M.
Gessen
Después de las tres últimas semanas de violencia en Mineápolis, ya no debería ser posible decir que el gobierno de Donald Trump solo pretende gobernar este país. Pretende reducirnos a todos a un estado de miedo constante, un miedo a la violencia de la que algunas personas pueden librarse en un momento dado, pero de la que nadie estará nunca de verdad a salvo. Esa es nuestra nueva realidad nacional. El terror de Estado ha llegado.
Por favor, repasa conmigo esta lista. Desde principios de enero, cuando el
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas amplió sus operaciones en
Mineápolis y St. Paul, Minnesota, los agentes federales mataron a Renee Good,
una mujer blanca y madre de clase media; amenazaron a una
abogada de inmigración embarazada en el estacionamiento de su bufete;
detuvieron a numerosos ciudadanos estadounidenses, incluido uno al que sacaron de su casa en ropa interior; rompieron
ventanillas de coches y detuvieron a sus ocupantes, incluida una ciudadana
estadounidense que se dirigía a una cita médica en un centro de lesiones
cerebrales traumáticas; detonaron granadas antidisturbios y un contenedor
de gas lacrimógeno junto a un coche en el que viajaban seis niños, entre ellos
uno de 6 meses; registraron un aeropuerto, donde exigieron ver la documentación
de la gente y arrestaron a más
de una decena de personas que trabajaban allí; detuvieron a un
niño de 5 años, y ahora mataron a otro ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti, enfermero de la unidad de cuidados
intensivos sin antecedentes penales. Parece que era blanco. Los agentes lo
tenían en el suelo, sometido, antes de dispararle, al parecer, al menos 10
tiros a quemarropa.
Ante una lista como esta —un diluvio como este—, buscamos detalles que
puedan explicar por qué estas personas fueron sometidas a este trato, detalles
que puedan darnos la tranquilidad de que nosotros, por el contrario, no estamos
en peligro. Good tenía una relación con una mujer, y su pareja, que tiene una
expresión de género más masculina, habló impertinentemente a un agente del ICE,
así que, después de todo, Good no era la típica madre blanca. ChongLy Thao, el
hombre al que sacaron de su casa en ropa interior, es un migrante de Laos; no
es blanco, y se puede suponer que habla con acento. La mujer que se dirigía a
la consulta médica y la familia con seis hijos atravesaron zonas donde se
estaban produciendo protestas contra el ICE. La familia del niño de 5 años no
tiene estatus permanente. Poco se sabe de Pretti mientras escribo estas líneas,
pero su padre dijo que
participó en protestas y que podría haber llevado un arma (legalmente).
No nos enfocamos en estos detalles para justificar las acciones de los
agentes federales, que son claramente brutales e injustificables; lo hacemos
para obligar al mundo a tener sentido, y para calmar nuestros nervios. Si no
contestamos de forma insolente, si modificamos nuestras rutas para evitar las
protestas, si tenemos la suerte de ser estadounidenses de nacimiento, blancos y
heterosexuales —o, si no lo somos, pero nos mantenemos agazapados,
silenciosos—, estaremos a salvo. Por el contrario, podemos elegir alzar la voz,
ir a las protestas, arriesgarnos. En cualquier caso, nos decimos, si podemos
predecir las consecuencias, tenemos capacidad de acción.
Pero no es así como funciona el terror de Estado.
En la década de 1990, cuando hablé con personas de la antigua Unión
Soviética sobre las experiencias de terror estalinista de sus familias, me
sorprendió repetidamente lo mucho que la gente parecía saber sobre sus
circunstancias. Una y otra vez, la gente me contaba exactamente lo que había
llevado a la detención o ejecución de sus familiares. Vecinos celosos los
habían denunciado ante las autoridades, o compañeros que habían sido detenidos
los nombraban bajo coacción. Estas historias se habían transmitido de
generación en generación. Me pregunté cómo podían llegar a saber tanto. No
podían. La gente elaboraba relatos a partir de sospechas, rumores e indicios,
para satisfacer la necesidad desesperada de una explicación.
Mi libro favorito sobre el terror de Estado es Sofia Petrovna, de Lydia Chukovskaya, una novela corta
rusa que se ha traducido a varias lenguas. La protagonista, una mujer de
mediana edad leal al Partido Comunista de Stalin, pierde la cabeza intentando
encontrar el sentido de la detención de su hijo. Mi propia historia familiar
contiene un corolario. Después de que la policía secreta detuviera a la mayor
parte del personal directivo del periódico en el que mi abuelo era subdirector,
esperó a que llamaran a su puerta. Cuando la policía secreta no apareció noche
tras noche, semana tras semana, se angustió tanto que se internó en un
psiquiátrico. Puede que así evitara ser detenido. O puede que la policía
secreta hubiera cumplido su cuota de detenciones para ese mes.
Porque este era el secreto de la policía secreta que quedó claro cuando se
abrieron (brevemente) los archivos del KGB en la década de 1990: se regían por
cuotas. Los escuadrones locales tenían que detener a un número determinado de
ciudadanos para que fueran designados enemigos del pueblo. Que los agentes
detuvieran a menudo a grupos de colegas, amigos y familiares fue probablemente
una cuestión de conveniencia más que otra cosa. De forma fundamental, el terror
fue aleatorio. Así es, de hecho, cómo funciona el terror de Estado.
La aleatoriedad es la diferencia entre un régimen basado en el terror y
otro sencillamente represivo. Incluso en los regímenes represivos de forma
brutal, incluidos los de las colonias soviéticas en Europa oriental, uno sabía
dónde estaban los límites del comportamiento aceptable. Las protestas abiertas
eran motivo de detención, pero no las conversaciones en la cocina. Escribir
ensayos o novelas subversivas o editar revistas clandestinas era motivo de
detención; leer estas obras prohibidas y pasárselas discretamente a los amigos,
probablemente no. En cambio, un régimen basado en el terror despliega la
violencia precisamente para reforzar el mensaje de que cualquiera puede ser
sometido a ella.
Cuando pensamos en los regímenes de terror del pasado, resulta tentador
superponerles una narrativa lógica, como si los líderes totalitarios tuvieran
una lista de tareas pendientes de exterminio y se abrieran paso a través de
ella metódicamente. Creo que así es como la mayoría de la gente entiende la
famosa cita de Martin Niemöller “Primero vinieron”. En realidad, las personas
que vivían bajo esos regímenes nunca sabían qué grupo sería designado enemigo
del Estado a continuación.
En la época de Niemöller, el terror lo ejercían la policía secreta y las
fuerzas paramilitares —especialmente las SA, más conocidas como camisas
pardas—, cuyo trabajo consistía en infundir miedo a la población. En 1934,
Adolf Hitler mandó detener a entre 150 y 200 miembros
de la propia cúpula de las SA y ejecutó a sus principales generales, en la
demostración definitiva de que nadie era inmune a la violencia mortífera del
Estado. Stalin llevó a cabo con regularidad purgas similares. El terror en sí
no era el objetivo final de esos regímenes, pero nada de lo que siguió habría
sido posible sin él.
La caja de herramientas no es especialmente variada. El presidente Trump está utilizando todos los instrumentos: las cuotas de detenciones del ICE que se han reportado; la fuerza paramilitar formada por matones embriagados de su propia brutalidad; el espectáculo de la violencia aleatoria, sobre todo en las calles de las ciudades; el vilipendio post mortem de las víctimas. Es natural que nuestros cerebros luchen por encontrar una lógica a lo que estamos viendo. Existe una lógica, y esta lógica tiene un nombre. Se llama terror de Estado.
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