El ministro Bustinduy ha señalado que la postura de la derecha y la ultraderecha equivale a admitir que la solución política para las familias vulnerables es su exclusión del sistema
Martha Golfín 28/01/2026
El rechazo del real decreto ley ómnibus en el Congreso
de los Diputados ha supuesto mucho más que una simple crisis legislativa momentánea.
Este acontecimiento ha expuesto una división ideológica
significativa respecto al papel del Estado en la
protección de los colectivos más vulnerables y ha evidenciado
una aritmética parlamentaria en la que la política social se convierte en instrumento de
presión.
Para Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el episodio
no puede interpretarse como un desacuerdo técnico aislado, sino como una acción deliberada. Según su análisis, el voto negativo de PP, JxCat y Vox responde a
una intención explícita de castigar a las familias más desfavorecidas.
Su lenguaje es contundente, pero el trasfondo del conflicto adquiere mayor
gravedad: no se trata de reformas abstractas,
sino de cuestiones materiales como pensiones, desahucios y cuotas de autónomos, que constituyen los pilares esenciales del contrato social.
El decreto ómnibus incorporaba medidas clave como la revalorización de las pensiones en un contexto
de inflación sostenida, la prórroga
de la suspensión de desahucios para los colectivos vulnerables y la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos.
Todas estas iniciativas estaban concebidas para mitigar
los efectos sociales de una economía en desaceleración, marcada
por tensiones estructurales en vivienda y empleo. Con su
rechazo, el Congreso ha enviado un mensaje claro: la protección social puede ser objeto de negociación.
Bustinduy va más allá y sostiene que la postura de la derecha y la
ultraderecha equivale a admitir que la solución política para las
familias vulnerables es su exclusión del sistema.
Esta afirmación no es solo una exageración retórica, sino que recuerda un patrón europeo en el que las alianzas tácticas con la ultraderecha desvían el
debate desde la eficiencia del gasto público hacia
la moralización de la pobreza.
El ministro atribuye la negativa del PP y JxCat al chantaje y la amenaza de Vox, poniendo de relieve un
fenómeno incómodo pero conocido: la normalización de la presión
ultraderechista como factor estructural en la
dinámica parlamentaria. En este contexto, el bienestar social deja de ser un consenso transversal y se transforma en un mecanismo para desestabilizar al Gobierno, incluso a
costa de daños sociales inmediatos.
La decisión del Gobierno de remitir de nuevo el decreto al Congreso muestra
que el Ejecutivo opta por sostener el pulso parlamentario.
Esta estrategia política, aunque arriesgada, es coherente
con una visión que sitúa la política social como línea roja
democrática. La cuestión fundamental no es si el decreto será
aprobado en una segunda votación, sino qué tipo de Estado resulta de
esta situación de bloqueo.
España se enfrenta así a un dilema clásico renovado: o el bienestar actúa como amortiguador de las crisis, o se
convierte en rehén de la polarización política.
El episodio del decreto ley ómnibus no debe
verse como un accidente parlamentario, sino como un síntoma de una tendencia más profunda. Y, como ocurre
en la política comparada, los síntomas
ignorados terminan consolidándose en el sistema.
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