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domingo, 30 de noviembre de 2025

29/11/2025 - ¿QUÉ FUE DE CRISTÓBAL MONTORO?

ANIBAL MALVAR 29/11/2025

Periodista

Es cruel el mundo de la fama. Un día estás en lo más alto y al siguiente solo eres una mano de Carrie intentando resurgir desde el barro sepulcral. En muchos periódicos existe una sección no confesa, pero casi cotidiana, bajo el título ¿Qué fue de…?. Suelen ser pequeñas piezas de vocación iliteraria y morbosa que escarban en las miserias de aquellos que fueron populares hace tiempo y hoy han caído en el olvido, en la ruina o en el descrédito, o en las tres desgracias a la vez. Si los han encontrado tiesos y anónimos en un portal suburbial de innegable mala muerte, incluso podrán disfrutar de 15 minutos de gloria póstuma, con los magazines matutinos retransmitiendo el solitario funeral bajo el orballo.

El ¿Qué fue de…? es un género periodístico triste y desesperanzador, como tantos otros. Un memento mori salido de los labios sádicos del couché. Una golondrina mortífera de Ramón Gómez de la Serna o de Bécquer, pero con verso y prosa de saldo.

En dos siglos de profesión había conseguido no escribir jamás un ¿Qué fue de...? Pero la rabiosa actualidad me obliga a romper mi impecable trayectoria y redactar este ¿Qué fue de Cristóbal Montoro? Porque con tan ilustre caballero se está cometiendo muy grave injusticia.

Mientras Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Álvaro García Ortiz, Alberto Loveayuso, Begoña Gómez y David Sánchez acaparan focos, nombradías y portadas, Montoro permanece ignorado entre la omertà y el ostracismo de medios y debates políticos. Es incomprensible, después de tantos merecimientos. Montoro es un Sinatra y los demás no pasan de bisbales, según mi modesto entender. Algunos hasta parecen inocentes, delincuentes impostados, honrados suplantadores. Qué fiasco de estrellas del mainstream judicial.

Ahora que en los juzgados de Gotham compiten PSOE y PP, Batman y Joker, en su incansable, conjunta y heroica lucha por salvaguardar la corruptibilidad endémica del bipartidismo español, es imperdonable arrumbar a un personaje tan sofisticado como Cristóbal Montoro en las cunetas de la indiferencia mediática y popular.

Conocemos nacionalidad e intimidades de las mujeres a las que explotaban sexualmente Ábalos y Koldo; que los tenorios de Chamberí necesitan un dúplex para mejorar el salto del tigre; las tallas de ropa que compró la mujer del presidente en Woman Secret junto a su amiga y asistente oficial; en el colmo del reality-show, hemos contemplado a Koldo García doblando sus calzoncillos en presencia de Eduardo Inda. El salvaje contenido homoerótico no fue óbice para que la escena se emitiera en horario infantil.

Si me dan a elegir entre Montoro y estos planchadores de calzoncillos de escaso charme, yo me quedo con Montoro. Él nunca expondría su ropa interior ante el huelebraguetas de Inda, y menos si la muda fuera limpia.

Montoro no es un simple ministro (presuntamente) corrupto, como el pepero vulgaris. Es también un (presunto) corruptor de gobiernos enteros. Ser corruptible y corruptor al mismo tiempo abre un gran abanico de ventajas tanto operativas como reputacionales, como ya han demostrado eruditos doctos en la materia, cual el muy ilustre emérito Juan Carlos de Borbón.

Quien fue ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, vendía decisiones gubernamentales a multinacionales privadas. Según el auto judicial, empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales pagaban al bufete de Montoro para que el Consejo de ministros aprobara rebajas fiscales a la carta. Comprar a todo un consejo de ministros y que no parezca un soborno: eso sí que es poesía. Y sin doblar calzoncillos, manifiesta vulgaridad.

El ninguneo mediático a Montoro no es un caso aislado. El también ex ministro Jorge Fernández Díaz sufre el mismo desdén informativo. Y eso que tiene pendientes 15 años de cárcel por liderar un complot gubernamental para difamar a candidatos y mancillar la pureza de las elecciones. Diseñó una maquinaria golpista tan refinada que sedujo la complicidad de jueces, policías y periodistas. Pero tan bello atentado contra la democracia tampoco ha obtenido la exaltación periodística, judicial, tertuliana y literaria que se merece. Yo no sé si será la envidia española. O si existe un contubernio judeomasónico para ocultarnos las hazañas de dos de los más eximios héroes de nuestra modélica corrupción. Más Montoro y menos Koldo, que todavía hay clases. Y que el ángel Marcelo proteja nuestra democracia aconfesional.

 

28/11/2025 - SUMAR PRESENTA PNL EN EL CONGRESO PARA FRENAR LOS DESAHUCIOS POR LA APLICACIÓN DEL IRPH

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el Grupo Parlamentario Sumar ha presentado hoy la proposición no de ley en la que se insta al gobierno a que el IRPH no suponga causa de pérdida de vivienda habitual a familias vulnerables

José Antonio Gómez 28/11/2025

Félix Alonso Cantorné lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a posicionar desde el Congreso de los Diputados del lado de las víctimas de los abusos bancarios. El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley, a la que Diario Sabemos ha tenido acceso, que busca presionar al Gobierno para que analice en profundidad el impacto social del índice y las consecuencias que su aplicación está teniendo sobre miles de familias en situación de vulnerabilidad. En concreto se indica que se "insta al Gobierno a elaborar un informe público sobre las medidas normativas o regulatorias necesarias para evitar que la aplicación del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios pueda conducir a la pérdida de la vivienda habitual de familias en situación de vulnerabilidad, evaluando el impacto social del uso del IRPH en los préstamos hipotecarios".

La iniciativa llega inmediatamente después de la Sentencia 1591/2025 del Tribunal Supremo, un fallo que ha alterado de manera significativa el escenario jurídico, endureciendo los requisitos para declarar abusivas las cláusulas basadas en este indicador hipotecario y despertando inquietud entre juristas, asociaciones de consumidores y expertos financieros.

El IRPH, que se calcula a partir del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, ha sido históricamente más elevado que el Euríbor, lo que ha supuesto para miles de familias cuotas mensuales considerablemente más altas y una litigiosidad constante en los tribunales. Desde hace más de una década, buena parte del debate jurídico ha girado en torno a si los bancos explicaron adecuadamente a los clientes el funcionamiento del índice, si este era comprensible para un consumidor medio y si su incorporación en los contratos hipotecarios cumplía con los estándares de transparencia exigidos tanto por la legislación nacional como por la europea. Lo que en apariencia parecía un tecnicismo financiero se convirtió con el tiempo en un auténtico campo de batalla jurídico y político.

El Tribunal Supremo ya se había pronunciado en 2020 sobre el IRPH, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentara las bases del llamado “doble control de transparencia”. Según esa doctrina, la mera publicación del índice en el Boletín Oficial del Estado garantizaba un primer escalón de transparencia, pero era necesario además que el banco hubiera proporcionado información suficiente sobre la evolución histórica del indicador. Si esa información no se facilitaba, los tribunales podían entrar a valorar la posible abusividad de la cláusula, aunque no se reconocía una nulidad automática. Aquella doctrina ya generó controversia, especialmente entre las asociaciones de afectados que consideraban insuficiente la visión del Alto Tribunal español.

Sin embargo, el paisaje jurídico cambió en diciembre de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la UE volvió a intervenir, esta vez en el asunto Kutxabank. La sentencia de Luxemburgo elevó el listón de la transparencia al exigir que las entidades financieras acreditaran de manera fehaciente que el consumidor había recibido una explicación completa del funcionamiento del IRPH. Europa señalaba que no bastaba con remitir al cliente a publicaciones oficiales, sino que debía haber una transmisión clara, comprensible y detallada de todas las particularidades del índice, su evolución pasada, su método de cálculo y cualquier advertencia técnica relevante. El TJUE, en definitiva, introducía un principio clave: los consumidores solo pueden tomar decisiones responsables si comprenden plenamente las implicaciones económicas del contrato que firman.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo parecía, en principio, una oportunidad para alinear la jurisprudencia española con los criterios europeos. Sin embargo, el Alto Tribunal optó por un camino distinto, endureciendo no las obligaciones de transparencia de los bancos, sino las exigencias probatorias impuestas a los consumidores. Según el fallo del 11 de noviembre, la cláusula basada en el IRPH no puede considerarse abusiva únicamente porque el cliente no comprendiera su funcionamiento. La nulidad, afirma el Supremo, solo puede declararse si se demuestra que el contrato generó un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor. Eso implica la necesidad de aportar pruebas económicas objetivas que acrediten que el coste real del préstamo resultó desproporcionado respecto a las condiciones generales del mercado en el momento de la firma.

Este cambio altera profundamente las posibilidades de éxito para quienes ya estaban inmersos en litigios o valoraban iniciarlos. La carga de la prueba recae ahora, de manera casi absoluta, sobre los consumidores, muchos de ellos familias con dificultades económicas y sin capacidad para afrontar complejos informes periciales. La doctrina emanada de esta sentencia refuerza la idea de que el índice, por el mero hecho de ser público y accesible, supera los estándares jurídicos de transparencia. El resultado práctico es un estrechamiento severo del margen para anular contratos considerados hasta ahora dudosos o insuficientemente explicados.

Ante este panorama, Sumar intenta abrir una vía política para contrarrestar los efectos sociales de la nueva doctrina judicial. La Proposición No de Ley registrada en el Congreso reclama que el Gobierno elabore un informe detallado y público sobre las medidas regulatorias necesarias para impedir que la aplicación del IRPH pueda derivar en la pérdida de viviendas de familias vulnerables. La intención del grupo parlamentario es revelar, con datos y diagnósticos transparentes, en qué medida este índice contribuye a situaciones de sobreendeudamiento y estrés financiero y si está actuando como un factor adicional de desigualdad en el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual.

La iniciativa también arroja un mensaje implícito al sistema financiero y a los reguladores: la arquitectura normativa sobre la que se sustenta el IRPH pertenece a un ecosistema hipotecario que ya no existe. Las condiciones del mercado han cambiado, la regulación bancaria se ha sofisticado, los estándares de transparencia se han endurecido y la sensibilidad social hacia la vivienda como bien esencial es hoy mucho mayor que hace dos décadas. Lo que para los bancos fue durante años un índice técnico más, para los consumidores se ha convertido en un símbolo de opacidad y desigualdad.

A medida que aumentan las decisiones judiciales desfavorables a los afectados y que se endurecen los criterios de prueba, se está configurando un escenario de indefensión estructural. El IRPH, que nació en un contexto de estabilidad financiera, se ha convertido en un factor de incertidumbre para miles de hogares que temen perder su vivienda si las cuotas continúan siendo inaccesibles o si los tribunales cierran definitivamente la puerta a anular unas condiciones contractuales injustas.

 

viernes, 28 de noviembre de 2025

28/11/2025 - ¡SALARIUM! (II)

¡Vaya! Que me pillan otra vez las ganas de seguir discurriendo sobre el Salario. Sí, no se me extrañen, porque con mayúsculas hay que nombrar el salario dada la importancia que tiene para la vida de la mayor parte de las personas si exceptuamos a los rentistas y a los grandes empresarios. Aunque hay grandes empresarios que se ponen un salario mínimo para no declarar en la Renta, ya que lo hacen en el Impuesto de Sociedades aprovechando las bonificaciones y las múltiples deducciones para no pagar nada de nada o una miseria de vergüenza (cosas de ese regresivo IRPF nuestro). En adelante, para no molestar a los que se molestan por cualquier cosa, escribiré salario con minúsculas.

Comenzaré con una frase (discúlpenme, pero soy un forofo de las frases célebres) de Abba Eban, político y diplomático israelí y ministro de Relaciones Exteriores entre 1966 y 1974, aunque sionista, no como los genocidas del gobierno actual de Israel: “La historia nos enseña que los hombres y las naciones se comportan juiciosamente una vez que han agotado las demás alternativas”. En nuestro país, me da que las alternativas se agotaron hace ya mucho tiempo, y nuestros gobiernos siguen sin comportarse juiciosamente en lo que a salarios se refiere. Pronto nos echará la pata cualquier país de los encuadrados en el tercer mundo, suponiendo que no lo haya hecho ya alguno.

Todo es político, y para todo, para el salario también, obviamente. Y la política, pienso, es un cáncer con metástasis, la degeneración del mundo. Y el gran capital, la medicina que la mantiene inmortal por el momento. Pero con el tiempo, puede que la medicina se agote y el cáncer no haya desparecido, ya que así es la “ley de la vida terrenal”. En fin… a lo nuestro:

Los datos, que son los que demuestran la realidad de lo que está ocurriendo, que, dicho sea, una vez más, es algo inaudito en un país que se tiene por desarrollado y que además está entre las economías más desarrolladas del mundo, y, para colmo, entre las que más crecen, sino la que más. Aunque, eso sí, estamos en lo que alguien ha llamado “la dictadura del propietariado”, y con las dictaduras ya se sabe lo que pasa.

La primera legislación sobre Salario Mínimo Interprofesional fue promulgada en el es-tado australiano de Victoria en 1896, ya ha llovido desde entonces. En España el SMI en 2025 (mejor no acordarse de los años anteriores) es de 1.184 € brutos mensuales, distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 € brutos anuales, y se traduce en 39,47 € al día. El de Francia, Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (SMIC), por comparar el de un país cercano y de nuestro entorno es de 11,88 €/brutos por hora, que equivale 1801,80 €/brutos mensuales y a 1.423,30 €/netos mensuales para una jornada laboral de 35 horas semanales. No me voy a parar en el de otros países de nuestro entorno (en algunos no existe) porque ¿para qué?, las diferencias son abismales, como es fácil entender sabiendo el de los franceses que, por cierto, no es el más alto.

Para no alargarme demasiado, les voy a reflejar algunos apuntes de un artículo de Vicente Nieves del 24/07/2025, que recomiendo lean en su totalidad por ser de gran interés para conocer lo que está pasando en España con el salario. El artículo se titula: “España e Irlanda tenían el mismo salario en 1994: 30 años después los sueldos irlandeses son un 60% más altos que los españoles”.

Pero antes voy a dar unos datos sobre los sueldos dados por el Erario: El sueldo más común entre los españoles está comprendido entre 30.000 € y 60.000 € brutos anuales, un total de 5.282.994 trabajadores, el 22,02 % de los declarantes. En España hay 7,78 millones de personas que declaran menos de 12.000 € brutos al año (¿están ahí los de la economía sumergida?) Más de 6,6 millones declaran más de 30.000 € brutos al año. Un millón trescientos cuarenta y seis mil tienen ingresos superiores a 60.000 € brutos al año. Ciento setenta y cinco mil seiscientos sesenta y cinco tienen ingresos superiores a 150.000 € brutos al año, y 14.738 (0,6%) supera los 601.000 € brutos anuales. Bueno, supongo que entre los españoles que no declaran están esos, aproximadamente, seis millones de pensionistas que no llegan a los 1.000 € mensuales, las pensiones contributivas y no contributivas más bajas de los países de la OCDE, ¿no es cierto?

Vamos con los datos de Vicente Nieves. Primero sus tres puntos de inicio del artículo:

“El salario real de los españoles sólo ha subido un 2,7 % en los últimos 30 años”.

“Los sueldos de los irlandeses se han disparado un 63% en el mismo periodo”.

“España, junto con Italia, presentan el peor rendimiento salarial de Europa”.

 “Según los últimos datos publicados por la OCDE, en España los salarios reales han crecido apenas un 2,7% desde 1994, uno de los desempeños más pobres de todos los países desarrollados y el segundo peor de Europa”.  

“Hoy, en España el salario medio real es de 33.044 euros, mientras que el de Irlanda es de 55.591 euros. En España apenas ha crecido un 2,7% en términos reales en 30 años, mientras que en Irlanda lo ha hecho en un 66%. Solo los salarios italianos lo han hecho peor que los españoles en estos 30 años en Europa. En Portugal, por ejemplo, los salarios reales han crecido un 22% en el mismo periodo”.

“Si la comparación se realiza con países que partían de escalones de desarrollo mucho más bajos, el incremento de los salarios reales ha sido aún mayor. Este es el caso de los países bálticos, donde los salarios se han disparado más de un 200% (tasa de variación) desde 1994”.

Sigue el Sr. Nieves con su posible explicación:

“Ahora, la pregunta a intentar contestar es evidente: ¿por qué los salarios reales apenas han crecido en España en 30 años? Aunque la OCDE se ciñe a publicar los fríos datos, resulta relativamente sencilla desgranar las causas de este fenómeno que aflige a la economía de España. Esto es el reflejo del estancamiento de la productividad y de la creación de empleo en sectores de bajo valor añadido. Se puede observar como la productividad total de los factores (PTF) apenas ha variado en España en los últimos 30 años, sin embargo, en Irlanda sí ha disfrutado de un avance intenso, al igual que ha sucedido en los países que presentan un mayor incremento de los salarios reales en estos últimos 30 años”. Y continua el Sr. Nieves (supongo un economista): “Muchos se preguntarán, ¿si los salarios reales no crecen cómo es posible que la economía se haya expandido e incluso el PIB per cápita haya aumentado algo en este periodo? La respuesta se encuentra en la constante adición de factores productivos a la economía. España, en lugar de crecer por mejoras de eficiencia y productividad, crece de forma extensiva: sumando trabajadores. Esto es algo que sucedió sobre todo en el periodo 1999-2007 y en los últimos años. La expansión del mercado laboral se traduce en un PIB agregado mayor y, a veces, en un PIB per cápita también más elevado”.

“El fuerte crecimiento de la ocupación supone que hay más personas produciendo bienes y servicios, por lo que al repartir todo este producto entre la población sale una renta per cápita mayor. Sin embargo, esto no supone que los salarios reales suban. En ocasiones hasta supone lo opuesto y España es casi un ejemplo de ello. La intensa creación de empleo en sectores de bajo valor añadido y escasa productividad (turismo, hostelería, comercio...) genera lo que los economistas denominan efecto composición: aumenta la proporción de empleos mal pagados en la economía, lastrando la media de los salarios y la productividad del conjunto de la economía. En España, el sector turístico ocupa a más de 3 millones de empleados”.

Termino ya con un último párrafo del sr. Nieves: “Irlanda ha sabido combinar suerte y estrategia para convertirse en uno de los países más prósperos del planeta. Como resume el economista Noah Smith, "Irlanda liberalizó su política comercial, desreguló su economía, redujo los impuestos, fomentó la educación e innovación... y, de alguna manera, funcionó". El caso de España es más bien el opuesto. Partiendo de una posición similar, la economía real apenas ha mejorado, mientras que la productividad y los salarios reales llevan años estancados. Algunos estudios revelan incluso que la renta disponible de los españoles (la renta tras impuestos) es hoy más baja que en 2008. Así es la catástrofe de los salarios españoles”.

Y, para dar la puntilla final, me remito a un escrito de un servidor de principio del año 2010 titulado “¡Exiguo jornal!” que, entre otras cosas, decía lo siguiente: “Me pregunto si el Gobierno intentará cambiar la Carta Social Europea (CSE) que recomienda que el SMI no sea inferior al 60% del salario medio”. Como es fácil comprobar las cosas han cambiado con el Gobierno que se autodenomina “progresista” actualmente, mas no todas, pero…

Según la Agencia Tributaria, el salario medio de los españoles es de 22.781 €/brutos al año, aunque hay quienes lo cifran en entre 23.800 € y 24.000 €/brutos anuales, lo que significa que si hacemos caso a la Agencia Tributaria el SMI debería ser de 13.668 €/anuales, que dividido entre 14 pagas nos resultan 976,32 €/mensuales brutos, bastante por debajo del actual (1.184); y si hacemos caso a los demás, resulta que 24.000 € dividido entre 14 pagas nos dan 1.714,28 €/brutos mensuales, lo que traducido al 60% serían 1.028,57 €/brutos mensuales, algo menos de los señalados 1.184 de la actualidad. Lo cual deja claro que en España hoy día si se cumple con la recomendación de la Carta Social europea. Pero, ese cumplimiento, no quita de que el 13% de las personas que trabajan se encuentran en riesgo de pobreza, y la explicación es clara: los salarios bajos, la temporalidad y el empleo parcial mantienen a muchas familias atrapadas. Y la cosa no se queda ahí: a los bajos salarios no se les perdona nada, Hacienda persigue, sí ¡persigue!, a la gente que menos gana cuando tiene una pequeña deuda con el Erario, mientras se olvida del Sr. Montoro y de sus andanzas y amnistías para con los señoritos y los millonarios, además de toda la “trupe” que tiene enormes deudas y no las acomete, sencillamente, porque nadie se lo exige, aunque sigan aumentando cada año fiscal, y aún a pesar de que las que superan los 120.000 € se consideran delito penal... que, evidentemente, nadie denuncia.    

 

jueves, 27 de noviembre de 2025

27/11/2025 - LO QUE DEBEMOS A FELIPE GONZÁLEZ

SANTIAGO ALBA RICO

FILÓSOFO, ESCRITOR Y ENSAYISTA

En estos días hemos sucumbido a un tsunami de textos dedicados a conmemorar los cincuenta años transcurridos desde la muerte de Franco. Cincuenta años, ¿son muchos o pocos? Son muchos si pensamos que esa cifra es ya superior a la de los años que el dictador estuvo en el poder; son pocos si recorremos desde dentro de la memoria la propia vida descontada en ese arco temporal. Son muchos si repasamos los cambios asombrosos acaecidos en España; son pocos si reparamos de pronto en los ecos, las repeticiones y las rimas de la historia. La mayor parte de los análisis, en efecto, se han movido entre el tono celebratorio y el suspicaz. Unos decían "Franco ha muerto"; otros decían "Franco no ha muerto". ¿Ha muerto o no ha muerto Franco? Si Franco era un cuerpo y un gobierno, sin duda está muerto; si era, como dice el profesor Villacañas, el efecto y no la causa de un mal español, está como poco vivibundo, es decir, siempre a punto de volver a la vida. Que la conmemoración de su muerte física haya coincidido con la sentencia del Supremo contra el Fiscal General del Estado da argumentos, desde luego, a los que inhiben el tono festivo para señalar los rescoldos de la dictadura que zapan los cimientos de nuestras instituciones. 

Es un momento sombrío, para España y para el mundo. En este contexto, la tesis hasta hace poco marginal de un "pecado original" de la democracia española ha ganado muchos adeptos; ya no es sólo un puñado de radicales el que señala los límites que marcaron su nacimiento. La derecha se atreve más que nunca a reivindicar al dictador; la izquierda, incluido el PSOE de Sánchez, denuncia ahora el fantasma quincuagenario cuya mano movió la cuna. Aclaremos que el peligro no es exclusivamente español. Las democracias occidentales siempre estuvieron limitadas por el mismo capitalismo que las promovió y que ahora las abandona; y todas ellas juegan a la güija con espectros del pasado. Ahora bien, los límites de la democracia española son "muy españoles", como los de la rumana son muy rumanos y los de la francesa son muy franceses.

¿Cuáles son los nuestros y quién los impuso? En estos días se ha hablado mucho del "atado y bien atado" de Franco; y también del papel del rey emérito Juan Carlos como su sucesor y muñidor. Es razonable hacerlo. Pero si aceptamos que la democracia en España tiene al mismo tiempo su propia historia (que la calle y los partidos tuvieron, es decir, su propia agencia), conviene asimismo recordar una figura que, hasta donde yo sé, nadie ha mencionado: me refiero a Felipe González, secretario general del PSOE y presidente del gobierno entre 1982 y 1996.

Yo tenía quince años cuando murió Franco. Voté por primera vez en el referéndum de la Constitución; voté no. Luego voté al PC en las elecciones de 1979 y de 1982. No voté al PSOE porque era un joven radical que apostaba por la ruptura o, por lo menos, contra el reformismo socialdemócrata surgido del Congreso de Suresnes. Pero mentiría si dijese que no me hizo muy feliz la primera victoria electoral de Felipe González. Yo no era ni muy listo ni muy sensato, pero en esto coincidía con personas que sí lo eran: buena parte del pueblo español, en efecto, consciente de las dificultades del parto, aceptó los límites de la Transición, pero con la esperanza de que se tratase justamente de una "transición" y de que el tiempo y la política permitiesen ir más lejos. No creo que ningún votante reformista pensara en 1978 que se había completado el proceso democrático; más bien, al contrario, se confiaba en que con Felipe González se pudiesen quebrar o al menos ensanchar algunos de esos límites originarios. Ese era el mandato que, respaldado en las urnas por su primera mayoría absoluta, recibió del pueblo español en 1982. Ese es el mandato que González traicionó. Hay que decirlo claramente: lo que no hizo González entonces, con un apoyo entusiasta y abrumador, es mucho más difícil hacerlo hoy, con una mayoría social remolona y volátil y una ultraderecha rampante que regurgita el "mal español".

Nadie puede negar las transformaciones de las últimas décadas en todos los aspectos. En estos años -pocos o muchos, según se mire- España ha duplicado su PIB per cápita; ha pasado de una media de longevidad de 73 años a otra de 84; ha visto estudiar a millones de personas que bajo Franco vivían y morían encerradas bajo su propia frente y que hoy hacen el Erasmus en lugar del servicio militar; ha dado estudios universitarios y trabajo fuera de casa a millones de mujeres condenadas a la dependencia matrimonial; ha reducido la mortalidad infantil del 2,2% al 0,3%; ha dejado de expulsar españoles al extranjero para recibir millones de inmigrantes; tiene en 2025 cuatro veces más médicos y el triple de profesores que en 1975; disputa los primeros lugares del mundo -no es mucho decir- en derechos civiles y ha dejado de ser una sociedad pacata, sombría, provinciana, calderoniana, para convertirse en la vanguardia de las políticas de género, de la tolerancia y de la solidaridad. Casi todo ha mejorado, sí, salvo la igualdad: mientras no ha dejado de multiplicarse la riqueza de España, el índice Gini se mantiene inalterado respecto de 1980 (en torno al 0,32%) y, si en 1995 el 10% más rico concentraba el 58,3% de la riqueza, treinta años después esa cifra sólo ha bajado al 57, 2%. Esta continuidad, de la que se ha hablado muy poco estos días, alimenta otras ideológicas en el seno de esas nuevas generaciones que no conocieron el franquismo, pero que, chocando contra el muro del futuro, sólo pueden huir hacia el pasado.

En cualquier caso, nadie que haya nacido, como yo, en 1960 y haya vivido estas transformaciones, puede sentir la menor nostalgia de la cochambre franquista, donde se multaba respirar, pero tampoco de los años ochenta, donde los jóvenes radicales y reformistas por igual (en una rave de violencia, SIDA y heroína) vimos languidecer nuestras esperanzas. Económicamente, los gobiernos de González desmantelaron la industria, precarizaron el empleo, negociaron con los pantalones bajados el ingreso de España en la UE y abonaron el terreno del neoliberalismo galopante de los años noventa (cuatro huelgas generales revelan el perfil de sus reformas y la musculatura de la resistencia social). Ética y culturalmente, los gobiernos de Felipe González apostaron por los grandes eventos propicios al pelotazo y consagraron el bipartidismo de la corrupción que décadas después desembocará en la Gürtel y en Ábalos, en la Púnica y en Santos Cerdán. Políticamente, los gobiernos de Felipe González promovieron los GAL, amañaron el referéndum de la OTAN, promulgaron leyes antiterroristas de dudosa factura democrática y fueron los responsables de una desmovilización y desafección política que sólo se vería provisionalmente revertida en mayo de 2011, durante las protestas del 15M. ¿Y desde el punto de vista de la cultura democrática? ¿Se abordó con coraje la cuestión territorial que hoy alimenta el retorno del nacional-imperialismo español? ¿Se cerró cuando había sed de democracia la herida de la memoria, que ahora envalentona a la derecha radical? Recuerdo tan solo un dato: las primeras exhumaciones de víctimas del franquismo se realizaron en el año 2000 por iniciativa privada y no hubo una primera y limitada Ley de Memoria Histórica hasta el año 2007. Correspondía a Felipe González la tarea de democratizar la memoria de España y prefirió asentar la idea, insólita en el resto de Europa, de que es posible ser demócrata sin ser antifascista (en este caso antifranquista) y de que, aún más, es el antifascismo (en este caso el antifranquismo) el que es contrario a la democracia. La derecha no ha dejado de beber en ese abrevadero.

En definitiva, González utilizó sus mayorías parlamentarias para incumplir el mandato popular de 1982 y preparar el desembarco en 1996 de la derecha, que se encontró con casi todo el trabajo ya hecho. En esos catorce años, el felipismo había dejado las cosas atadas y bien atadas. La democracia realmente existente que tenemos no fue obra ni de Franco ni del rey Juan Carlos o no solamente; fue obra, por acción o por omisión, de Felipe González. Así que podría decirse que las amenazas ahora a la democracia en España confluyen desde dos fuentes: una “ola” planetaria en un mundo globalizado y altamente tecnologizado; y una derecha local que regurgita el "mal español" mientras reedita, con conciencia o sin ella, el modelo de Felipe González. Me atrevería incluso a decir esta barbaridad: si nos fijamos bien, el ayusismo, esa combinación de neoliberalismo, populismo y chulería, es más heredero del felipismo que del franquismo. Es, digamos, el felipismo del siglo XXI. Y si Pedro Sánchez (el "social-comunismo" sanchista) es el enemigo de Ayuso no es porque sea el secretario general del PSOE sino porque, para poder gobernar en la España del 15M, de Podemos y del procès, Sánchez tuvo que romper con el legado de Felipe González. Eso es lo que, a muchos antiguos rupturistas, hoy resignados socialdemócratas, nos empuja en noviembre de 2025 a seguir apoyando, a regañadientes, a este gobierno.

Reconozcámoslo: no es que González haya envejecido mal. La complicidad que hemos visto en estos últimos años entre el ex-presidente socialista y el PP (contra Sánchez, contra la amnistía, contra la memoria histórica) no es el resultado, no, de la senilidad del héroe de Suresnes. Es perfectamente coherente con su trabajo y su legado, un legado cuya supervivencia nos dejó sin recursos y mal preparados para afrontar hoy el nuevo asalto del "mal de España", que es otra vez, con otras vestes, el mal del mundo. Se perdió la oportunidad. No la del socialismo, claro, pues en la UE semifallida que, al menos de momento, nos salva felizmente del "mal español", no habría tenido nunca cabida. Se perdió la oportunidad de una verdadera hegemonía democrática que hiciese imposible privatizar el bien común, que reconociese la complejidad territorial y que, sobre todo, forjase una nueva tradición "republicana" contra los regüeldos de la Historia. Lo que no hizo González con una mayoría absoluta no lo va hacer Sánchez contra las cuerdas. O de otra manera: si no se saldó cuentas con el franquismo en 1982, cuando la sociedad rechazaba casi unánimemente la dictadura, ¿cómo va a hacerse en 2025, cuando la democracia recula en todo el mundo y nuestra derecha patria -con sus falanges de jueces, periodistas y mafiosos- está dispuesta a recurrir a todo, incluso a los encantos de Franco, con tal de retomar el poder?

 

26/11/2025 - IRPH: EL LÍO DEL SUPREMO QUE BENEFICIARÁ A LOS AFECTADOS

Como ya ha sucedido con otras cuestiones, la interpretación del Supremo y los gravísimos errores en las sentencias hasta ahora publicadas aumentan la presión sistémica de Bruselas

José Antonio Gómez 26/11/2025

En la larga lista de fricciones entre los tribunales españoles y la justicia europea, pocas han sido tan persistentes como la del IRPH, un índice hipotecario utilizado durante años por el sector bancario.

Lo que para la mayoría de los consumidores parecía un dato más en la letra pequeña de un préstamo se ha convertido en un pulso jurídico que expone la fragilidad del control de transparencia en España, la tensión entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El primer reproche no es menor. El Supremo consideró cumplido el control de transparencia en una de sus sentencias sobre IRPH por el simple hecho de que existía una circular del Banco de España describiendo el índice. El problema es que aquella circular, como bien señalaba el informe de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa, no estaba disponible online, estaba dirigida exclusivamente a entidades financieras y ni siquiera el propio Supremo demuestra haberla entendido correctamente.

La ley europea exige que el consumidor disponga de información clara, comprensible y accesible, no que exista en un archivo institucional dirigido a terceros. Convertir una referencia técnica no publicada en una prueba de transparencia equivale, en la práctica, a degradar esa exigencia hasta la irrelevancia.

El TJUE ha sido insistente: para que una cláusula potencialmente abusiva sea considerada válida, debe superarse un test de buena fe por parte del profesional. El Supremo, sin embargo, no evaluó esa buena fe con el estándar exigido por Luxemburgo.

Resulta difícil, cuando no imposible, sustentar la buena fe de un banco que oculta al consumidor que su préstamo operará sistemáticamente por encima de la media del mercado porque carece del diferencial negativo que sí acompaña habitualmente al IRPH para equilibrarlo frente al Euribor. Si la entidad sabe que el cliente pagará más que la media y no lo revela, el desequilibrio no es accidental; es estructural. Otro lío en el que se ha metido el Supremo.

Para el derecho europeo, que es prevalente sobre el español, una cláusula es abusiva si genera un desequilibrio importante entre las partes. Ese desequilibrio existe de manera evidente cuando el banco no informa al cliente de que el diseño del préstamo provocará que resulte más caro que la media. Y, sin embargo, el Supremo evita esa conclusión.

Buena parte del desacuerdo se concentra en un elemento técnico: la comparativa entre el índice IRPH y el Euribor. El TJUE exigió expresamente que esa comparación se realizara para evaluar si el consumidor podía comprender las implicaciones económicas del préstamo.

El Tribunal Supremo no la hizo. O, dicho con mayor precisión, la hizo de una forma que el informe describe como incorrecta desde un punto de vista técnico y estadístico.

El método de cálculo del IRPH es deficiente frente al Euribor. No solo incorpora comisiones y gastos que inflan su valor; incluso sin ellos, la TAE es siempre superior al tipo nominal. Ese detalle, ignorado en la sentencia del Supremo, implica que los perjuicios sufridos por los consumidores son incluso mayores de lo que parecía.

El Supremo no ha comprendido todavía cómo se calcula la TAE, lo que le lleva a realizar comparativas sin sentido. En productos financieros complejos, la incapacidad para interpretar correctamente la TAE no es un error menor: es un déficit técnico que afecta directamente al razonamiento jurídico y, por tanto, a la validez de la resolución.

El Alto Tribunal español defendió una fórmula particular para comparar el tipo efectivo del préstamo con la media del mercado. Sin embargo, esa estadística no tiene sentido. El préstamo analizado presenta un desequilibrio claro, y lo mismo ocurre en la totalidad de los préstamos IRPH sin diferencial negativo. Es decir: no se trata de casos aislados, sino de un patrón sistémico.

En el mercado hipotecario, una diferencia aparentemente modesta en el tipo de interés puede traducirse en un aumento sustancial del coste total del préstamo. Esa sensibilidad es especialmente pronunciada en los casos IRPH sin diferencial negativo. En las sentencias del Supremo el abuso es “muy evidente”.

La controversia sobre el IRPH revela varios problemas que van más allá del ámbito hipotecario. Exhibe una brecha técnica entre los tribunales españoles y la realidad financiera del siglo XXI; sugiere una resistencia institucional a incorporar plenamente el estándar europeo de transparencia; y muestra un patrón repetido en el que el TJUE corrige, matiza o cuestiona decisiones del Supremo en materia de consumidores.

La cuestión no es solo si el IRPH es abusivo, sino qué dice esta discusión sobre la capacidad del Estado español para proteger adecuadamente a quienes firman un contrato complejo con un banco. Esa incapacidad no es un detalle técnico: es un riesgo sistémico que Europa observa con creciente impaciencia.

 

27/11/2025 - IRPH: EL SUPREMO IGNORÓ 4 MÉTODOS DE CÁLCULO QUE DEMOSTRABAN LA CONTRATACIÓN ABUSIVA

El verdadero combate se libra en la primera trinchera; si esa cede, el resto del frente jurídico se desmoronaría con rapidez. No se trata solo de dinero, sino de preservar un modelo histórico de funcionamiento

José Antonio Gómez 27/11/2025

En los grandes litigios financieros suele esconderse una radiografía del poder. En España, el conflicto en torno al IRPH —y, por extensión, los litigios relativos a las Hipotecas REDAL, Cuotas Crecientes y Anticipación— funciona como una de esas radiografías. El matemático y perito judicial Guillem Bou, una de las voces más autorizadas y que más ha analizado estas prácticas, lo resume con crudeza: “IRPH, Redal, Crecientes y Anticipación van todos en el mismo saco. Y la banca lo sabe: si cae el IRPH, caen todos los demás”.

El sector financiero es plenamente consciente del riesgo sistémico. Por eso, explica Bou, “la banca ha movido todos sus hilos para evitar que caiga el primero”. El verdadero combate se libra en la primera trinchera; si esa cede, el resto del frente jurídico se desmoronaría con rapidez. No se trata solo de dinero, sino de preservar un modelo histórico de funcionamiento.

Días antes de que el Supremo publicara sus resoluciones del 11 de noviembre, Guillem Bou ya intuía el desenlace. “No quise desanimar a nadie, pero avisé a algunas personas de lo que iba a pasar. No era futurología: era matemática”. Para Bou, la lógica interna del sistema bancario, unida a la arquitectura doctrinal que el Supremo venía consolidando, permitía anticipar lo que muchos no querían ver.

Tras las sentencias, la reacción de algunos despachos de abogados, que se apresuraron a anunciar que aún había recorrido judicial suficiente, sorprendió a Bou: “No entendí cómo se decía que no todo estaba perdido. La pregunta es obvia: ¿vamos a creer que los que firmaron cláusulas 8/90 fueron engañados y los que firmaron 5/94 no?”. Era, en su opinión, un espejismo comunicativo para mantener viva la expectativa de litigación, aunque las resoluciones abrían un camino muy estrecho.

Pero el punto crítico llegó con la lectura detallada de la Sentencia 1591/25, la clave de toda la arquitectura. Bou lo sintetiza sin rodeos: “El Supremo se encontró con cuatro métodos de cálculo que mostraban de forma rotunda que la contratación era abusiva. No esperaban ese escrito de alegaciones. Y por eso optaron por ignorarlos”. Uno de esos métodos, recuerda, calculaba un sobreprecio de 50.000 euros en el momento mismo de la firma.

Ese es el núcleo de su crítica: “Lo inquietante es que el Supremo no rebate nada. No entra en los cálculos, no los discute, los evita”. Para un matemático habituado a la lógica formal, el vacío argumental es más elocuente que cualquier razonamiento.

Criterio matemáticamente imposible

Bou va un paso más allá: “Usaron datos que no existían para justificar un método que, desde el punto de vista científico, es matemáticamente incorrecto”. La sentencia, afirma, construye un razonamiento circular que desemboca inevitablemente en un resultado: ningún IRPH puede ser abusivo.

La conclusión es devastadora: “Con ese criterio, ningún contrato IRPH será nunca abusivo. El IRPH no es nulo y la Tierra es plana”. Bou no recurre a la ironía para provocar, sino para ilustrar la imposibilidad lógica de la doctrina establecida: una fórmula pensada para blindar el índice, no para evaluarlo.

Además, denuncia una estrategia deliberada: “Es la táctica de la rana caliente. Primero descartan unos IRPH, luego otros, luego los siguientes. Y al final te cambian el IRPH Cajas Fijo por el IRPH Entidades. Todo muy gradual, muy discreto”.

La banca ya ha ejecutado desahucios masivos vinculados al IRPH congelado. La doctrina del Supremo, a su juicio, no solo no corrige esas distorsiones, sino que legitima su continuidad.

La cuestión, insiste Bou, no se limita a las hipotecas: “La anticipación afecta a todos los productos financieros. Sale a una media de 1.000 euros por español”. Es una cifra suficientemente significativa como para explicar el férreo cierre de filas del sector.

En este contexto, la resistencia judicial no es solo un asunto técnico, sino estructural: evitar una litigación masiva que podría golpear a todo el sistema financiero español en un momento de transición económica delicada. No sería la primera vez: Europa ya vivió episodios similares con las cláusulas suelo o las preferentes.

Pero Bou tiene claro que la solución no vendrá de arriba: “No esperes lo que harán otros por ti, porque quizás esos otros necesiten ahora, más que nunca, tu ayuda”. Su llamamiento no es retórico, es la constatación de que las conquistas en materia de transparencia financiera en España han sido siempre reactivas, nunca proactivas.

Dilema estructural

El futuro del IRPH es, en realidad, un referéndum silencioso sobre el modelo de relación entre banca, justicia y ciudadanía en España. Si el índice cae, se abrirá un nuevo ciclo de reclamaciones que podría transformar el sector. Si resiste, lo hará a costa de profundizar la desconfianza en los tribunales.

Bou lo sintetiza con un interrogante que trasciende el caso concreto: “¿Puede un país moderno sostener un sistema financiero que necesita de criterios acientíficos para seguir en pie?”.

Es una pregunta que golpea no tanto a la banca como a la arquitectura institucional que la rodea. Porque, como en todo sismo profundo, la cuestión no es dónde tiembla el suelo, sino qué edificios estaban mal construidos desde el principio.

 

27/11/2025 - LA IZQUIERDA ALIMENTA AL MONSTRUO

Cómo la inoperancia social de la izquierda española impulsa a la extrema derecha de Vox

José Antonio Gómez 27/11/2025

Durante la última década, la izquierda española ha construido un relato ambicioso en torno a la justicia social, la redistribución de la riqueza y la protección de las clases medias y trabajadoras. Sin embargo, la narrativa ha convivido con una experiencia cotidiana muy distinta para millones de ciudadanos: salarios que no suben, alquileres que se disparan, servicios públicos que se deterioran y un Estado que promete derechos, pero entrega trámites. Ese desajuste entre discurso y realidad se ha convertido en el terreno más fértil para el crecimiento de la extrema derecha, que hoy ya no pesca únicamente en el caladero tradicional del Partido Popular, sino también en sectores desencantados del PSOE y de Podemos.

La explicación a esta paradoja no es simple, pero sí está construida sobre tres pilares: un mercado laboral precario que no ha sido reformado estructuralmente por Pedro Sánchez, un mercado de vivienda convertido en un monstruo ingobernable y una erosión creciente de los servicios públicos y la capacidad administrativa del Estado. Sobre esa tríada, la extrema derecha ha levantado un discurso populista que, paradójicamente, a la gente le suena más realista que la retórica de una izquierda atrapada entre el marketing personalista y la burocracia institucional.

Mucho dato macro, poco bienestar micro

Durante los últimos años, los distintos gobiernos progresistas liderados por Pedro Sánchez han celebrado cifras históricas de empleo, crecimiento del salario mínimo y avances en derechos laborales. En teoría, deberían ser logros contundentes. Sin embargo, para la mayor parte de la población asalariada y para los autónomos, la experiencia vivida es distinta: salarios que crecen por debajo de la inflación, trabajos cada vez más intensos, empleados cobrando por debajo del SMI porque los empresarios les obligan a firmar contratos parciales que se van encadenando bajo la fórmula del "fijo discontinuo" y jóvenes que encadenan prácticas no remuneradas antes de acceder a un empleo real.

La izquierda habla de estadísticas, la gente habla de frigoríficos vacíos a día 20 de mes.

El problema es estructural: España sigue teniendo un modelo productivo donde el grueso del empleo es de bajo valor añadido y baja productividad. Sin cambios en ese modelo, cualquier reforma laboral progresista será meramente cosmética.

La derecha radical ha entendido el vacío. Su mensaje es simple: “La izquierda os ha traicionado; el sistema no funciona; el enemigo está fuera”. Y funciona porque, para quien vive con menos de 1.000 euros al mes, lo que no funciona no es la globalización, ni la llamada transición ecológica, ni la supuesta conspiración de Bruselas: lo que no funciona es su vida diaria.

La bomba política perfecta

Si hay un ámbito donde la izquierda española ha fracasado de manera más dramática es el de la vivienda. El país ha pasado en dos décadas de tener uno de los mercados inmobiliarios más accesibles de Europa a tener uno de los más tensionados. Como consecuencia, el alquiler se ha convertido en una trampa para jóvenes, familias monoparentales y trabajadores precarios.

La Ley de Vivienda, uno de los grandes proyectos estrella de la coalición progresista liderada por Sánchez, ha sido incapaz de frenar la escalada. En muchas ciudades, los precios siguen subiendo, mientras la oferta se reduce y los propietarios prefieren plataformas turísticas o contratos temporales a estudiantes extranjeros. El impacto real de las medidas del gobierno es el mismo que un pellizco de monja.

La frustración que genera este fenómeno no es ideológica: es visceral. Cuando un joven de 30 años con trabajo estable no puede emanciparse, no le interesa un debate teórico sobre la regulación del suelo ni sobre la fiscalidad de los grandes tenedores. Lo que ve es que el Estado habla de derechos mientras él vive peor que sus padres.

Ese resentimiento, profundamente material, no cultural, es un recurso electoral de valor incalculable para la extrema derecha. Que la izquierda no haya sido capaz de anticiparlo es quizás su error estratégico más grave.

El servicio público deja de servir

La izquierda gobierna en nombre del Estado, pero uno de los elementos más corrosivos para su legitimidad actual es la percepción, compartida también por votantes progresistas, de que la administración pública española funciona cada vez peor. Citas médicas con meses de espera, aulas saturadas, falta de atención personalizada en servicios sociales, imposibilidad de acceder a una ventanilla física y una burocracia que exige paciencia monástica para tareas tan simples como renovar un documento o solicitar ayudas. Es cierto que muchas de las competencias sociales están transferidas a las comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PP, pero la ciudadanía no entiende de estas cuestiones y la responsabilidad la traslada al Ejecutivo central. 

Este deterioro no es enteramente responsabilidad de la izquierda, pero la izquierda lo ha gestionado mal. Por un lado, ha sobregestionado el discurso sobre derechos; por otro, ha infragestionado la inversión real en capacidad administrativa. El resultado es un desajuste profundo entre expectativas y realidad. Cuando los ciudadanos ven que sus impuestos suben, pero los servicios no mejoran, pierden confianza y, por extensión, dejan de creer en la izquierda.

La extrema derecha capitaliza esa frustración con una narrativa devastadora en su simplicidad: “El Estado no ayuda; el Estado estorba”. Para quienes no han conseguido cita en el médico en tres meses, la frase tiene un efecto brutal.

Populismo social de la ultraderecha

Existe una idea extendida según la cual la extrema derecha avanza gracias a discursos identitarios (inmigración, crimen, nación). Eso es cierto, pero incompleto. En España, la derecha radical ha construido un discurso económico eficaz, que hunde sus raíces en la sensación de abandono que sienten amplios sectores de la clase trabajadora y de las clases medias empobrecidas.

Su mensaje es sencillo: “La izquierda solo protege a quienes no trabajan”; “el Estado gasta millones en extranjeros mientras tú no llegas a fin de mes”; “las élites progresistas viven muy bien, pero tú no”, “las políticas sociales no mejoran tu vida: la empeoran.”

Este discurso mezcla exageración, falsedad y oportunismo, pero apela a una emoción poderosa: la percepción de injusticia. No es casualidad que parte de los votantes que en su día apoyaron a Podemos hoy migren hacia propuestas ultraderechistas. Lo hacen no porque se hayan vuelto más conservadores, sino porque se sienten más pobres, más frustrados y más humillados.

PSOE, pragmatismo sin proyecto

El Partido Socialista sigue siendo, pese a todo, el actor central de la izquierda española. Pero su tiempo en el gobierno ha mostrado una tensión creciente: el PSOE es eficaz para gestionar estabilidad institucional, pero carece de un proyecto de transformación social profundo.

El resultado es un progresismo de contención, más táctico que estratégico, más propagandístico que transformador. Las clases medias y trabajadoras perciben que el PSOE les pide confianza mientras gestiona una economía que no les mejora la vida y que el partido no habla su idioma desde hace tiempo.

Ese vacío programático, sumado a alianzas parlamentarias complejas y una hiperpolitización del relato, ha debilitado la idea de que el PSOE pueda devolver dignidad material a quienes la han perdido.

La revolución que se quedó en eslogan

El surgimiento de Podemos en 2014 fue una respuesta orgánica a una injusticia material: la crisis financiera y sus efectos devastadores. Pero con el paso de los años, Podemos se convirtió en otra cosa: una maquinaria simbólica atrapada en guerras internas, debates identitarios y conflictos orgánicos que drenaron su capacidad de gobernar.

Su entrada en el poder no se tradujo en mejoras materiales visibles para la mayoría. Sus avances fueron parciales, fragmentarios, más retóricos que tangibles. Como consecuencia, muchos de sus antiguos votantes, especialmente hombres jóvenes y trabajadores precarios, han derivado hacia opciones de extrema derecha que prometen algo que la izquierda no supo ofrecer: orden, seguridad económica y estabilidad.

La izquierda no mejora la vida, la extrema derecha se encarga de explicarlo

El avance de la extrema derecha no se explica por un giro ideológico repentino, sino por una sensación de deterioro vital. No es una revolución ideológica, es una reacción emocional frente a una izquierda que prometió proteger y no lo consiguió.

La lección es clara. Si las clases medias se sienten abandonadas, miran hacia soluciones autoritarias. Si los trabajadores precarios no ven mejoras, buscan nuevos interlocutores. Si los servicios públicos fallan, culpan al Estado y a quien dice defenderlo. Si la vivienda es inaccesible, cualquier discurso de orden gana legitimidad.

En este ecosistema emocional y material, la extrema derecha no gana por brillantez, sino por descarte.

La extrema derecha no crece porque seduzca: crece porque responde, aunque sea con mentiras, a problemas que la izquierda no ha resuelto.