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miércoles, 31 de diciembre de 2025

31/12/2025 - ¿QUÉ PASÓ CON MONTORO? ¿DE ESTE ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN NO SE HABLA MÁS VERDAD?

André Abeledo Fernández 31/12/2025

Usó la hacienda pública como una mafia de extorsión y persecución de rivales políticos. Promulgó una regularización fiscal para facilitar a los defraudadores a Hacienda a un precio de saldo regularizar su situación, eso sí solo para multimillonarios.

La Hacienda pública se convirtió en un negocio para Montoro y amigos, en una banda criminal, en una mafia sin valores ética, ni moral de ningún tipo. 

El escándalo más grande de la historia de la democracia española, uno de los usos más corruptos que se han hecho de uno de los poderes del Estado, la demostración de que "Hacienda somos todos" es solo un eslogan publicitario, y no sabemos nada de Montoro.

Hacienda, la justicia, la monarquía, todo está podrido, y el escándalo Montoro, la corrupción de Montoro, el caso más grave del Partido Popular y de la democracia se ha silenciado a todos los niveles, incluido el informativo.

Montoro fue un ministro corrupto del PP. Es un corruptor de gobiernos enteros. Cristóbal Montoro es corruptible y corruptor al mismo tiempo.

Montoro fue ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, vendía decisiones gubernamentales a multinacionales privadas. 

El propio auto judicial dice que empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales pagaban al bufete de Montoro para que el Consejo de ministros aprobara rebajas fiscales a la carta. Comprar a todo un consejo de ministros y que no parezca un soborno, solo es posible en una pseudo democracia.

El de Montoro no es un caso aislado. El también ex ministro Jorge Fernández Díaz goza del mismo trato de favor y apagón informativo. A pesar de que tiene pendientes 15 años de cárcel por liderar un complot gubernamental para difamar a candidatos e interferir en el resultado de las elecciones. Diseñó una maquinaria golpista con la complicidad de jueces, policías y periodistas. 

La hipocresía se hace insoportable cuando la corrupción y la mentira son tan evidentes.

 

31/12/2025 - 90.000 MILLONES DE EXCUSAS

Pere Sardà 31/12/2025

A mediados de diciembre, la UE, después de múltiples discusiones entre los socios, acordaron “prestar” 90.000 millones de euros a Ucrania. Zelensky pide ayuda, una vez más, aduciendo que no tiene dinero para pagar a los soldados ni comprar armas.

Concretamente solicitaba los 210.000 millones USD que Rusia tiene en diversos activos depositados en algunos países de Europa y confiscados, embargados, congelados, como quieran denominarlo. 180.000 millones están en Bélgica, 19.000 en Francia y 10.000 en Luxemburgo, más un resto en Alemania. En el resto del mundo hay otros 80.000 millones principalmente en Japón y Reino Unido.

Merz de Alemania, Dinamarca y la presidenta Ursula Von der Leyen estaban de acuerdo en utilizar como cobertura estos fondos, pero no todos los socios estaban de acuerdo. Principalmente Bélgica, máximo depositario de los fondos, junto a Hungría, Eslovaquia y República Checa se oponían por posibles sanciones de EUROCLEAR y represalias rusas. En ese momento todo se paralizó.

Se puso en marcha un plan B, facilitar un préstamo de 90.000 millones de euros, pero con cargo a los presupuestos de la UE y sus socios en un plazo de dos años. Qué bien, todo solucionado.

Tenemos, y no digo tiene, porque yo me considero ciudadano de la UE (quiera o no), ¿tenemos ese dinero? Respuesta clara, NO. ¿Entonces?, como siempre, vamos a tener que fabricarlo, darle a la famosa maquinita del dinero emitiendo deuda.

Pero darle a la maquinita no sale gratis, por dos razones principales, la primera nos, y digo nos, costará aproximadamente 3.000 millones de intereses cada año, y la segunda, fabricar 90.000 millones y ponerlos en el mercado va a provocar una depreciación del euro e inflación y la inflación la pagamos todos, de los más ricos a los más pobres, pero ya sabemos que será peor para éstos últimos. A la señora Von der Leyen no creo que le afecte mucho cobrando una nómina de 32.000 euros al mes más todos los pluses derivados.

Los únicos beneficiarios van a ser los de siempre, las empresas armamentísticas que venderán las armas, los corruptos de turno en Ucrania, país reconocido como de los más corruptos ya antes de la guerra, y también como no, los bancos, siempre están ahí, sin hacer ruido, acechando cualquier oportunidad de negocio, ellos se llevaran parte de los 3.000 millones de intereses.

Hay que poner de relieve que hay tres países de la UE que no jugaran en esta partida, se han negado a participar, no quieren pagar la fiesta. Son Hungría, República Checa y Eslovaquia. Enhorabuena.

Y lo más importante, a mi entender, y que, lógicamente, nadie comenta es, ¿podrá Ucrania devolver este préstamo?, obviamente no, por tanto, ¿además de los 3.000 millones de intereses anuales ya podéis anotar la pérdida de los 90.000 millones que jamás devolverán y quien lo pagará entonces? Tú y yo.

Y aquí mi reflexión. Porqué nosotros debemos pagar una guerra en la que no tenemos ningún interés. Esta guerra la provoco EEUU en 2014 financiando y apoyando un golpe de estado en Ucrania para derrocar al presidente elegido democráticamente pero que no era favorable a la OTAN. Después de “colocar” al presidente adecuado modificaron rápidamente la Constitución revocando la neutralidad del país y priorizando integrarse en la OTAN. Entonces empezó la guerra en la que el nuevo gobierno bombardeo sistemáticamente el Donbas, parte de su propio territorio, que se resistía debido a la pertenencia rusa de sus habitantes. El ataque de Rusia en 2022 fue la consecuencia de ello. Rusia, por su parte, no son hermanitas de la caridad, su presidente Putin es un autócrata que no hace caso de los derechos humanos. Y así está la cosa.

Los grandes medios tanto europeos como estadounidenses no hacen otra cosa que alarmar y poner miedo en el cuerpo a los europeos diciendo que Rusia, después de Ucrania, invadirá Europa. ¿De verdad? Pues hay mucha gente que se lo cree, todo lo que les digan, gente sin un mínimo criterio propio. Rusia, de siempre con Europa, lo que ha intentado es hacer negocio, no la guerra. Un ejemplo el gas que vendía a Europa, principalmente a Alemania y que suministraba a través del gaseoducto NordStream, que “alguien” destruyo, no fuera el caso que nos arrepintiéramos y volviéramos a comprarle. Consecuencia, hoy compramos el gas al triple de precio a EEUU. Sigue el rastro del dinero….

Inicialmente, con Biden en la presidencia, los EEUU pagaba la fiesta porque era evidente que era el interesado en ella, pero Trump es otra cosa, quiere el beneficio, pero no el coste, es de los que se hacen ricos con esta fórmula, por tanto, ha dicho que él no paga más, que paguemos los europeos porque Putin va a ir a por nosotros, y aquí paz (o no) y después gloria (esto sí, para él).

¿Y a todo ello, la señora Von der Leyen nos ha preguntado si estamos de acuerdo en esto? Creía que estábamos en una democracia, pero para empezar a esta señora no la hemos votado los ciudadanos. ¿Porqué decide por nosotros? Este asunto es lo suficientemente importante tanto políticamente como económicamente para hacer un referéndum, pero claro, sabe que el resultado no sería el que ella y sus amigos, desean.

¿Por qué no destinamos este dinero a políticas sociales, de las que claramente estamos necesitados, por qué no gastamos el dinero en el bienestar de la gente en lugar de hacer ricos a unos cuantos facilitando la muerte de gente inocente en una guerra que no nos va ni nos viene?

Ya sé que todo lo que digo no servirá para nada, pero al menos, quiero decirlo, no estoy de acuerdo. No en mi nombre.

 

martes, 30 de diciembre de 2025

30/12/2025 - IRPH: LA CRUELDAD DE LA ARQUITECTURA DEL SACRIFICIO JURÍDICO

Las sentencias de noviembre de 2025 revelan cómo en España prioriza el interés financiero y vulnera los derechos humanos de los afectados por el IRPH. El análisis definitivo sobre cómo la controvertida jurisprudencia está rompiendo el Estado de derecho

José Antonio Gómez 30/12/2025

Noviembre de 2025, una serie de sentencias del Tribunal Supremo español marcó un punto de inflexión silencioso pero profundo en la relación entre derechos humanos, tutela judicial efectiva y estabilidad financiera. Leídas en conjunto, estas resoluciones, técnicas en su redacción y prudentes en su tono, dibujan una doctrina de excepción que, bajo la apariencia de seguridad jurídica, reordena prioridades constitucionales: primero el sistema, luego la persona.

No se trata de un giro abrupto ni de una confesión explícita. Es, más bien, la cristalización de una tendencia: cuando el conflicto enfrenta a ciudadanos vulnerables con intereses financieros sistémicos, el derecho se pliega.

El Supremo no lo dice así. Pero el efecto es nítido: derechos fundamentales relativizados para blindar balances.

La arquitectura del sacrificio jurídico

Las resoluciones de noviembre comparten una estructura argumental reconocible. Ante litigios donde se invocan derechos de consumidoresprincipios de igualdadprohibición de cláusulas abusivasprotección de la vivienda o tutela judicial efectiva, el Tribunal opta por interpretaciones restrictivas de los estándares de protección cuando la aplicación plena podría generar efectos sistémicos adversos para el sector financiero.

El razonamiento pivota sobre una idea central: la estabilidad del sistema financiero es un bien constitucional implícito. No aparece así en el texto de la Constitución, pero se le concede un peso que, en la práctica, desplaza derechos expresamente reconocidos. El resultado es una jerarquía no escrita donde el ciudadano queda subordinado a la lógica del riesgo sistémico.

Este desplazamiento no es menor. Supone reinterpretar el principio pro persona —clave en el derecho de los derechos humanos— para convertirlo en un principio condicionado: válido solo cuando no incomoda al sistema.

Tutela judicial efectiva en coma inducido

Uno de los efectos más preocupantes de esta doctrina es la merma de la tutela judicial efectiva. El Supremo limita efectos restitutoriosacota retroactividades o eleva umbrales probatorios hasta niveles prácticamente inalcanzables para el litigante medio. Formalmente, el derecho a acudir a los tribunales se mantiene. Materialmente, se vacía de contenido.

La técnica es conocida: no se niega el derecho, se lo hace impracticable. Se exige una carga de la prueba desproporcionada; se introduce la noción de “confianza legítima del operador financiero” como cortafuegos; se apela a la “seguridad jurídica” para congelar injusticias consolidadas. El mensaje implícito es disuasorio: litigar contra el sistema tiene un techo.

Desde una perspectiva constitucional, esto supone un retroceso. La tutela judicial efectiva no es un derecho ornamental. Es el mecanismo que hace reales los demás derechos. Cuando se le imponen límites funcionales para proteger intereses económicos, el edificio entero se resiente.

Normalización del desequilibrio

En materia de protección de consumidores, las sentencias de noviembre consolidan una línea que normaliza el desequilibrio contractual cuando su corrección masiva podría afectar a la cuenta de resultados del sector. La lógica es circular: si la cláusula fue ampliamente utilizada, corregirla hoy generaría un impacto excesivo; por tanto, la corrección debe ser parcial o prospectiva.

Esta tesis entra en colisión directa con el derecho europeo de consumo, que exige efectividad real y disuasoria frente a prácticas abusivas. El Supremo, sin negar el estándar europeo, lo domestica: no reconoce la abusividad y, en consecuencia, limita sus consecuencias. El daño se asume como coste histórico.

Desde el prisma de los derechos humanos, el problema es evidente. El derecho a la protección de los consumidores, conectado con la dignidad, la igualdad material y la vivienda, queda supeditado a un cálculo financiero. El derecho deja de reparar y pasa a administrar pérdidas.

Vivienda: la estabilidad del sistema pesa más que el hogar

La vivienda aparece como otro campo donde la doctrina de las sentencias noviembre resulta especialmente gravosa. En litigios vinculados a ejecuciones, reestructuraciones o efectos de prácticas crediticias, el Supremo refuerza criterios de contención judicial para evitar distorsiones en el mercado y riesgos de contagio financiero.

El derecho a la vivienda no se niega; se posterga. Se convierte en una aspiración programática frente a un interés económico inmediato. El razonamiento recuerda a épocas anteriores a la constitucionalización de los derechos sociales: primero la economía, luego la persona.

Sin embargo, la jurisprudencia internacional es clara: los derechos sociales fundamentales no pueden sacrificarse de forma sistemática en nombre de la estabilidad. Exigen ponderaciones estrictas, no atajos macroeconómicos. Cuando el hogar se convierte en variable de ajuste, la balanza constitucional se inclina peligrosamente.

La excepción como método

Lo más inquietante de las sentencias de noviembre no es su contenido aislado, sino su efecto acumulativo. Se construye una jurisprudencia de excepción que, sin declararlo, institucionaliza la primacía del interés financiero. Lo excepcional se vuelve normal; lo temporal, permanente.

Esta técnica tiene un riesgo evidente: desnaturaliza el Estado de derecho. El derecho deja de ser un límite al poder para convertirse en un gestor de equilibrios sistémicos. La justicia se vuelve prudente; la prudencia, conservadora; lo conservador, estructural.

Problema democrático

Desde un punto de vista político, estas sentencias trasladan decisiones de enorme impacto social al ámbito judicial, sin el debate democrático que exigirían. Si la prioridad es proteger al sector financiero frente a avalanchas de litigios, esa es una decisión política, no meramente técnica. Correspondería al legislador asumirla, explicarla y someterla a control democrático.

Cuando es el Tribunal Supremo quien resuelve por vía interpretativa conflictos de esta magnitud, se produce un desplazamiento de responsabilidad. El coste democrático es doble: se despolitiza una decisión política y se judicializa un conflicto social.

Derechos humanos: la letra y el espíritu

El núcleo del problema es jurídico, pero su impacto es humano. Los derechos humanos no son compatibles con una lógica en la que su eficacia depende del estado de los balances. La jurisprudencia internacional insiste en que los derechos deben ser prácticos y efectivos, no teóricos ni ilusorios. Las sentencias de noviembre se mueven en la dirección contraria: derechos reconocidos, pero neutralizados.

No se trata de ignorar la importancia de la estabilidad financiera. Se trata de negarle rango supra-constitucional. El sistema existe para servir a las personas, no al revés. Cuando el derecho se utiliza para socializar pérdidas y privatizar beneficios, la promesa constitucional se vacía.

Principio de igualdad

Otro efecto colateral es la fractura del principio de igualdad. Las resoluciones favorecen a actores con capacidad de absorber riesgos (las grandes entidades) frente a ciudadanos para quienes una cláusula, una ejecución o una comisión indebida tiene consecuencias vitales. La igualdad formal se mantiene; la material se evapora.

El mensaje es claro: no todos los derechos pesan lo mismo cuando el demandado es sistémico. Esta asimetría mina la confianza en la justicia y alimenta la percepción de impunidad estructural.

Las sentencias de noviembre de 2025 no cerraron un debate; lo abrieron. Señalan una encrucijada para el derecho español: o reafirma la centralidad de los derechos humanos incluso en contextos de presión económica, o consolida una jurisprudencia de contención donde la estabilidad financiera actúa como cláusula de cierre.

La historia jurídica demuestra que las excepciones tienden a expandirse. Lo que hoy se justifica por prudencia, mañana se invoca por costumbre. El riesgo no es solo jurídico; es moral y democrático.

El precio de salvar al sistema

Salvar al sistema financiero puede ser necesario en momentos de crisis. Salvarlo a costa de los derechos no debería serlo nunca. Las sentencias del Tribunal Supremo de noviembre de 2025 muestran cómo, bajo el lenguaje técnico de la estabilidad, se produce una vulneración clara y sostenida de derechos humanos.

No es un escándalo ruidoso. Es algo más peligroso: una normalización silenciosa. Y en el derecho, como en la política, lo que se normaliza termina por aceptarse. La pregunta que queda abierta es si el Estado de derecho español está dispuesto a pagar ese precio y a quién se le pasa la factura.

 

domingo, 28 de diciembre de 2025

28/12/2025 - EL LOBO YA ESTÁ AQUÍ

Alejandro Tello Peñalva 28/12/2025

Aquello de “¡qué viene el lobo!” refiriéndose a la ultraderecha, al fascismo, ya pertenece al pasado. Ahora el lobo ya está aquí, entre nosotros, un lobo que en realidad no se había ido nunca, que estaba y siempre ha estado entre nosotros, pero nuestro instinto de conservación, nuestro sentido común, lo mantenía a raya, alejado de la comunidad, aunque ya se le veían las orejas, pero no nos preocupaba porque todavía había una buena distancia entre él y nosotros. Después le vimos la cabeza y tampoco nos importó mucho porque todavía estaba lejos. Poco después ya le vimos entrando al pueblo lanzando miradas amenazadoras y enseñando los dientes y entonces nos dimos cuenta que la culpa de que el lobo estuviera allí no era tanto del lobo sino de nuestra propia desidia, dejadez e inabarcable estupidez.

Viendo el cartel de Santiago (y cierra España) Abascal disfrazado de señorito cortijero con gorra campera y capa española vigilando a caballo la dehesa no sea que la invadan y ocupen hordas de moros, negros, rojos y pobres en general, uno se da cuenta que los expertos en publicidad contratados por Vox para las elecciones extremeñas, después de estudiar al electorado con el rigor y la minuciosidad de un entomólogo, habiendo constatado nuestra brutal bajada de defensas de valores democráticos, nuestro grado de infantilización, y nuestra cada vez más rampante estupidez, han decidido crear esta estrambótica imagen de un Leónidas mesetario después de pasar por la sección de caza y pesca de El Corte Inglés. Una imagen destinada a convertirse en póster para ser clavado con cuatro chinchetas en las paredes de los dormitorios de unos jóvenes, y no tan jóvenes, que han visto muchas películas de superhéroes y están convencidos que lo que este país necesita es este valiente guerrero de gesto serio y decidido; este campeador justiciero entre el Cid, el Capitán Trueno, el señorito Iván de “Los Santos Inocentes”, y un bandolero bueno y valiente como Curro Jiménez, que viene a liberar al pueblo oprimido, esclavizado durante décadas por socialistas y rojos en general, a los que va echar a patadas, sin miramiento alguno, de unas instituciones  que llevan okupando demasiado tiempo.

Una estampa esta de Abascal a caballo que a cualquier ciudadano o ciudadana normal causaría un instantáneo rechazo, un fuerte repelús debido a un instinto natural que tiene el cuerpo para protegerse de estos “salvadores” de la patria. Un instinto que ya han perdido, o no tuvieron nunca, los simpatizantes de estos patriotas, de estos españolazos bíblicos, a quienes va dirigida la estampa, la mayoría personas bienintencionadas, que no ven el peligro que tienen estos salvapatrias, porque esta imagen del salvapatrias a caballo está más vista que el tebeo, es más vieja que el hilo negro, pero, lo que son las cosas, por desgracia sigue funcionando y mucho nos tememos que, de no mediar un cataclismo planetario, funcionará siempre.

Los humanos, después de milenios de evolución, deberíamos haber desarrollado un instinto natural para detectar y apartar a estos seres extraordinariamente dañinos que vienen a destruir la democracia, la convivencia, los derechos humanos; a cebarse con los más vulnerables, a ser fuertes con el débil y débil con el fuerte, que es lo más sencillo del mundo. Pero al carecer de ese instinto de rechazo al fascismo, no vemos el peligro que se esconde tras ese grotesco y ridículo disfraz de héroe defensor de la patria. Y lo peor no es que no lo veamos, sino que no lo queremos ver.

Porque los votantes de la ultraderecha, que se ha erigido como única defensora de la patria, saben de sobra quien es Santiago Abascal y no obstante creen, o más bien quieren creer, que él y los suyos van a solucionar, a base de políticas totalitarias de corte Trumpista, con mucho despliegue de banderas y consignas, ya mil veces probadas y otras tantas fracasadas, los muchos y graves problemas a los que se enfrenta la sociedad. Saben que a falta de propuestas serias, de medidas viables, sensatas y prácticas, para mejorar la vida de la ciudadanía, que no las tienen ni tampoco las buscan, la formación del caudillo Abascal no tiene nada más que ofrecer que España, mucha España, mucho patrioterismo, mucha frase hueca pero efectiva, mucha bandera, mucho llamamiento a la “quema” de herejes enemigos de España, mucha chulería y bravuconada y, sin embargo, los votantes, como ha pasado en las últimas elecciones en Extremadura, les votan a pesar de saber o sospechar que esa gente no solo no viene a solucionar nada sino que, muy al contrario, va a  aprovecharse, a hacer uso y abuso de una democracia en la que no creen, y a acabar con ella en cuanto lleguen al poder, siguiendo con fidelidad perruna los pasos del ogro naranja.

Y estos incautos votantes caen rendidos a los pies del “salvador de la patria” seducidos por los cantos de sirena de un Abascal, y compañía, que dice lo que quieren oír y caen en la tentación de votarles. Y les votan porque el partido de Abascal ha tirado de fascismo puro y duro apelando a las emociones, a los sentimientos que despiertan los símbolos y las frases grandilocuentes que solo buscan encandilar, desarmar, conmover, excitar las emociones y los sentimientos más primarios de la gente. Unas frases, con alguna que otra morcilla del propio Abascal o de alguno de los suyos, sacadas literalmente del manual de Trump: “Hagamos de España Una, Grande y Libre otra vez” “España para los españoles” “Los españoles primero” “los emigrantes vienen a delinquir, a robar, a violar, a quitarnos el trabajo, a llevarse las subvenciones, las viviendas públicas, dejándonos a nosotros, los españoles, en la calle. etc.” y cosas por el estilo que no dejan de repetir conscientes de que esas frases repetidas una y otra vez son como lluvia fina que cala profundamente en la gente, cuyo descontento crece día a día.

Y todo su afán es capitalizar ese descontento, un descontento legítimo, que cada vez crece más en la sociedad española que ve que el país económicamente va como un tiro mientras a los trabajadores y trabajadoras cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. Y el fascismo encuentra su caldo de cultivo en ese legítimo descontento y decepción con los partidos políticos tradicionales, sobre todos a los partidos de izquierdas, como no podía ser de otra manera, a los que Abascal y los suyos culpan de todos los males de la patria. No explican por qué su providencial partido, junto al Partido Popular, se ha opuesto sistemáticamente a la subida del salario mínimo y las pensiones, que podían aliviar ese empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras que no llegan, o llegan arrastra, a fin de mes. Tampoco explican por qué se niegan a invertir en la Sanidad y la Educación públicas, y demás servicios públicos, a los que ven solo como un gasto, un despilfarro para las arcas públicas.

Lo que sí ha dicho muchas veces el propio Abascal, con toda la desfachatez de la que es capaz, que no es poca, que si gobierna va a acabar con los chiringuitos, y lo dice él, que toda su vida laboral ha vivido, y muy bien, por cierto, de chiringuitos montados para él por dirigentes del Partido Popular como Esperanza Aguirre que, veía que tenía que montarle alguno porque este hombre era bastante torpe y vago, y totalmente incapaz de buscarse la vida como hace todo el mundo. Y éste es el que viene a acabar con los chiringuitos, algo que no se creen ni sus propios votantes, que ya es decir. Como tampoco se creen sus votantes ese aire militar, esa pose de invicto caudillo, esa afectación, ese gesto de una gravedad fingida, teatral; ese amaneramiento de líder espartano de cómic, ese ponerse de puntillas para parecer más alto, para sobresalir entre el resto de mortales, como se le vio en una foto que se hizo con otros líderes de su partido; ese envaramiento de hombre providencial, de césar visionario que aguanta la postura mientras el escultor talla a toda prisa su estatua de mármol de Carrara que habrá de presidir una importante plaza. Y sus votantes no se creen tanto postureo castrense, tanta marcialidad, porque saben que pidió cuatro prórrogas, y hubiera pedido diez si hubiera hecho falta para escaquearse de hacer el servicio militar.

Esto de escaquearse del servicio militar es muy de patriotas, de buenos españoles de bien y de orden. Y esto uno lo sabe bien porque durante mi servicio militar, muchos de los reclutas que hicieron la instrucción conmigo, todos ellos hijos de jefes y algún general que otro, solo estuvieron en el cuartel tres meses, hasta la jura de bandera. Y cuando juraron bandera desaparecieron del cuartel para continuar sus estudios y su vida con total normalidad, quedándonos en el cuartel los pringados, porque no iban a estar un año entero haciendo guardias en las garitas, pasando fríos y calores sin cuento, o fregando suelos y perolas como idiotas.  

Pero todo este resurgimiento de Abascal, que llevaba muchos años sesteando en su escaño del Congreso de los Diputados, su último chiringuito, donde vivía bien, impartiendo su doctrina, dando sus misas como un párroco aburrido de pueblo, viviendo sin dar un palo al agua, como a él le gusta vivir, acabó cuando Trump apareció en el horizonte. Y en ese momento, Abascal vio la luz,  sintió que ése era el camino a seguir, e inmediatamente pidió que le tradujeran el manual y argumentario de Trump, él no podía hacerlo porque no sabe una palabra de inglés, y de francés no digamos, ya le vimos pronunciar, o lo que fuera aquello, unas palabras en la lengua de Moliére que hizo brotar lágrimas de risa a Marie Le Pen y todos los dirigentes del partido ultraderechista francés que le escucharon haciendo esfuerzos sobrehumanos para no tirarse por el suelo de la risa

Y ya con el manual y el argumentario de Trump traducido, y después de hacerle algunas, mínimas, adaptaciones al carácter y a la singularidad española, proceder a aprendérselo, lo cual no es muy difícil, ni siquiera para Abascal que, como todo el mundo sabe, y sus votantes los primeros, no le gusta mucho trabajar, porque se cansa. Pero poco a poco empezó a empaparse del manual, de la “Biblia” Trumpista hasta, con los, como decimos, necesarios arreglos y adaptaciones, y algunas morcillas propias, hacerla suya.

Y una vez aprendido el manual de Trump y bien memorizadas las frases más importantes, efectivas y motivadoras, que sus asesores le han marcado con un rotulador amarillo fosforescente, y algunas otras frases de su, poca, cosecha y algunas que les han soplado sus asesores, algunos tan brillantes como Figaredo, Millán, Buxadé, Garriga, Barrera, Ndongo...etc. Casi todos ellos con una permanente cara de vinagre, de funeral de Estado con la que riñen a los malos españoles que son, naturalmente, los que no piensan como ellos. Unas frases provocadoras, violentas, agresivas, pronunciadas con una seriedad y una gravedad tremenda, seguramente para intentar darle a sus palabras una entidad, una verdad que en modo alguno tienen.

Pero lo peor de estas últimas elecciones en Extremadura no ha sido el ascenso de Vox y el fracaso del PSOE. Lo peor, con diferencia, es la tremenda abstención que ha rondado el cuarenta y siete por ciento. Una abstención sobre la que han pasado de puntillas los medios de comunicación de la llamada “caverna mediática” que se han centrado en dar el correspondiente bombo y platillo a los, según sus palabras, contundentes, incontestables, rotundos, aplastantes...etc. triunfos tanto del Partido Popular como de Vox. Poco o nada han dicho de ese extraordinariamente preocupante dato de la abstención. Todos los representantes políticos deberían hacer el correspondiente análisis, identificar las causas y buscar soluciones a esa muy preocupante indiferencia, a esa frialdad, a ese desapego de la política, de casi la mitad del electorado extremeño, y ya veremos en otras regiones, que socava, debilita, daña, corroe como un ácido los cimientos de la democracia. Mucho más que Abascal y sus seguidores. Que ya es decir. 

 

sábado, 27 de diciembre de 2025

27/12/2025 - IRPH: DEL CONFLICTO INSTITUCIONAL A LA PREVARICACIÓN

La prevaricación judicial, artículo 446 del Código Penal, exige que un juez dicte una resolución manifiestamente injusta, a sabiendas, y sin interpretación jurídicamente razonable, algo que suena mucho a los afectados por el IRPH

José Antonio Gómez 27/12/2025

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La cuestión es delicada. La prevaricación judicial, tipificada en el artículo 446 del Código Penal, exige que un juez dicte una resolución manifiestamente injustaa sabiendas, y sin interpretación jurídicamente razonable. No basta con errar, ni siquiera con errar gravemente. Pero el conflicto entre la jurisprudencia española y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reabierto el debate sobre los límites entre la independencia judicial y la desobediencia consciente del Derecho europeo.

Núcleo del conflicto

El TJUE ha sido claro desde su sentencia de 3 de marzo de 2020: el hecho de que el IRPH sea un índice oficial no lo excluye del control de transparencia, y los jueces nacionales deben analizar si el consumidor comprendió el funcionamiento económico real del índice y sus consecuencias. Esa doctrina se ha reiterado y reforzado en resoluciones posteriores.

Sin embargo, una parte significativa de los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, ha mantenido una línea restrictiva, validando el IRPH con razonamientos formales: su publicación en el BOE, su carácter legal o la supuesta imposibilidad de manipulación. Para los críticos, este enfoque vacía de contenido el control de transparencia exigido por la Directiva 93/13/CEE.

Aquí nace la acusación más grave: que ciertos órganos judiciales no estarían interpretando el Derecho de la UE, sino eludiéndolo.

La existencia de prevaricación

Quienes sostienen que podría existir prevaricación en los casos de IRPH articulan su posición en torno a cuatro ejes principales. Por un lado, está la desobediencia reiterada al TJUE por parte del Tribunal Supremo. Cuando un juez ignora de forma sistemática una doctrina clara y consolidada del TJUE, especialmente tras cuestiones prejudiciales directas, podría estar vulnerando el principio de primacía del Derecho de la UE, reconocido constitucionalmente. Si esa desobediencia no se justifica en una interpretación alternativa razonable, el elemento objetivo de la prevaricación comienza a perfilarse.

Por otro lado, está la existencia de resoluciones estereotipadas y acríticas. En numerosos procedimientos se han dictado sentencias prácticamente idénticas, sin análisis individualizado del caso concreto ni de la información precontractual ofrecida al consumidor. Para los denunciantes, este automatismo revela una renuncia consciente a juzgar, incompatible con la función jurisdiccional.

Otro de los puntos importantes y jurídicamente más polémicos se halla en la inversión encubierta de la carga de la prueba.  Algunos jueces han exigido al consumidor que demuestre no haber entendido el IRPH, cuando la jurisprudencia europea impone al profesional la carga de probar la transparencia. Esta inversión, reiterada pese a los avisos del TJUE, es presentada como un indicio de voluntad resolutiva injusta.

Además, a todo lo anterior, hay que sumar la visión de que existe una protección sistémica del sector bancario. El argumento más político —y el más polémico— sostiene que ciertas resoluciones responden a una lógica de estabilidad financiera, priorizando el impacto sistémico sobre los derechos individuales. Si se demostrara que esa motivación extrajurídica condiciona conscientemente el fallo, el tipo penal podría entrar en juego.

Blindaje de la independencia judicial

Frente a estas acusaciones, otros juristas consultados y el propio Consejo General del Poder Judicial sostienen que hablar de prevaricación es jurídicamente insostenible y conceptualmente peligroso. Para sostener sus afirmaciones señalan que la interpretación judicial no es delito. El Derecho, especialmente en materia de cláusulas abusivas, admite márgenes interpretativos. El hecho de que un juez discrepe del TJUE o adopte una lectura restrictiva no convierte su resolución en injusta “manifiestamente”, requisito esencial del tipo penal.

Además, a pesar de que hay resoluciones que así lo evidencia, defienden que hay una ausencia del elemento subjetivo. Probar que un juez actuó con conciencia plena de dictar una resolución injusta es extremadamente difícil. La prevaricación no sanciona el error, ni siquiera la negligencia grave, sino la corrupción intelectual del acto jurisdiccional. Sorprende, dentro de estos defensores de la acción de los jueces del Supremo respecto al IRPH, la tendencia a afirmar que si existe un problema en la aplicación del Derecho europeo, la vía adecuada es el recurso, la cuestión prejudicial, o incluso la responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del Derecho de la UE, no el proceso penal contra jueces individuales, porque esto último abre una puerta que los jueces españoles quieren que se mantenga cerrada: la presentación de querellas por discrepancias interpretativas ya que, según los defensores de la actividad del Supremo, podría tener un efecto paralizante sobre la judicatura y erosionar la independencia judicial, uno de los pilares del Estado de derecho.

Crisis de confianza o delito probado

El debate sobre la prevaricación en los casos de IRPH revela menos una conspiración judicial que una fractura estructural entre el Derecho europeo y su recepción nacional. La resistencia de parte de la judicatura española a aplicar plenamente la doctrina del TJUE ha generado una percepción de injusticia que, en ausencia de mecanismos eficaces de corrección, se traduce en acusaciones extremas.

Desde un punto de vista estrictamente penal, probar la prevaricación sigue siendo improbable. Pero desde una perspectiva institucional, el problema es más profundo: la persistencia de resoluciones contrarias al espíritu y a la letra del Derecho de la Unión mina la confianza ciudadana y coloca a España en una posición incómoda dentro del orden jurídico europeo.

En última instancia, el caso IRPH no es solo un litigio hipotecario. Es un test sobre hasta qué punto los jueces españoles están dispuestos a aceptar que, en Europa, la última palabra no siempre se dicta en casa. Y esa resistencia, aunque se pretenda demostrar que no es delito, tiene un coste democrático, político y social real.

 

miércoles, 24 de diciembre de 2025

24/12/2025 - DOS LADRONES DE POLÍTICAS

Con mi escrito sobre “Jesús”, me había propuesto dar por finalizado el año y no escribir hasta el próximo 2026, pero lo ocurrido en las Elecciones de Extremadura me han hecho recapacitar y quiero decir mi sentir, mi triste sentir, por cómo se han desarrollado y el porqué de unos resultados que, por desgracia, servidor sí había previsto en parte, como más adelante explicaré.

Antes de nada, dejar claro que no quiero referirme a que las dos personas que voy a nombrar sean políticos ladrones. Igual también lo son, pero servidor no tiene ninguna base ni ningún fundamento para poder afirmar eso, por lo tanto, quede claro que lo que quiero exponer en este escrito es que las dos personas que voy a citar, a mi modo de ver, son dos ladrones de políticas, sencillamente, porque sus políticas sociales han sido eliminadas de su agenda y sólo les ha interesado lo que vulgarmente se llama “el politiqueo” y un salario que en ningún caso habrían tenido de no ser por sus cargos públicos y políticos. Han secuestrado cualquier política que pudiera favorecer a la clase obrera y, por descontado, a los más desfavorecidos, para, “escondidos” (que ni para eso sirven) en un partido que se tiene por formación de izquierda, “robar” sus pocas políticas de este signo.

Cada uno de ellos ha salido vapuleado en sus propios pueblos, donde, prácticamente, nunca habían perdido de la manera tan contundente como ahora lo han hecho. Sus pueblos eran feudos socialistas sin discusión, y los populares nada tenían que hacer que no fuera oposición. Por cierto, una oposición tan blanda que para ellos era algo así como un “hazme reír” en cada pleno del Ayuntamiento, y, en casos, utilizaban (ellos y sus ediles) una forma de tratar al adversario político de manera despectiva e insultante o con una ligera mofa en cada una de sus pocas intervenciones, dada la poca talla de los populares y su más que clara abulia. Con la que, dicho sea de paso, piensan llegar a gobernar el país, a costa -como se está viendo a diario- de la inutilidad de los que se tienen por socialistas, pero que no lo son, evidentemente, pues de no haber sido por Sumar y Podemos no tendríamos un SMI medio decente, un IMV, unas pensiones, al menos, sin congelar y algunas otras medidas que ellos nunca hubieran traído a la ciudadanía, por la sencilla razón de que sólo son la derecha que mira de reojo a la Banca (miren lo del IRPH de las hipotecas y la deuda que mantienen con los españoles por el “rescate”, unos ¡110.000 millones de euros!) y las medidas sin el mínimo escrúpulo del mundo empresarial, aunque, ciertamente, no la derechona popular.

Si nos atenemos a los resultados, aunque no he realizado las cuentas, pero me queda bastante claro, es curioso como el PP suma un escaño más (que pueden ser dos) con menos votos de los que tuvo en el 2023 (228.300 ahora contra 237.384 antes); y la debacle socialista, pienso que ha beneficiado tanto al PP como a los del diccionario de los bulos, las noticias falsas y las mentiras, VOX, puesto que la ley de D´Hondt, es posible que les haya echado una mano, ya que los socialistas han pasado de 244.227 votos en el 2023 a sólo 136.017 ahora,  y gracias también a las listas cerradas que han colocado a personajes encausados, lo cual ha supuesto que los extremeños no se iban a tragar semejante sapo así por las buenas. En definitiva, estas Elecciones, como la mayoría, las ha ganado la abstención una vez más. De 236.760 en el 2023 ha pasado a 320.292 ahora, es decir, ha subido en 83.532 personas más que han decidido quedarse en casa, lo que supone que hemos pasado del 27,57% en el 2023 al 37.27% ahora.

Sólo queda por ver de estas Elecciones, si la Sra. Guardiola va ser capaz -cosa que dudo mucho- de “defenestrar” a la “escoria” de VOX llegando a un acuerdo con los del PSOE, que, está más que claro, los pobrecitos, estarían totalmente de acuerdo sin pedir nada a cambio. Mas, seguro que no va a ocurrir, tanto PP como VOX son perros de la misma camada y tratarán de “chupar” juntos de la misma teta, por desgracia para la mayoría de la ciudadanía extremeña.

Para terminar este escrito, diré lo siguiente: tiempo antes de las Elecciones, dije a un amigo (de los pocos que me quedan) que tanto el alcalde de Castuera (donde vivo y desde donde escribo) como el Secretario General del PSOE de Extremadura, eran dos personajes políticos “muertos”, dadas sus presuntas causas de corrupción que los tenían, por el momento, sólo imputados. Y que no sólo se habían cargado sus pueblos (como ha quedado demostrado, consiguiendo una total debacle en ambos) sino que se habían cargado el partido del que “mamaban”, que, dicho sea, los debería haber expulsado como, según parece, se recoge en sus Estatutos, y que, sus resultados (no sólo a nivel local sino también a nivel regional) serían escandalosos, pues como dijo ese Presidente americano, Abraham Lincoln -aunque hay duda de que fuera él quien  pronunció la frase-, “Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”. Parece ser, sin ánimo de presunción como adivino, que servidor tenía bastante razón en sus predicciones. Será quizás los años en esto de la crítica política…

24/12/2025 - IRPH: LAS MATEMÁTICAS REVIENTAN A LAS TOGAS

El Supremo razona como si cada caso aislado de IRPH pudiera refutar una ley general. Pero la ciencia, incluida la financiera, no funciona así

José Antonio Gómez 24/12/2025

En muchas ocasiones la vida muestra cómo la verdad jurídica y la realidad son polos opuestos. Sin embargo, lo que la verdad jurídica no puede rebatir son las matemáticas, sobre todo cuando se está juzgando cuestiones financieras. Eso es lo que sucede con el IRPH y la entrevista publicada con Guillem Bou es una muestra de cómo los jueces españoles, incluidos los del Supremo, tienen una auténtica ignorancia en cuestiones financieras. El problema está cuando esa ignorancia está provocada por intereses espurios. 

La entrevista a Guillem Bou, un matemático con décadas de experiencia docente y pericial, no es solo una crítica jurídica: es, sobre todo, una impugnación económica y financiera del modo en que el Tribunal Supremo ha entendido, o no, la naturaleza del IRPH.

El núcleo del problema, explica, está en el origen mismo del índice. “Si se hubiera aplicado según la Circular 5/94 entonces sí hubiera sido adecuado”, afirma. Aquella norma del Banco de España nació en un contexto de transición: ciudadanos acostumbrados a hipotecas a tipo fijo se enfrentaban por primera vez a la volatilidad de los tipos variables. La solución que se diseñó fue casi pedagógica: “Era como decir ‘el precio justo, ahora que los tipos son variables, es este, un promedio’. Eso era el IRPH”.

Pero ese “precio justo” tenía una condición esencial: no debía llevar diferencial positivo. De hecho, recuerda Bou, cuando algunas entidades lo añadieron, desde el propio Banco de España se advirtió que “precisamente, por su construcción, debía ir con un diferencial negativo”. Esa advertencia no es una conjetura ex post, sino un hecho documentado que llegó al Tribunal Supremo en las alegaciones de la Sentencia 1591/2025. “Pero no hicieron caso. Sospecho que los magistrados no entienden qué es el IRPH”, concluye con crudeza.

Un índice mal explicado… o no explicado en absoluto

Desde el punto de vista financiero, la transparencia no es un adorno moral, sino un requisito estructural para que un mercado funcione. Sin embargo, el diagnóstico de Bou es rotundo: “No he encontrado ni un solo caso donde se explique esto”, dice sobre la información facilitada a los clientes. La excepción confirma la regla: “Sólo alguna vez he visto una hipoteca de los años noventa donde sí se aplica el diferencial negativo. Es decir, la entidad sabía lo que debía hacer”.

El Supremo, sin embargo, ha insistido en que no basta con probar que el IRPH es más caro, sino que hay que demostrar falta de información relevante. Desde una lógica económica, la respuesta de Bou es demoledora: “Si yo hubiera examinado a un alumno de algo que no hubiera explicado, me hubiera caído un expediente”.

Un problema de la ESO

Uno de los ejes de la doctrina del Alto Tribunal es la idea de que el IRPH y el Euríbor siguen trayectorias paralelas, de modo que un diferencial menor podría compensar la diferencia. Para el matemático, esto es sencillamente falso: “Si tenemos que la gráfica del Euribor y del IRPH no son paralelas, pero el Supremo se empeña en que sí lo son… yo no sé qué decir”. Y añade, sin ironía: “Tenemos un Tribunal Supremo que da la espalda a la ciencia, es decir, un tribunal terraplanista”.

El argumento no es retórico. “El paralelismo de funciones se estudia en tercero de ESO”, recuerda. Si no se entiende ese nivel elemental, difícilmente puede comprenderse lo que viene después: los métodos de acotación, esenciales para demostrar que el IRPH genera un perjuicio estructural, no coyuntural. “Si el Supremo no entiende el paralelismo de funciones de tercero ESO, tengo mis dudas de que pueda entender qué es una función acotada por otra”, afirma.

Abuso estructural

Desde el prisma económico, la cuestión clave no es cuánto pagó de más cada familia, sino por qué pagó de más. El IRPH, explica Bou, incorpora márgenes bancarios implícitos y se construye a partir de TAEs, no de tipos nominales. El resultado es una doble retribución: “Es un hecho matemático-financiero, es decir, objetivo, que sin diferencial negativo hay doble retribución. Por tanto, es masivamente abusivo de entrada”.

De ahí que el daño sea profundo y persistente. “Es mucho lo cobrado de más, mucho más que en las cláusulas suelo, porque estas sólo se aplican durante unos años y, en cambio, el IRPH abusa durante toda la vida del préstamo”. La comparación que propone no es casual: “Estamos ante algo similar al ‘cartel de coches’ o a los trucajes de los surtidores de gasolina”.

El desencuentro con Europa

La distancia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE no es, a su juicio, ideológica, sino cognitiva. “El TJUE detecta enseguida que está juzgando un caso de doble retribución. En otras palabras: una estafa masiva”, afirma, usando el término “estafa” en sentido vulgar, no penal. También detecta algo esencial: “Si se omite que el IRPH se construye con tipos TAE en vez de TIN, se está vendiendo gato por liebre”.

Por eso, concluye, el problema no es de coherencia jurídica, sino de comprensión financiera: “El Supremo no puede ser financieramente coherente con el TJUE porque no entiende, simplemente, los aspectos financieros de las sentencias TJUE”.

Ciencia vs casuística

Quizá la crítica más profunda es metodológica. El Supremo razona como si cada caso aislado pudiera refutar una ley general. Pero la ciencia, incluida la financiera, no funciona así. “Que fumar perjudica los pulmones es un hecho científico, aunque a uno le afecte más que a otro”, explica. Del mismo modo, “el IRPH es financieramente abusivo independientemente de que, a un cliente particular, el banco le hubiera ofrecido otra alternativa”.

Al final, el diagnóstico es tan severo como sereno: “Que las sentencias del Supremo son técnicamente erróneas o defectuosas, es un hecho demostrable (y demostrado)”. Lo anómalo, concluye, no es el error, sino “que no se corrija”.

En economía, como en matemáticas, los errores no desaparecen por decreto. Solo se corrigen cuando se aceptan los datos. Y el IRPH sigue siendo menos un problema jurídico que un fallo persistente de alfabetización financiera en la cúspide del sistema judicial.