31/01/2026 - SOFIE WALTL - ECONOMISTA EXPERTA EN INFLACIÓN.

 

El coste de la vida está mal calculado y eso tiene consecuencias enormes en tu salario, tu hipoteca, las pensiones…

Esta economista austriaca, profesora en Cambridge y exconsultora del Banco Central Europeo, lleva años advirtiendo de que las estadísticas oficiales ignoran el mayor gasto de las familias. Ha desarrollado un método para incluir en la inflación lo que cuesta ser propietario de una vivienda.

¿Cuándo se dio cuenta de que no medir la vivienda en propiedad en el IPC era un problema?

Sofie Waltl. Empecé a trabajar en esto antes de estar en el BCE y lo retomé en Cambridge porque el problema sigue ahí. Ahora estamos analizando cómo habría sido la inflación en Europa los últimos 30 años —desde que se creó el euro— si hubiéramos medido el gasto en vivienda. Es un trabajo en curso, pero ya vemos diferencias importantes.

XL. ¿Qué diferencias?

S.W. Por ejemplo, los auges inmobiliarios se habrían detectado antes. El boom previo a la crisis financiera de 2008 habría sido visible mucho antes en las cifras de inflación. Y también el reciente, cuando los precios de la vivienda se dispararon.

XL. ¿Los tipos de interés ultra bajos inflan las burbujas inmobiliarias?

S.W. Exacto. Cuando son excesivamente bajos durante demasiado tiempo, no son buenos. Alimentan el sobrecalentamiento del mercado. Y eso es peligroso.

XL. ¿Y con los datos de inflación oficial no se ven venir esas burbujas?

S.W. No. Si hubiéramos incluido la vivienda correctamente, los auges se habrían detectado antes y la inflación nunca habría estado tan baja como para justificar tipos tan reducidos durante tanto tiempo.

XL. Ahora mismo, en España, los precios de la vivienda en propiedad cuadruplican los de la inflación. ¿Cómo es posible que no se tengan en cuenta?

S.W. Porque la vivienda en propiedad simplemente no está incluida en el índice armonizado europeo. Si alquilas, tu alquiler sí cuenta. Pero, si vives en tu propia casa, aunque estés pagando una hipoteca, eso no se refleja en absoluto.

«Si no mides bien la inflación, no puedes detectar a tiempo los sobrecalentamientos del mercado. Como ocurrió en 2008 y está ocurriendo ahora»

XL. ¿Y usted qué propone?

S.W. He desarrollado un método que llamo del 'coste de uso'. En general mide cuánto te cuesta realmente ser propietario y vivir en tu casa. Incluye los pagos de la hipoteca, el mantenimiento, las reformas, el IBI... Todos esos costes deberían reflejarse. Es similar a pagar un alquiler: tienes gastos mensuales regulares. La diferencia es que con la hipoteca estás comprando el activo, pero el coste mensual existe igualmente.

XL. Ya, pero el BCE lleva intentando incluir la vivienda desde 2003. Estamos en 2026 y seguimos igual. ¿Qué pasa?

S.W. Sinceramente, no lo entiendo. Debería haberse resuelto hace tiempo.

XL. ¿Y no hay otros países que lo hagan mejor?

S.W. Islandia lo hace bastante bien, pero es un caso muy particular. Reino Unido y Estados Unidos usan otro método, el del alquiler equivalente: calculan cuánto pagarías por alquilar tu propia casa si no fuera tuya.

XL. Pero eso es bastante arbitrario, ¿no? Un número inventado.

S.W. Sí, no es perfecto. Pero es mejor: al menos reconoce que la vivienda tiene un coste, que no es gratis.

XL. Total, que en Europa estamos en un bucle...

S.W. Porque la decisión no la toma solo el BCE. Son grupos de trabajo donde cada país envía un representante y deciden conjuntamente. Siempre hay que encontrar un consenso entre países con situaciones muy diferentes.

XL. En su investigación, usted habla de un «problema de credibilidad». Eso es grave. Si la gente piensa que le están tomando el pelo con las estadísticas, al final deja de creer en las instituciones que las publican.

S.W. Sí, pero hay que entender que no es solo una cuestión de percepción o de confianza. Es que el índice armonizado de precios es la herramienta fundamental de política monetaria de la Unión Europea. Es lo que usa el BCE para tomar todas sus decisiones. Y esas decisiones tienen consecuencias enormes: determinan los tipos de interés, afectan a las hipotecas, condicionan los ajustes de las pensiones, influyen en la negociación salarial. Si el índice está mal hecho, todas esas decisiones se basan en información incompleta.

XL. Claro. Y si la inflación oficial se mantiene artificialmente baja, los Estados se ahorran un montón de dinero en ajustes de pensiones y salarios públicos…

S.W. Bueno, es cierto que los ajustes se basan en el IPC oficial. Y la gente sí siente cuando ciertos precios se disparan, como pasa con los alimentos. Pero lo que yo diría es que hay otro problema igual de grave, quizá más importante desde el punto de vista de estabilidad financiera.

XL. ¿Cuál?

S.W. Que, si no estás midiendo correctamente, como le he mencionado antes, no puedes detectar los sobrecalentamientos del mercado a tiempo. Lo vimos en 2022, cuando la inflación se disparó y muchos bancos centrales llegaron tarde a subir los tipos. Lo estamos viendo ahora con el boom de los precios de la vivienda en muchos países europeos. Y posiblemente pasó lo mismo antes de 2008. Si el índice no incluye la vivienda, llegas tarde a todo.

XL. Entonces, ¿incluir la vivienda en el índice oficial resolvería el problema de fondo, es decir, que se ha vuelto inasequible para la mayoría de la gente?

S.W. No. Para eso hacen falta políticas muy localizadas, nacionales o municipales. El BCE solo puede ayudar un poco cuando las cosas se ponen demasiado feas. Piense en Madrid o Barcelona: los precios están disparados. Pero piense en pueblos pequeños de España donde la gente se está marchando: ahí la historia es diferente. Y ambos son España. La política monetaria es una herramienta muy tosca para problemas tan locales.

 

30/01/2026 - NOVENTA AÑOS DESPUÉS

ARTURO PÉREZ-REVERTE 30/01/2026

Quedó demostrado en Sevilla: noventa años después de la Guerra Civil, cierta España sigue fiel a sus peores vicios. Otros pueblos evolucionan, aprenden, archivan traumas y los estudian con rigor. Nosotros los sacamos en procesión, les ponemos un lazo azul o rojo y se los restregamos en la cara al vecino. Después llega un aniversario casi redondo, y en vez de servir para un ejercicio de concordia, reflexión o simple decencia, nos sirve para otra refriega de tertulia, pancarta y eslogan. España cañí.

El problema principal no es la mala leche, que la hay, sino la alarmante falta de lecturas de todo cristo. Basta con escuchar a unos y otros

Buena parte de los políticos y muchos de sus sicarios se ven felices con la gresca. La izquierda, porque llamar fascista a quien discrepa ahorra argumentos y simplifica el discurso; la derecha, porque carece de soporte intelectual y está a lo que caiga; la extrema derecha, porque todo lo arreglaría desempolvando el brazo incorrupto de Queipo de Llano; la extrema izquierda, boicoteando cuanto no encaje en el negocio del que vive y quiere seguir viviendo; y los nacionatas periféricos, porque cada costura que cruje los pone cachondos. Pero el problema principal no es la notoria mala leche, que la hay, sino la alarmante falta de lecturas de todo cristo. Basta con escucharlos cuando hablan, e incluso cuando callan –en Sevilla han callado y hecho callar miserablemente unos cuantos–. Casi nadie ha leído un carajo, pero todos opinan como si hubieran estado en Brunete, en el Ebro, en las cunetas andaluzas o en Paracuellos.

Lo hemos comprobado estos días. La izquierda en su versión más extrema y analfabeta –la que más ruido hace– maneja la Guerra Civil como un cómic de Marvel: rojos buenos, fachas malos, una Arcadia feliz rota por obispos, banqueros y villanos con gomina y bigote. Todo cuanto no encaje en ese tebeo es blanquear a nazis. No hay matices, no hay contexto. La Historia para ellos no es una disciplina sino un cuento de hadas y hados. Y cuanto menos la conocen, más fuerte gritan. Leer a historiadores serios es sospechoso, citar datos es provocación. Recordar que hubo atrocidades en ambos bandos es de repugnantes fachas.

Pero que nadie se confunda: la derecha no es mejor. Deambula igual de perdida, pero anémica. Incapaz de articular un discurso intelectual sólido, sólo contribuye con torpeza y falta de honradez. Donde haría falta lucidez, ofrece miedo a molestar o simplezas de colegio. Salvo contadas excepciones, la derecha española es incapaz de comentar su pasado o el de otros sin parecer culpable, acomplejada o tonta del ciruelo. En vez de argumentar, balbucea. En vez de leer, improvisa. En vez de explicar, elude. Y a menudo, cuando abre la boca, es para decir alguna gilipollez que refuerza el recochineo adversario. El ruido la supera.

Luego tenemos a la extrema derecha, eco absurdo de un pasado que se obstina en no dejar morir: banderas con la gallina, gente que habla del 36 con una nostalgia asombrosa, como si el Caudillo fuera un entrañable abuelito cuya ausencia lamentan. Para ellos la Guerra Civil no fue una compleja tragedia desencadenada por un golpe militar ilegal e ilegítimo, sino una cruzada. Su idea de reconciliación nacional consiste en decir que la cosa estaba muy chunga y hubo que enderezarla a sangre y fuego. Es el reverso exacto de la extrema izquierda: misma ignorancia, misma estolidez, distinto uniforme. Dos caras del analfabetismo ibérico gritándose desde extremos opuestos mientras el país se queda en medio, harto y aburrido.

Y claro. No podían faltar los periodistas sectarios que no han dado una noticia en su vida, pero opinan según les llenan el pesebre. No leen, no contextualizan, no dudan: editorializan disfrazando la opinión de noticia. Y se lanzan al espectáculo con maneras previsibles para confirmar al espectador lo que ya sabemos de todos ellos. Aquí no se cierran heridas porque mucha gentuza vive de atrincherarse en ellas para dividir, señalar, movilizar. Pocos se atreven a decir lo obvio: que fue una catástrofe colectiva desencadenada por un sector del Ejército, que no hubo pureza moral, que la matanza fue general, que hubo héroes e hijos de puta en ambos bandos, y que usarla hoy como arma política es una forma repugnante de insultar a quienes –nuestros padres y abuelos– se vieron atrapados en aquel disparate.

Y así estamos, noventa años después: una izquierda irresponsable, una derecha incompetente, una extrema derecha que sueña con dictadores y una extrema izquierda que, si pudiera, haría listas de candidatos para la checa. ¿Por qué? La respuesta es tan española que da náuseas: porque casi un siglo después seguimos prefiriendo el eslogan al libro, el grito al argumento y el pasado como arma en lugar de como lección. Sean ustedes bienvenidos a nosotros mismos.

 

31/01/2026 - NECROFILIA POPULAR, IRRELEVANCIA DE LOS MUERTOS (I)

Cada día que pasa entra en mi consideración con más fuerza el auspicio de que ciertas vergüenzas políticas se enquistan. Llegaron para quedarse también con la democracia y vaya si se han quedado. Es el caso de la corrupción política, que cada vez que uno ojea algo en algún medio se encuentra una nueva podredumbre que añadir al innumerable listado de sumarios conocidos. Muy poca gente de la política se escapa en España de algo que esconder. De tal manera que si no ha metido la mano en la caja (algo ya muy común), ha usado su influencia, el nepotismo, para con amigos o familiares. El tema está demasiado tratado y no voy a insistir porque ya lo hacen unos políticos contra otros y unos medios de información también contra otros para defender sus ideales editoriales, que, dicho sea de paso, en muchas ocasiones dejan bastante que desear por sus malintencionados propósitos de catequizar el adoctrinamiento.

Parece ser que todos los partidos políticos necesitan de algo más de lo que les corresponde por su representatividad para mantenerse, y, curiosamente, en este país, mantener un enjambre de personas viviendo de la política, cerca de ¡500.000! según las estimaciones fiables, unas cuatro veces más que Alemania, por ejemplo, que nos dobla en número de habitantes y tiene 16 Länder (Estados Federales, el equivalente a nuestras Comunidades Autónomas), o sea, casi las mismas entidades políticas.     

Pero, amén de lo dicho, lo que a mí más me llama la atención, es lo que ocurre en el Partido Popular en lo referente a los muertos por distintas causas no siempre imprevisibles. Para el PP, da la impresión de que “sus culpas” en los casos en los que hemos tenido que soportar tantos fallecimientos, es algo que consideran como chilindrinas, cosas de poca importancia. En el PP, da la impresión de que eso de la necrofilia (la atracción por la muerte y lo relacionado con ella) es algo irrelevante. Algo que no les preocupa en absoluto, se supone que, porque están convencidos de que “no hay delito, absolutamente ninguno, que no pueda ser tolerado cuando nuestro lado lo comete”, que dijo Orwell. Además, de que como también señaló Orwell, “el nacionalista no sólo no desaprueba las atrocidades cometidas por su propio lado, sino que tiene una extraordinaria capacidad para ni siquiera oír hablar de ellas”. Dan por bueno el oxímoron “silencio atronador”.   

Voy a detallar los múltiples casos que me vienen a la memoria (discúlpenme sino lo hago cronológicamente) en los que los populares se han visto involucrados, pero que ellos consideran como algo sin importancia, y los medios afines tratan de que, de alguna forma, no les suponga el menor deterioro electoralista a pesar de la gravedad que una muerte sin motivo suceda, y más cientos de muertes:

El “caso de las bombas en los trenes de Madrid”. El 11M.

Se refiere a los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, perpetrado por una célula yihadista que detonó diez bombas en cuatro trenes de cercanía en horas punta, resultando 192 muertos (luego se añadiría uno más, un policía de élite) y casi 2.000 heridos (1.893, que luego serían 2.057), siendo el mayor ataque terrorista en la historia de España y de la UE, y provocando un gran impacto social y político en el país.

Jueves 11 de marzo de 2004, cuatro trenes de cercanías en Madrid (estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y Chamartín) recibieron la detonación de diez bombas en vagones abarrotados, y dos más fueron desactivadas. La autoría, una célula terrorista vinculada a Al Qaeda sin vínculos con ETA. El motivo, se cree que la participación de España en la guerra de Irak (2003) fue un factor clave. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco en la localidad de Leganés, que acorralados se inmolaron matando en la explosión a la víctima 193 antes reseñada de un policía de élite.

Pocos días después, se celebraron elecciones generales en España, que resultaron en un cambio de gobierno. El PSOE ganó las elecciones del 2004 al PP y el gobierno pasó de Aznar a Zapatero (en la Wikipedia se puede ver con más detalles todo lo ocurrido). El PP no aceptaba lo del ataque terrorista y siguió inculpando a ETA para intentar sacar rédito político durante mucho tiempo, sin importarle en absoluto los muertos, es decir, mostrando una gran irrelevancia por ellos al estar demostrado que Aznar fue el que dio lugar a esta masacre con haber metido a España en una guerra (en la que hay que añadir dos soldados muertos) sólo por motivos personales de su egocentrismo desmesurado y absoluta sumisión al Imperio Yanqui. Quiero recordar que Zapatero retiró a las tropas españolas, y que la manifestación contra la guerra es la mayor que se ha celebrado en nuestro país. Resumen para empezar: 193 muertos irrelevantes

EL Yack-42 o Yak-42.

Se refiere principalmente a un avión de transporte trimotor soviético y, más tristemente, a la tragedia del 26 de mayo de 2003 en Turquía, donde 62 militares españoles que regresaban de Afganistán fallecieron en un accidente aéreo, el mayor de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz. El avión, un modelo Yakovlev Yak-42, era de fabricación soviética y subcontratado, y el accidente generó gran controversia por fallos en la contratación y la identificación de las víctimas. Se investigaron errores en la contratación del avión y fallos en la identificación de los restos de los fallecidos, lo que causó gran dolor a las familias durante años (la Audiencia Nacional condenó a tres años de prisión al general médico Vicente Navarro y a 18 meses a los dos comandantes que repartieron a voleo las identidades. Navarro falleció antes de entrar en prisión y los dos comandantes fueron indultados a los cuatro meses de llegar el PP al poder, a finales de 2011). Mientras, Federico Trillo, ministro de Defensa, siguió en su escaño en el Congreso hasta 2012. Después, con el PP en el gobierno, se fue como embajador de España a Reino Unido, donde estuvo hasta 2017, cuando le censaron tras el informe demoledor del Consejo de Estado que le responsabilizaba directamente del accidente del Yak-42.

En Resumen, Yack-42 es un nombre que evoca tanto una pieza de la aviación soviética como una de las páginas más dolorosas para el ejército y las familias españolas. Para el Partido Popular una más que añadir a su historial de falta de sensibilidad para con las víctimas. Seguimos sumando: 193+62=255 muertos irrelevante.

El metro de Valencia.

Lo más relevante que ha pasado en el metro de Valencia fue el trágico accidente del 3 de julio de 2006, cuando un tren de la línea 1 descarriló cerca de la estación de Jesús por exceso de velocidad (80 km/h, el doble del límite), causando 43 muertos y 47 heridos, en un suceso que las víctimas y sus familias denunciaron como evitable, criticando la gestión política y la falta de responsabilidades. La causa se atribuyó al exceso de velocidad del maquinista, quien falleció, pero las víctimas denunciaron falta de transparencia y la ausencia de responsabilidades políticas por fallos en la señalización y mantenimiento, que nunca se reconocieron oficialmente, a pesar de las investigaciones y la lucha de los familiares.

El partido político que gobernaba la Comunidad Valenciana en 2006 era el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Francisco Camps Ortiz ejercía como presidente de la Generalidad Valenciana, habiendo asumido el cargo en junio de 2003 y revalidándolo en las elecciones de 2007, manteniéndose en el poder durante todo ese periodo, y ahora quiere volver. La alcaldesa de Valencia cuando ocurrieron los hechos, Rita Barberá (ya fallecida), era también del Partido Popular. Vaya suerte tienen los valencianos, más adelante hablaremos de la Dana. Seguimos sumando:193+62+43=298.

Debido a la importancia y la amplitud de lo que estoy tratando (recordándoselo a todos) he decidido -para dar un respiro- dividir el escrito. En unos días, la segunda parte, que iniciaré con “Los ancianos de Madrid”.

 

31/01/2026 - PRIMERO MISA Y COMULGAR, LUEGO MENTIR, ATACAR A INMIGRANTES Y ODIAR AL ADVERSARIO

 

Los dirigentes de la derecha española presumen de fe, de tradición y de valores cristianos, pero cuando bajan del altar hacen política o incluso gobiernan como si el Evangelio fuera un folleto publicitario

JUAN TORRES LÓPEZ 31/01/2026

Los principales líderes de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, hacen constantes manifestaciones públicas de catolicismo. En las pasadas fiestas de diciembre incluso gastaron abundante munición mediática para criticar a sus adversarios que las felicitaban en general y no como Navidad.   Feijóo acaba de decir hace pocos días que los ideales de su partido son «la libertad, la paz, la democracia, la sostenibilidad, la defensa del Estado de Derecho y la tradición y la cultura cristiana». Aunque Abascal afirma que su partido no es confesional y que en él caben personas de diferentes creencias, en diversas ocasiones se ha declarado expresamente católico. Y lo mismo ocurre, e incluso en mayor grado, con Díaz Ayuso. En su último discurso navideño, dijo que «el nacimiento de Jesús es un mensaje de amor y verdad» y que «ser católico es la antítesis de ser racista o insolidario».   La derecha española ha sido siempre de sacristía y siempre ha presumido de alma limpia y conciencia recién planchada. Sus líderes se santiguan en público, comulgan y hacen continua ostentación de fe. Pero salen de las iglesias y acto seguido se ponen a mentir con tranquilidad pasmosa.     No exagero. Estos últimos días lo están haciendo sin piedad, vergüenza ni límite para combatir no a la regularización de inmigrantes en sí, sino al gobierno -según ellos enemigo de España- que ha aprobado la medida (defendida entre otras instituciones por la Conferencia Episcopal y las patronales de sectores en donde se emplea a mayor número de trabajadores extranjeros). Denuncian los dirigentes de la derecha que la regularización del gobierno de Pedro Sánchez modificará el censo electoral.   Dejando a un lado que dan por hecho que los inmigrantes regularizados votarían en masa a la izquierda -lo que desde luego estaría por ver-, se trata de una afirmación mentirosa porque en España (como en todos los países) sólo votamos los nacionales, y una cosa es regularizar y otra nacionalizar.   No cabe pensar ni por un momento que Feijóo, Ayuso y Abascal y su plétora de asesores no sepan la diferencia entre ambos procesos, de modo que es inevitable asegurar que están mintiendo a sabiendas.   Los dirigentes de la derecha española presumen de fe, de tradición y de valores cristianos, pero cuando bajan del altar hacen política o incluso gobiernan como si el Evangelio fuera un folleto publicitario que reparten para captar votos.   Y no sólo mienten, sino que mantienen completamente alterados los valores y principios éticos que cabe asociar con el catolicismo. Se supone que ser cristiano es seguir a Jesús de Nazaret quien, según el Evangelio de Mateo, dijo: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles (…) era forastero, y no me acogisteis».   Feijóo, Abascal y Ayuso mienten y criminalizan sin misericordia a las personas que trabajan a nuestro alrededor, empleadas allí donde nosotros no queremos trabajar, o que vienen a suplir nuestra falta de mano de obra. Y lo hacen, además de mintiendo, con inhumano desprecio, como igualmente le sucedió a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quien también ha confesado en diversas ocasiones su ferviente catolicismo. En noviembre de 2024 dijo: «He sido bendecido por el don de la fe», pero su ayuntamiento prohibió que una ONG repartiera bocadillos a personas sin hogar. A diferencia, como en los casos anteriores, de la enseñanza de Jesús: “… tuve hambre, y no me disteis de comer».   La fe católica de los dirigentes de la derecha española es de quita y pon. Se la lleva el humo cuando se trata de ayudar al débil o de repartir la riqueza: «Lo más grave de la ley es la justicia, la misericordia y la fidelidad» (digo yo, que esta última también aplicada a la verdad).   La regularización de inmigrantes no da papeles automáticos, no concede nacionalidad, no otorga derecho a voto, no convierte a nadie en delincuente ni supone invasión alguna. Es simplemente un intento -modesto y hasta tardío- de sacar de la clandestinidad a personas que ya viven y trabajan en nuestro país, al que de esa forma ayudan a sostener y hacer más grande y próspero. Pero mentir sale más barato que pensar, el miedo moviliza más que la verdad y a estos dirigentes que presumen de católicos le vale todo para acabar con sus adversarios.   Ahora bien, si la fe de los Abascal, Feijóo y Ayuso no parece muy coherente por todo esto que señalo, el príncipe de los sepulcros blanqueados («¡escribas y fariseos, hipócritas!: por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre») es, sin lugar a dudas, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.   Este va mucho más lejos. No sólo no se pronuncia con las palabras de Jesús que he mencionado, ni habla como quien cree en ese Dios justo y misericordioso, sino creyendo que él mismo es Dios omnisciente y que, por tanto, dispone de la capacidad que ningún ser humano tiene: la de saber las intenciones reales de cualquier otro y, en este caso, las de Pedro Sánchez y su gobierno cuando proponen la regularización.   Según este obispo, no la han aprobado por las razones que han señalado: dar un justo estatus legal, seguridad jurídica, derechos y una vía ordenada de integración a miles de personas que ya están entre nosotros, la inmensa mayoría de ellas conviviendo aquí en paz y generando riqueza; para favorecer la cohesión social y la dignidad humana, permitiendo que ejerzan sus actividades legalmente y reciban las contraprestaciones que legalmente les corresponda; para desarrollar una política migratoria basada en derechos humanos, integración y convivencia, no sólo compatible sino que impulsa el crecimiento económico; y para atender la demanda ciudadana plasmada en una Iniciativa Legislativa Popular suscrita por cientos de miles de firmas.   No. El Obispo asegura que esta medida se ha tomado como “estrategia para conseguir otros fines”, para hacer «patente el desprecio de nuestros gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utilizan como moneda de cambio…».   Dijo Jesús en su Sermón de la montaña: «Guardaos bien de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Por sus frutos los conoceréis».   Por mucha Misa a la que vayan y organicen, por muchas veces que comulguen y por muy abundantes que sean sus declaraciones de fe, los dirigentes de la derecha española no pueden disimular cuáles son sus actos reales. Por sus frutos se les puede conocer perfectamente y por eso se les puede decir exactamente lo mismo que dijo Jesús a los fariseos: «Os hacéis pasar por justos delante de la gente, pero vuestro interior está lleno de hipocresía y maldad».   Mucha misa, mucha comunión y mucho símbolo y actos religiosos… pero poca justicia, poca misericordia y demasiada mentira.   PD. Después de haber publicado este artículo, una amiga me envía un video de hace unos años en el que se ve a Isabel Díaz Ayuso declarando que no es creyente. Más engaño todavía.

 

31/01/2026 - ESPECULACIÓN, NEGOCIO Y ABUSO CON LA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL EN LAS COMUNIDADES GOBERNADAS PO EL PP

Comentario: Parece ser que eso de una vivienda digna que dice la Constitución es sólo para los señoritos y sus familiares del Partido Popular. ¡Viva la Constitución! ¡¡¡ Viva España!!!

El último caso detectado en Alicante, denunciado por el PSPV como un "pelotazo", es solo un episodio más de la corrupción urbanística, sobre todo en Madrid y Valencia

Marcos López 31/01/2026

El PSPV-PSOE en el ayuntamiento de Alicante llevará a la Agencia Antifraude el que considera un “pelotazo urbanístico” en torno a las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del PP en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, informa Efe. El Consell de Juanfran Pérez Llorca ha salido en defensa de la gestión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de su equipo de gobierno ante la crisis generada tras conocerse que varios cargos del consistorio y sus parientes han resultado beneficiarios de adjudicaciones de vivienda pública protegida en la primera promoción de este estilo en la ciudad en veinte años, según informa Levante-EMV.

No es la primera vez que el PP se ve envuelto en casos de fraude con viviendas de Protección Oficial, algo sangrante en un país donde encontrar casa se ha convertido en toda una odisea para muchos ciudadanos. La vivienda VPO nació para garantizar el acceso a un hogar digno a precios asequibles. Sin embargo, en los últimos años, distintos casos han puesto bajo el foco a administraciones gobernadas por el Partido Popular, donde la gestión de este tipo de vivienda ha derivado en polémicas, privatizaciones cuestionadas y operaciones que, según denuncias públicas, han beneficiado a fondos privados o empresas vinculadas al sector inmobiliario. Desde la Comunidad de Madrid hasta la Comunidad Valenciana, pasando por ayuntamientos clave, se ha configurado un patrón que ha alimentado la percepción de que la VPO se ha convertido en un negocio más que en un servicio público.

Uno de los casos más conocidos es la venta de casi 3.000 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión como Blackstone. La operación, realizada bajo gobiernos del PP, fue posteriormente anulada por los tribunales por considerarse perjudicial para el interés público. Decenas de familias vulnerables vieron cómo sus alquileres se disparaban o eran expulsadas de sus hogares. El Tribunal de Cuentas también cuestionó la operación por el bajo precio de venta y la falta de justificación económica. Finalmente, el Supremo avaló la venta de 41 pisos a Blackstone y eliminó la posibilidad de que los inquilinos los compraran a precio de saldo. Las viviendas pertenecían al lote de 1.860 viviendas que el Gobierno municipal de Ana Botella entregó al fondo de inversión y que después provocó la subida de los alquileres protegidos a sus residentes.

Distintas organizaciones sociales han denunciado que la política de vivienda del PP en Madrid ha favorecido la recalificación de suelo público y la cesión de parcelas destinadas a VPO para proyectos privados. En algunos casos, promociones inicialmente calificadas como protegidas acabaron siendo convertidas en vivienda libre, generando beneficios millonarios para promotoras privadas. La falta de control sobre el mantenimiento de la calificación protegida ha sido un punto recurrente de crítica. Desde Ganar Alcorcón denuncian una situación que se está dando en el municipio madrileño y otras partes del país: la venta ilegal de viviendas protegidas en el municipio. Estas viviendas se estarían vendiendo por encima del precio marcado por la Administración pública a través de una parte no declarada 'en B' impuesta por algunos propietarios. Esta práctica, para la formación municipalista, es “un ataque contra el derecho a la vivienda en nuestro país”. 

“La vivienda pública tiene un objetivo central: facilitar el acceso a miles de familias a una vivienda digna y asequible. Este tipo de prácticas atentan contra un derecho constitucional de la ciudadanía. Es especular con algo de lo que en su día se beneficiaron gracias al esfuerzo público de todas y de todos”, ha denunciado Miriam Benítez, portavoz y concejala de Ganar Alcorcón. David López, concejal de Ganar Alcorcón, responsable del área de Patrimonio de la ciudad, ha asegurado que, según señalan estas denuncias vecinales “las inmobiliarias son las intermediarias necesarias para llevar a cabo esta estafa contra la ciudadanía de Alcorcón”. “Por ello, exigimos a la Comunidad de Madrid [gobernada por Isabel Díaz Ayuso], que es quien tiene las competencias en vivienda, que ponga los recursos necesarios para investigar la venta ilegal de VPO en nuestra región. Eso pasa por obligar a las inmobiliarias que especulan con este derecho a ser mucho más transparentes en la compra-venta de estas viviendas y a retirar inmediatamente cualquier anuncio que no cumpla la legalidad vigente”, ha recalcado David López. 

Madrid se ha convertido en el territorio sin ley del mercado de la vivienda social. Casi 200 vecinos del barrio madrileño de Ensanche de Vallecas podrían quedarse en la calle en los primeros meses de 2026. Sus viviendas, de alquiler asequible, han sido vendidas a un fondo de inversión, que ya les ha comunicado que no va a renovar los contratos cuando vayan venciendo. Durante el pasado mes de octubre, los vecinos se enteraron de que sus promociones (cuyo plazo como VPO había expirado y, por tanto, habían pasado al mercado libre) se habían vendido al fondo de inversión con quien no han podido negociar. “Te llegan unas cartas de que te van a echar a la calle. Cuando estás pagando bien, estás haciendo las cosas correctamente no me parece ni lo correcto, ni lo normal. Y bueno, pues ahora tienes una angustia y un sinvivir”, afirma Javier, vecino que se mudó al Ensanche en 2012 tras perder su casa por la crisis de la burbuja inmobiliaria, informa la Cadena Ser.

Durante la investigación del caso Gürtel se hallaron operaciones relacionadas con el urbanismo, adjudicaciones amañadas, contratos inflados, comisiones ilegales, convenios urbanísticos irregulares y venta de suelo. En varias comunidades gobernadas por el PP se ha optado por ceder suelo público a grandes promotoras para construir vivienda libre o de precio tasado, en lugar de impulsar directamente vivienda protegida. Organizaciones como el Observatorio de la Vivienda han denunciado que esta estrategia reduce el parque público y favorece la especulación. En algunos casos, los contratos incluían cláusulas que permitían a las empresas vender los inmuebles a precios de mercado tras un periodo muy breve. Tres de cada cuatro viviendas de VPO en España están construidas por promotores privados. La colaboración público-privada, tan socorrida y recurrente en las regiones gobernadas por la derecha, sigue dando buenos números en la cuenta de resultados.

Otra crítica recurrente es la permisividad en la descalificación anticipada de viviendas protegidas, lo que permite a propietarios y promotoras venderlas como vivienda libre. En comunidades gobernadas por el PP, se han detectado descalificaciones que han reducido drásticamente el parque de vivienda asequible. En algunos casos, la Administración no recuperó ayudas públicas ni sancionó incumplimientos. La descalificación de una vivienda protegida es competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que son las administraciones autonómicas las responsables de establecer, en su caso, el procedimiento administrativo correspondiente, según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La descalificación voluntaria de una vivienda sujeta a protección es aquel procedimiento cuyo objeto consiste en que dicha vivienda pierda su condición de protegida antes de finalizar el plazo previsto inicialmente, siendo por tanto una vivienda libre a partir de ese momento. Si no existen controles férreos por parte de las administraciones municipales y autonómicas, puede ser un foco de especulación.

El último caso detectado en Alicante es un episodio más en un sector caótico y desrregularizado. La portavoz socialista en el consistorio, Ana Barceló, aseguró ayer que “nos encontramos con un pelotazo de una promoción (de vivienda pública) de lujo en la Playa de San Juan para personas que por contactos o por tener información acceden a una vivienda imposible para cualquier otro vecino de Alicante”. Ha puesto de manifiesto que en Alicante hay 5.500 familias registradas en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) “para adquirir una vivienda” y ha añadido que “cada día se marchan de la ciudad jóvenes y familias por no poder acceder a un alquiler asequible, y menos a una vivienda”.

Para Barceló, este caso es una “promoción de lujo levantada en la Playa de San Juan” con gimnasio, pádel, piscinas y garaje sobre un suelo municipal. Tiene un alto precio en el mercado libre. Por lo tanto, es “muy golosa” y ha lamentado que haya ido a parar a familiares de cargos del PP. “Desconocemos qué va a pasar a partir de ahora”, insistió.

 

30/01/2026 - AYUSO INSTRUMENTALIZA EL HOLOCAUSTO PARA NEGAR EL ASESINATO DE MÁS DE 70.000 MUJERES Y NIÑOS PALESTINOS

Comentario: Muy breve, me pregunto si podremos algún día los españoles -y muy especialmente los madrileños- quitarnos de en medio esta HIENA de la política.

Cómo el discurso de la presidenta madrileña falsea la historia, el derecho internacional y la realidad de Palestina

Agustín Millán 30/01/2026

Rememorar el Holocausto es un deber moral, histórico y democrático. Precisamente por eso resulta tan grave cuando ese recuerdo se instrumentaliza para justificar, blanquear o directamente negar otras violaciones masivas de derechos humanos. El discurso pronunciado por Isabel Díaz Ayuso en un acto oficial de homenaje a las víctimas del nazismo incurre en esa deriva: utiliza una memoria sagrada para construir un relato político que excluye, distorsiona y falsea lo que está ocurriendo hoy en Palestina bajo el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Conviene desmontar, punto por punto, las afirmaciones centrales de su intervención.

El Holocausto no legitima la impunidad presente

Ayuso afirma que Auschwitz fue consecuencia de un Estado que renunció a la verdad y a la ley, elevando el odio a categoría política. Es una descripción correcta. Lo que resulta intelectualmente deshonesto es no aplicar ese mismo principio a la actualidad. El derecho internacional humanitario existe precisamente para evitar que ningún Estado —sea cual sea su historia— quede por encima de la ley.

Desde octubre de 2023, Gaza ha sufrido una ofensiva militar sin precedentes: decenas de miles de civiles muertos, una mayoría mujeres y niños, hospitales y escuelas destruidos, desplazamientos forzosos masivos y una catástrofe humanitaria reconocida por Naciones Unidas, la OMS, UNICEF, ACNUR y múltiples ONG internacionales. Negar ese contexto o silenciarlo en un acto público sobre memoria histórica no es neutralidad: es tomar partido por la impunidad.

Recordar el Holocausto no obliga a callar ante Gaza. Obliga, precisamente, a no mirar hacia otro lado.

Confundir crítica a Israel con antisemitismo es una falacia peligrosa

Uno de los ejes del discurso de Ayuso es equiparar las críticas al Estado de Israel con un supuesto “odio a Israel y al pueblo judío” promovido por movimientos totalitarios. Esta es una de las falsedades más repetidas por la extrema derecha global.

El antisemitismo es una forma específica de racismo y debe combatirse sin ambigüedades. Pero criticar la actuación de un gobierno concreto —el de Netanyahu—, denunciar crímenes de guerra o exigir el cumplimiento del derecho internacional no es antisemitismo. Así lo han afirmado juristas israelíes, organizaciones judías progresistas, relatores de la ONU y supervivientes del Holocausto.

Identificar Estado, gobierno y pueblo es una simplificación interesada que borra la pluralidad del propio Israel y silencia a miles de judíos que se oponen a la ocupación y a la guerra. Esa confusión, lejos de proteger al pueblo judío, lo instrumentaliza políticamente.

La manipulación del concepto de “defensa de la vida”

Ayuso sostiene que Israel da un “ejemplo de defensa de la vida” del que “nos beneficiamos todos”. Los hechos desmienten esa afirmación. La doctrina militar aplicada en Gaza ha incluido bombardeos indiscriminados, castigos colectivos, bloqueo de alimentos y energía, y ataques contra infraestructuras civiles protegidas por el derecho internacional.

La Corte Internacional de Justicia ha advertido de un riesgo real de violación de la Convención para la Prevención del Genocidio y ha exigido medidas cautelares. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras han documentado posibles crímenes de guerra. Defender la vida no puede significar justificar la muerte masiva de civiles por razón de su origen o lugar de nacimiento.

El uso cínico de la infancia

El discurso apela reiteradamente a los niños, pero solo a unos niños. Se condena —con razón— el sufrimiento de menores israelíes víctimas del terrorismo de Hamás, pero se omite deliberadamente que miles de niños palestinos han muerto, han sido amputados, han quedado huérfanos o viven bajo bombardeos continuos.

No hay infancia sagrada y otra prescindible. No hay niños “utilizados” y otros invisibles. Utilizar el dolor infantil de forma selectiva es una forma de deshumanización, exactamente el mecanismo que la memoria del Holocausto debería impedir.

La falacia de la civilización amenazada

Ayuso recurre a un marco ideológico clásico del nuevo autoritarismo: la idea de que Occidente está al borde del suicidio si no se alinea sin fisuras con Israel. Este relato es compartido por Trump, Netanyahu, Orbán, Milei o Abascal. Todos ellos presentan el derecho internacional, la crítica, la universidad o la prensa como enemigos internos.

Pero la verdadera amenaza para la civilización democrática no es denunciar crímenes de guerra, sino normalizarlos. No es exigir derechos humanos, sino relativizarlos según quién sea la víctima. La historia europea demuestra que cuando se jerarquiza el valor de las vidas, el siguiente paso es el autoritarismo.

Memoria sí, pero completa y honesta

El Holocausto no pertenece a ningún gobierno ni a ninguna ideología. Es patrimonio moral de la humanidad. Utilizarlo para negar otras tragedias contemporáneas no solo es una falta de respeto a las víctimas palestinas, sino también a las víctimas judías del nazismo.

La memoria no puede ser selectiva. La ley no puede aplicarse solo a unos. Y la dignidad humana no admite excepciones geopolíticas. Defender todo lo contrario, como hace Ayuso en su discurso, no es honrar el pasado: es traicionarlo.

Recordar Auschwitz exige una ética universal. Todo lo demás es propaganda.