una hipérbole. El ICE opera en un país con un sistema
migratorio mucho más agresivo, con competencias amplísimas y con un historial
de abusos documentados. Sin embargo, el paralelismo no surge de la
nada. Lo que se señala no es una equivalencia absoluta, sino una deriva
preocupante. Tres elementos alimentan esa comparación: primero, el uso del
perfil racial como criterio operativo. Las organizaciones de derechos
humanos llevan más de una década documentando controles policiales basados
en la apariencia física. Informes de Amnistía Internacional, SOS
Racismo o Rights International Spain han señalado que personas negras, árabes o
latinoamericanas sufren identificaciones desproporcionadas. El ICE ha sido
criticado por los mismos hechos: detener primero y preguntar después, siempre
sobre los mismos cuerpos.
En segundo lugar, en Estados Unidos el ICE ha construido un imaginario
donde la figura del migrante (especialmente si es
latino o afrodescendiente) se asocia a la ilegalidad. En
España, aunque el discurso es menos explícito, la práctica policial reproduce a
veces esa lógica: la extranjería como sospecha, la negritud como indicio, la
pobreza como amenaza.
Y en tercer término, la falta de mecanismos de control efectivos. Tanto en
el caso del ICE como en el de la Policía española, las denuncias por discriminación rara vez prosperan. La
ausencia de estadísticas oficiales sobre controles policiales, la dificultad
para probar un perfil racial y la tendencia a cerrar filas dentro de los
cuerpos de seguridad generan una sensación de impunidad.
La detención de un diputado no es un incidente menor. Revela que ni
siquiera la visibilidad pública protege frente a prácticas policiales que
muchos ciudadanos racializados denuncian desde hace años. Si esto ocurre con un
representante electo, ¿qué sucede con quienes no tienen altavoz, recursos o
redes de apoyo? El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería
tomar cartas en el asunto. Una investigación de asuntos internos se impone,
sobre todo teniendo en cuenta que la detención fue grabada en vídeo y se
aprecian prácticas policiales presuntamente abusivas.
El caso también expone una tensión profunda: mientras España se presenta como un país diverso, moderno y
comprometido con los derechos humanos, persisten dinámicas
heredadas de un modelo policial poco adaptado a esa realidad multicultural. La
formación en diversidad es escasa, los protocolos son ambiguos y la cultura
interna de los cuerpos policiales sigue siendo, en muchos aspectos, homogénea y
resistente al cambio.
La detención de Mbayé ha generado reacciones políticas inmediatas. Podemos
y otros grupos progresistas han denunciado racismo institucional. Desde
sectores conservadores se ha acusado a la izquierda de “politizar” un
procedimiento policial. El paralelismo con el ICE funciona como advertencia. No
se trata de afirmar que España haya llegado al nivel de Estados Unidos, sino de
señalar que ciertos patrones (si no se corrigen) pueden consolidarse. La
historia demuestra que las prácticas discriminatorias no aparecen de un día
para otro: se normalizan poco a poco, se justifican como “protocolos”, se invisibilizan
bajo la retórica de la seguridad.
El caso Mbayé obliga a mirar de frente ese riesgo. Obliga a preguntarse por
qué un hombre negro es detenido en circunstancias que difícilmente se
aplicarían a un diputado blanco. Obliga a revisar protocolos, a exigir
transparencia y a repensar el papel de la policía en una sociedad plural.
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