La sentencia contra el fiscal general del Estado, sin pruebas, supone un atentado contra el Estado de derecho
José Antequera
20/11/2025
A partir de hoy, el 20N ya no solo
será el día que murió Franco, también será
el día que condenaron al fiscal general del Estado del Reino de España a la
muerte civil. La sentencia contra Álvaro García Ortiz es
un golpe, desde los tribunales, a la democracia. Golpismo judicial. Y no solo
porque la politización del Tribunal Supremo ha llegado a límites degradantes
hasta practicar una suerte de lawfare contra
el Gobierno de Sánchez (al que la mayoría de
los jueces de este país consideran un peligroso rojo bolivariano y
socialcomunista), sino porque hace saltar por los aires los principios más
elementales del Estado de derecho.
La primera aberración cometida por el tribunal, esa que hará que esta caza
de brujas pase a la historia de la infamia, consiste en condenar a un ciudadano
sin pruebas. Suena duro, pero así ha sido. El derecho a la presunción de
inocencia, pilar básico de nuestro ordenamiento jurídico penal, ha sido
detonado por este grupo salvaje de magistrados sin complejos que ha decidido
retorcer las leyes hasta atravesar un Rubicón sin
retorno. En una democracia, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre
lo contrario. Al fiscal y las acusaciones privadas corresponde demostrar que se
ha cometido un delito, pero en este caso, desde el principio, siempre fue al
revés: Ortiz parecía condenado de antemano y obligado a demostrar que no tuvo
nada que ver con los hechos imputados.
Dicen que la Justicia es ciega, y en este caso sus señorías se han liado las
togas a la cabeza, a sabiendas, para no ver la realidad jurídica. Tanto es así
que, en una decisión inédita, han desestimado los testimonios de los
periodistas que tomaron parte en el juicio en calidad de testigos. Todos ellos
confirmaron que la filtración sobre el famoso correo del presunto defraudador
fiscal Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, no partió del despacho de García
Ortiz, sino que les llegó por otras fuentes. Solo esa prueba tendría que haber
sido suficiente para absolver al fiscal general del Estado. Pero, lejos de
ello, los magistrados del Supremo siguieron retorciendo la ley hasta hacer una
interpretación restrictiva del derecho a la presunción de inocencia, que en
ningún momento ha quedado desvirtuado a lo largo del juicio. Más bien al
contrario, el tribunal se ha acogido a pruebas indiciarias, cogidas por los
pelos, como suele decirse coloquialmente, para llegar a un veredicto de
culpabilidad.
Al final, las conjeturas e inferencias de los agentes de la UCO (que en ningún momento han podido conseguir la
prueba definitiva de la supuesta filtración), los alegatos fanatizados de los
abogados ultraderechistas, la animadversión personal a su jefe de una fiscal
provincial como Almudena Lastra (que tras este
episodio gana puntos en el concurso oposición como futura fiscal general del
Estado del PP), las patrañas del Colegio de Abogados entregado a la derecha más
reaccionaria y el inmenso poder que una mujer como Ayuso ha acumulado en
Madrid, han podido más que la verdad. Porque, sin duda, si algo ha sido este
juicio –más allá de la cacería descarnada contra un profesional del Derecho a
quien la caverna mediática ha identificado desde el principio como el brazo
judicial del sanchismo–, ha sido un auto de fe, siniestro e inquisitorial,
contra la verdad. La frase legendaria para la posteridad la dejó un portavoz de
Génova cuando, para defender a Miguel Ángel Rodríguez,
el asesor de la presidenta de Madrid y principal instigador de todo este
inmenso montaje circense, dijo aquello de “mentir no es ilegal”. Qué mejor
resumen para los tiempos de posverdad que nos ha tocado vivir.
Las consecuencias de la sentencia, más allá de la demolición del derecho a
la presunción de inocencia, son demoledoras para nuestra joven democracia. De
entrada, sienta un grave precedente que destruye el principio de seguridad
jurídica consagrado en la Constitución, el que
hasta ahora establecía que nadie podía ser condenado sin pruebas en este país.
Cuidado, honrado ciudadano, porque a partir de ahora tú también puedes ser
García Ortiz. Además, pisotea el principio de contradicción de pruebas en la
vista oral y el derecho a un juez imparcial, objetivo e independiente. Da miedo
comprobar que, de lo que se trataba con esta sentencia, era de enviar un
mensaje o aviso a navegantes, es decir, amedrentar a todo aquel al que se le
ocurra ir más allá del sistema, del atado y bien atado que dejó escrito el
dictador.
Todo lo cual nos devuelve, inevitable y terroríficamente, a los oscuros
tiempos del franquismo, cuando la Policía del régimen prefabricaba las pruebas
contra el rojo de turno antes de ponerlo frente al TOP, ante el juicio sumarísimo y ante los carceleros
de Carabanchel. Represaliados, presos políticos,
jurisdicción de tintes militares, todos esos conceptos que parecían felizmente
superados, vuelven a estar de moda, por desgracia, en un país que retorna
preocupantemente al pasado del antiguo régimen.
Feijóo ya tiene lo que quería: la cabeza de
García Ortiz, el titular manipulado en el Financial Times y
un nuevo argumento para su matraca de las elecciones anticipadas. A la dureza
de la sentencia, dos años de inhabilitación para el fiscal condenado (que será,
de facto, su muerte civil), se viene a añadir el escarnio y la humillación: que
el condenado tenga que pagar una indemnización de 10.000 euros a su
denunciante, un presunto delincuente inmerso en un proceso por fraude a
Hacienda. Lo que queda es una inscripción lapidaria sobre el certificado de
defunción de nuestra democracia: quien dice la verdad, pierde; quién miente
gana. Y encima le pagan la hipoteca del piso. El nuevo franquismo era esto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario