El colapso de servicios esenciales como el transporte público y la Sanidad revelan la necesidad de un gran pacto nacional para garantizar el progreso de cara al futuro
José Antequera 21/01/2026
El deterioro
del transporte pone en riesgo el Estado de bienestar
El milagro español se transforma en pesadilla. El horrible accidente
de Adamuz y los sucesivos descarrilamientos de trenes
de Rodalies en Cataluña han
puesto sobre la mesa las graves carencias en las infraestructuras de nuestro
país. Que Óscar Puente haya dado la
orden de reducir la velocidad en el AVE, de 300
kilómetros por hora a 160 por razones de seguridad, lo dice todo y es un
síntoma claro de que España avanza
al tran tran o incluso retrocede en el tiempo. Y lo peor es que todas esas
goteras no solo se manifiestan en los transportes públicos, también en la
sanidad, en la escasez de vivienda, en las carreteras principales y secundarias
llenas de baches, en la educación y en otros pilares esenciales del Estado de
bienestar. Han saltado todas las alarmas.
Durante décadas, la marca España se
había proyectado como uno de los grandes logros de la Europa democrática: un
modelo político descentralizado capaz de garantizar movilidad, salud, educación
y servicios públicos universales. Sin embargo, en los últimos años han empezado
a aparecer fallos sistémicos cada vez más visibles. Sobre todo, después de la
pandemia. La plaga de coronavirus supuso un recorte importante en todos los
departamentos y, pese a la caída del jugoso maná de los fondos europeos Next Generation, la triste realidad es que el Estado
español no ha conseguido alcanzar los niveles de bienestar de los tiempos de
prepandemia. El Gobierno de Sánchez ha
hecho un esfuerzo importante, pero no ha sido suficiente para reparar las
grietas y fisuras, los desconchones, las goteras.
El resultado es una sensación creciente en la opinión pública de que el
modelo, tal como fue concebido, ya no responde con la misma eficacia a las
necesidades de una sociedad que se ha transformado a un ritmo de vértigo. Una sociedad
más necesitada de un Estado fuerte y potente, más exigente. Más allá del
discurso de la extrema derecha, que con su demagogia populista para alimentar
el odio y la rabia intenta trasladar la percepción de que vivimos en un Estado
fallido donde nada funciona, es cierto que el país adolece de un urgente y
ambicioso programa de inversiones públicas para ponerse al día. La España de
hoy ya no es la España de los prodigiosos años noventa, cuando las Olimpíadas de Barcelona y la Expo de Sevilla nos colocaron a la vanguardia de Occidente
y el mundo rico. La población ha crecido notablemente, las grandes ciudades han
aumentado de tamaño, la vida en la sociedad del intercambio y la información es
mucho más compleja y los servicios no se han reforzado en la misma proporción.
El ejemplo de la infrafinanciada Cataluña, donde
miles de personas sufren a diario los rigores de un transporte público obsoleto
y deficiente, es el paradigma perfecto de lo que está ocurriendo. El reciente
pacto de financiación para garantizar el apoyo del independentismo catalán a la
estabilidad del Gobierno no parece ser la solución, más bien otro parche para
seguir tirando. Es cierto que todas las comunidades autónomas ganan porque
reciben más dinero, pero de alguna manera el principio de ordinalidad (quienes
más aportan en función de su población, de su PIB y de la renta per cápita no
deben quedar por detrás de las que menos aportan en el ranking general de
financiación) viene a romper con el de solidaridad y justicia social que debería
inspirar la ideología socialista o socialdemócrata. El asunto ha sido
politizado al extremo y ya han aflorado las viejas guerras territoriales de
siempre. Mientras tanto, los trenes siguen descarrilando y sigue muriendo
gente.
Por tanto, es evidente que el sistema está al borde del colapso. Y no
funciona sencillamente porque el problema del hundimiento del Estado de
bienestar no se afronta desde la rencilla identitaria, el provincianismo y el
egoísmo del terruño. Urge un gran plan general de inversiones públicas como el
que se afrontó en los años ochenta y noventa del pasado siglo de cara a los
grandes eventos históricos que catapultaron el país hacia la modernidad tras
cuatro décadas de atraso por una insana y atávica dictadura. Todas las
administraciones e instituciones deben sentarse en una misma mesa y hacer la
radiografía del mal, diagnosticar la situación y trazar soluciones mediante las
inversiones que sean necesarias. Una tarea que debe enfocarse desde el
realismo, la lealtad institucional, la racionalidad y la eficacia. Faltan
ingenieros y matemáticos y sobran políticos cainitas. Sin progreso no hay
futuro. No es momento de caer en el victimismo estéril o en el odio entre
pueblos. Hay que remangarse y ponerse a trabajar. Está todo por hacer, hasta tal
punto que el choque de trenes de Adamuz es una metáfora reveladora del colapso
de un Estado, el español, que por lo visto no había entrado en el siglo XXI. No
es de recibo que un extremeño tarde horas interminables en llegar a Madrid en trenes tartana. No es de recibo que una
negligencia en un sistema público de salud ponga en grave riesgo de contraer un
cáncer a miles de mujeres, tal como ha ocurrido con el escándalo de las
mamografías en la Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. No es de recibo que la vivienda
se haya convertido en un bien de lujo, que miles de escolares sigan dando
clases en barracones sin calefacción y que nuestros mejores cerebros tengan que
salir del país en busca de un futuro mejor. España no puede volver a ser
la África europea que empieza en los Pirineos. Ahora que estamos ultimando el lanzamiento
del Miura 5, el primer cohete orbital español que dará para
mucha propaganda patriotera y mucho orgullo nacional, es un buen momento para
denunciar que primero se resuelven los problemas del día a día, de la vida
cotidiana, de las cosas del comer, y después ya pensaremos en conquistar el
espacio a ritmo de rumba y flamenco.
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