Comentario: Parece ser que eso de una vivienda digna que dice la Constitución es sólo para los señoritos y sus familiares del Partido Popular. ¡Viva la Constitución! ¡¡¡ Viva España!!!
El último caso detectado en Alicante,
denunciado por el PSPV como un "pelotazo", es solo un episodio más de
la corrupción urbanística, sobre todo en Madrid y Valencia
Marcos López 31/01/2026
El PSPV-PSOE en el ayuntamiento de Alicante llevará a la Agencia Antifraude
el que considera un “pelotazo urbanístico” en torno a las posibles
irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas a altos cargos del PP
en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, informa Efe. El Consell de
Juanfran Pérez Llorca ha salido en defensa de la gestión del alcalde de
Alicante, Luis Barcala, y de su equipo de gobierno ante la crisis generada tras
conocerse que varios cargos del consistorio y sus parientes han resultado
beneficiarios de adjudicaciones de vivienda pública protegida en la primera
promoción de este estilo en la ciudad en veinte años, según informa Levante-EMV.
No es la primera vez que el PP se ve envuelto en casos
de fraude con viviendas de Protección Oficial, algo sangrante en un país donde
encontrar casa se ha convertido en toda una odisea para muchos ciudadanos. La
vivienda VPO nació para garantizar el acceso a un hogar digno a precios
asequibles. Sin embargo, en los últimos años, distintos casos han puesto bajo
el foco a administraciones gobernadas por el Partido Popular,
donde la gestión de este tipo de vivienda ha derivado en polémicas,
privatizaciones cuestionadas y operaciones que, según denuncias públicas, han
beneficiado a fondos privados o empresas vinculadas al sector inmobiliario.
Desde la Comunidad de Madrid hasta la Comunidad Valenciana, pasando por
ayuntamientos clave, se ha configurado un patrón que ha alimentado la
percepción de que la VPO se ha convertido en un negocio más que en un servicio
público.
Uno de los casos más conocidos es la venta de casi
3.000 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión como
Blackstone. La operación, realizada bajo gobiernos del PP, fue posteriormente anulada
por los tribunales por considerarse perjudicial para el interés público.
Decenas de familias vulnerables vieron cómo sus alquileres se disparaban o
eran expulsadas de sus hogares. El Tribunal de Cuentas también cuestionó la
operación por el bajo precio de venta y la falta de justificación económica.
Finalmente, el Supremo avaló la venta de 41 pisos a Blackstone y eliminó la
posibilidad de que los inquilinos los compraran a precio de saldo. Las
viviendas pertenecían al lote de 1.860 viviendas que el Gobierno municipal de
Ana Botella entregó al fondo de inversión y que después provocó la subida de
los alquileres protegidos a sus residentes.
Distintas organizaciones sociales han denunciado que la política de
vivienda del PP en Madrid ha favorecido la recalificación de suelo público y la
cesión de parcelas destinadas a VPO para proyectos privados. En algunos casos,
promociones inicialmente calificadas como protegidas acabaron siendo
convertidas en vivienda libre, generando beneficios millonarios para promotoras
privadas. La falta de control sobre el mantenimiento de la calificación
protegida ha sido un punto recurrente de crítica. Desde Ganar Alcorcón
denuncian una situación que se está dando en el municipio madrileño y otras
partes del país: la venta ilegal de viviendas protegidas en el municipio. Estas
viviendas se estarían vendiendo por encima del precio marcado por la
Administración pública a través de una parte no declarada 'en B' impuesta por
algunos propietarios. Esta práctica, para la formación
municipalista, es “un ataque contra el derecho a la vivienda en nuestro
país”.
“La vivienda pública tiene un objetivo central: facilitar el acceso a miles
de familias a una vivienda digna y asequible. Este tipo de prácticas atentan
contra un derecho constitucional de la ciudadanía. Es especular con algo
de lo que en su día se beneficiaron gracias al esfuerzo público de todas y de
todos”, ha denunciado Miriam Benítez, portavoz y concejala de Ganar
Alcorcón. David López, concejal de Ganar Alcorcón, responsable
del área de Patrimonio de la ciudad, ha asegurado que, según señalan estas denuncias
vecinales “las inmobiliarias son las intermediarias necesarias para llevar
a cabo esta estafa contra la ciudadanía de Alcorcón”. “Por
ello, exigimos a la Comunidad de Madrid [gobernada por Isabel
Díaz Ayuso], que es quien tiene las competencias en vivienda,
que ponga los recursos necesarios para investigar la venta ilegal de
VPO en nuestra región. Eso pasa por obligar a las inmobiliarias que
especulan con este derecho a ser mucho más transparentes en
la compra-venta de estas viviendas y a retirar inmediatamente
cualquier anuncio que no cumpla la legalidad vigente”, ha recalcado David
López.
Madrid se ha convertido en el territorio sin ley del mercado de la vivienda
social. Casi 200 vecinos del barrio madrileño de Ensanche de Vallecas podrían
quedarse en la calle en los primeros meses de 2026. Sus viviendas, de alquiler
asequible, han sido vendidas a un fondo de inversión, que ya les ha comunicado
que no va a renovar los contratos cuando vayan venciendo. Durante el pasado mes
de octubre, los vecinos se enteraron de que sus promociones (cuyo plazo como
VPO había expirado y, por tanto, habían pasado al mercado libre) se habían
vendido al fondo de inversión con quien no han podido negociar. “Te llegan unas
cartas de que te van a echar a la calle. Cuando estás pagando bien, estás
haciendo las cosas correctamente no me parece ni lo correcto, ni lo normal. Y
bueno, pues ahora tienes una angustia y un sinvivir”, afirma Javier, vecino que
se mudó al Ensanche en 2012 tras perder su casa por la crisis de la burbuja
inmobiliaria, informa la Cadena Ser.
Durante la investigación del caso Gürtel se
hallaron operaciones relacionadas con el urbanismo, adjudicaciones amañadas,
contratos inflados, comisiones ilegales, convenios urbanísticos irregulares y
venta de suelo. En varias comunidades gobernadas por el PP se ha optado por
ceder suelo público a grandes promotoras para construir vivienda libre o de
precio tasado, en lugar de impulsar directamente vivienda protegida.
Organizaciones como el Observatorio de la Vivienda han denunciado que esta
estrategia reduce el parque público y favorece la especulación. En algunos
casos, los contratos incluían cláusulas que permitían a las empresas vender los
inmuebles a precios de mercado tras un periodo muy breve. Tres de cada cuatro viviendas
de VPO en España están construidas por promotores privados. La colaboración
público-privada, tan socorrida y recurrente en las regiones gobernadas por
la derecha, sigue dando buenos números en la cuenta de resultados.
Otra crítica recurrente es la permisividad en la descalificación anticipada
de viviendas protegidas, lo que permite a propietarios y promotoras venderlas
como vivienda libre. En comunidades gobernadas por el PP, se han detectado descalificaciones que han reducido drásticamente el
parque de vivienda asequible. En algunos casos, la Administración no recuperó
ayudas públicas ni sancionó incumplimientos. La descalificación de una vivienda
protegida es competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que son las
administraciones autonómicas las responsables de establecer, en su caso, el
procedimiento administrativo correspondiente, según fuentes del Ministerio de
Vivienda y Agenda Urbana. La descalificación voluntaria de una vivienda sujeta
a protección es aquel procedimiento cuyo objeto consiste en que dicha
vivienda pierda su condición de protegida antes de finalizar el plazo
previsto inicialmente, siendo por tanto una vivienda libre a partir de ese
momento. Si no existen controles férreos por parte de las administraciones
municipales y autonómicas, puede ser un foco de especulación.
El último caso detectado en Alicante es un episodio más en un sector
caótico y desrregularizado. La portavoz socialista en el
consistorio, Ana Barceló, aseguró ayer que “nos encontramos con un
pelotazo de una promoción (de vivienda pública) de lujo en la Playa de San Juan
para personas que por contactos o por tener información acceden a una vivienda
imposible para cualquier otro vecino de Alicante”. Ha puesto de manifiesto que
en Alicante hay 5.500 familias registradas en la Entidad Valenciana de Vivienda
y Suelo (EVHA) “para adquirir una vivienda” y ha añadido que “cada día se
marchan de la ciudad jóvenes y familias por no poder acceder a un alquiler
asequible, y menos a una vivienda”.
Para Barceló, este caso es una “promoción de lujo levantada en la Playa de
San Juan” con gimnasio, pádel, piscinas y garaje sobre un suelo municipal.
Tiene un alto precio en el mercado libre. Por lo tanto, es “muy golosa” y ha
lamentado que haya ido a parar a familiares de cargos del PP. “Desconocemos qué
va a pasar a partir de ahora”, insistió.
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