La Eurocámara aprueba por escaso margen (334-324) remitir el tratado a la justicia comunitaria, frenando su ratificación ante la presión de los agricultores y la división de los grupos políticos
Bea Talegón
21/01/2026
El Parlamento Europeo ha aprobado este
miércoles someter el controvertido acuerdo comercial con Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE),
una decisión que paraliza temporalmente su ratificación y abre una crisis institucional sin precedentes en
las relaciones comerciales de la Unión. La votación, extraordinariamente
ajustada con 334 votos a favor, 324 en contra y 11
abstenciones, refleja la profunda división que el pacto suscita
entre los eurodiputados.
El resultado de la votación, celebrada en el pleno de Estrasburgo, supone un revés sin paliativos para la Comisión Europea y
los gobiernos de España y Alemania, principales impulsores
de un tratado que fue firmado solemnemente el pasado 17 de enero en Asunción.
Con esta decisión, la Eurocámara suspende el
procedimiento de aprobación que debía concluir en los próximos
meses y somete a cuestionamiento jurídico tanto la base legal del acuerdo como
su polémico mecanismo de reequilibrio.
El corazón de la controversia reside en el procedimiento escogido por Bruselas para dividir el pacto en dos partes: una
comercial, que solo requiere aprobación de la Eurocámara y el Consejo, y otra
política, que debe ser ratificada por los parlamentos nacionales. Los impulsores
de la remisión al TJUE consideran que esta estrategia vulnera los tratados
europeos al eludir el control democrático de las cámaras nacionales.
Presión agrícola y división política
La votación ha sido precedida por una intensa movilización de los agricultores
europeos, que este martes bloquearon con decenas de tractores los accesos al
Parlamento Europeo en Estrasburgo. Más de 4.500 productores
procedentes de España, Francia, Italia, Irlanda y Polonia exigieron
a los eurodiputados que frenaran un acuerdo que consideran “muy perjudicial”
para el sector ganadero y agrícola mediterráneo.
“Estamos hasta los ‘pebrots’”, declaró José María Castilla, director
de la oficina en Bruselas de Asaja, la asociación agraria que ha
liderado las protestas junto a organizaciones francesas e italianas. Los
agricultores temen que la apertura de mercados desleales, sin aranceles para
más del 90% del comercio bilateral, inunde Europa con carnes, aves y azúcares a
precios inferiores a los costes de producción comunitarios.
La votación ha fracturado los principales grupos
políticos. Renew Europe, los Verdes/EFA y la Izquierda impulsaron la remisión,
mientras que el grupo ultraderechista Patriotas por Europa también apoyó la
medida en una inusual convergencia con las fuerzas progresistas. Por el
contrario, el Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialistas y Demócratas, las
dos familias mayoritarias, defendieron el acuerdo, aunque ambas registraron
importantes disidencias internas.
El coordinador del PPE en la comisión de Comercio Internacional, el
sueco Jörgen Warborn, había advertido que paralizar el proceso
sería “un error estratégico” en una Europa “ahogada por los aranceles de
Estados Unidos y las industrias subsidiadas chinas”. Sin embargo, la delegación
polaca del PPE, aliada con las posturas de su gobierno, votó a favor de la
remisión, al igual que eurodiputados franceses y austríacos.
Contraste de informaciones sobre la
paralización previa
La decisión de este miércoles contrasta con un intento anterior de 145
eurodiputados, liderados por Los Verdes, de paralizar el acuerdo en noviembre
de 2025. En aquella ocasión, la administración del Parlamento declaró
inadmisible la resolución alegando motivos procedimentales, argumentando que el
Consejo aún no había solicitado el consentimiento parlamentario para la
ratificación. La eurodiputada belga Saskia Bricmont denunció entonces que se
estaban “amordazando las prerrogativas parlamentarias” en una decisión “muy
grave”.
Esta vez, la estrategia ha cambiado. Las resoluciones aprobadas este
miércoles no esperan a la solicitud de consentimiento del Consejo, sino que
activan directamente el mecanismo previsto en los Tratados que permite al
Parlamento solicitar un dictamen al TJUE sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo
internacional con el derecho comunitario.
El camino judicial y la amenaza de
aplicación provisional
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo tardará
probablemente más de un año en emitir su sentencia. Durante este período, la
ratificación queda suspendida, aunque la Comisión Europea conserva la
posibilidad de aplicar provisionalmente el acuerdo, una opción que ha generado
fuertes tensiones interinstitucionales.
Un portavoz de la Comisión ha confirmado técnicamente
esta posibilidad, pese a que la presidenta Ursula von der Leyen se comprometió
en correos electrónicos enviados a los eurodiputados a no activar el acuerdo mientras el TJUE se pronuncia.
Esta contradicción ha intensificado el debate sobre el equilibrio de poderes en
la UE.
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, presidente
rotatorio del Mercosur, ya advirtió que las
cláusulas de salvaguardia aprobadas por la Comisión Europea para proteger a los
agricultores “no forman parte del acuerdo histórico” y que, si se aplican, el
documento debería ser renegociado. Esta postura complica aún más el panorama de
un pacto que necesita la ratificación de todos los parlamentos nacionales de
los países sudamericanos y de los Estados miembros de la UE.
Moción de censura y contexto estratégico
El jueves, el Parlamento votará una moción de censura contra Von der Leyen
presentada por el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, aunque con
escasas posibilidades de prosperar al requerir una mayoría de dos tercios. La
decisión de remitir el acuerdo al TJUE se ha tomado en un contexto de creciente
competencia geopolítica, donde defensores del pacto argumentan que reforzaría
la posición de la UE frente a China y Estados Unidos.
Sin embargo, los detractores, como el copresidente del grupo de los Verdes
Bas Eickhout, cuestionan: “¿Qué os da miedo de consultar al TJUE?”. La
respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro del mayor acuerdo
comercial negociado por la UE en 25 años, sino también los límites del poder
ejecutivo comunitario en la conclusión de tratados internacionales.
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