Todo son ventajas para la sociedad con una medida que sacará a más de medio millón de personas del infierno de la clandestinidad
Marcos López 27/01/2026
La
regularización es beneficiosa para una sociedad.
La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el
Gobierno de Sánchez ha reactivado uno de los debates más polarizados de la
política española. En redes sociales, el ruido ha sido inmediato: acusaciones
de “efecto llamada” (lanzadas por el PP de Feijóo y la extrema derecha de Vox),
advertencias de “colapso de servicios públicos” y mensajes que hablan de “medio
millón de nuevos beneficiarios de ayudas”. Pero ¿qué hay de cierto en todo
esto? ¿Qué dicen realmente los datos? ¿Y qué parte pertenece al
terreno del miedo y la desinformación?
En un país donde la inmigración se ha convertido en un arma arrojadiza,
separar hechos de bulos es más necesario que nunca. Para empezar, ¿a quién afecta realmente la regularización? La
medida está dirigida a personas que ya viven en España, no a quienes lleguen en
el futuro. Según las estimaciones oficiales, más de 500.000 personas podrían
beneficiarse, siempre que cumplan requisitos como: estar en España antes del 31
de diciembre de 2025; llevar al menos cinco meses en el país; y no tener antecedentes penales. Es decir, no se trata
de “abrir fronteras”, sino de dar estatus legal a quienes ya forman parte de la
sociedad española, trabajan, consumen y pagan impuestos indirectos.
Uno de los bulos más repetidos es que esta medida “atraerá a millones de personas”. Sin embargo, las
regularizaciones extraordinarias no generan aumentos significativos de
llegadas, según estudios de la Comisión Europea y de organismos independientes.
La razón es simple: los requisitos se aplican a quienes ya están dentro del
país, no a quienes lleguen después. No hay, por tanto, “efecto llamada”. El miedo a la
“invasión” y al “reemplazo de razas” que propala Santiago Abascal no es más que
xenofobia.
Uno de los argumentos más sólidos a favor de las regularizaciones es su
impacto económico. España tiene un problema estructural: un mercado laboral
envejecido, una natalidad en mínimos históricos y una Seguridad Social que necesita
más cotizantes. Regularizar a personas que ya trabajan (muchas
veces en negro) tiene efectos directos: aumenta la recaudación en
cotizaciones y en IRPF; reduce la economía sumergida; y mejora las condiciones
laborales de sectores como cuidados, agricultura, hostelería o construcción.
Además, permite que miles de personas accedan a contratos formales y derechos
básicos. Se cohesiona la sociedad, se evitan guetos y se mejora la convivencia
social. Todo son ventajas.
En la regularización de 2005, por
ejemplo, los ingresos por cotizaciones crecieron de forma notable en los años
siguientes. No porque llegara más gente, sino porque quienes ya estaban aquí
pasaron a cotizar. La evidencia internacional apunta en la misma dirección:
regularizar no empobrece al país; lo hace más transparente y productivo.
Contenido relacionado
La regularización masiva de Sánchez rearma a la izquierda frente
al racismo trumpista
Marcos López
Otro de los mensajes más difundidos por la extrema derecha en redes es que
la regularización “saturará” sanidad, educación o servicios sociales. No es
cierto. Los estudios demográficos muestran que la población inmigrante es, de
media, más joven que la española, usa menos servicios sanitarios que la
población nacional y contribuye más en impuestos de lo que recibe en
prestaciones. Además, la mayoría de las personas que se regularizan ya utilizan
los servicios públicos, porque viven en España desde hace años. La regularización no multiplica su presencia: simplemente les da
un estatus legal.
En educación, por ejemplo, la llegada de alumnado extranjero ha permitido
mantener abiertas escuelas en zonas rurales que estaban al borde del cierre. En
sanidad, la población inmigrante suele acudir menos al médico porque es más
joven y tiene menos enfermedades crónicas.
Las redes sociales amplifican los mensajes más emocionales, no los más
precisos. Y el miedo es una emoción poderosa. La idea de “medio millón de
personas nuevas” genera alarma, aunque no sea cierta. La realidad es que no son
nuevas: ya viven aquí, trabajan aquí y forman parte del tejido social. El discurso del miedo funciona porque simplifica un fenómeno
complejo. Pero la evidencia no respalda la idea de que
regularizar aumente la delincuencia, colapse servicios o genere caos. De hecho,
la regularización suele reducir la vulnerabilidad y mejorar la convivencia,
porque las personas dejan de vivir en la sombra.
Para quienes se beneficien, cambia casi todo: acceso a contratos formales,
posibilidad de cotizar y tener derechos laborales, acceso a formación reglada,
mayor estabilidad familiar, protección frente a abusos y explotación. Para el
país, los cambios son más estructurales: más cotizantes, menos economía
sumergida, mayor control administrativo, mejor integración social, y reducción
de la irregularidad, que es siempre un factor de riesgo.
La regularización no es una medida improvisada ni inédita. España ha
realizado varias en las últimas décadas, y países como Italia, Portugal,
Francia o Alemania han hecho lo mismo en distintos momentos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario