Numerosos asuntos que afectan a la derecha se eternizan en los tribunales, algo que contrasta con la rapidez que se ha dado el Supremo para condenar al fiscal general
Dice Rosa Villacastín que está muy bien hablar de la corrupción del PSOE,
pero que tenemos que hablar “de todos” los casos, también los del PP. Y tiene
razón. Da la sensación de que la UCO y la Justicia se está dando mucha prisa en
resolver los asuntos de corrupción del PSOE, mientras que los que afectan a la
derecha se eternizan, se ralentizan o duermen el sueño de los justos. Estos
días de escándalos estamos viendo cómo la trama Koldo estalla amenazando con
hundir al PSOE mientras expedientes que tienen que ver con los negocios del novio de Ayuso y sus contratos de Quirón, el caso
Montoro, el caso Zaplana, las presuntas negligencias de Mazón, los protocolos
de la vergüenza en Madrid, la privatización del hospital de Torrejón, el
escándalo de las mamografías en Andalucía, la financiación de Vox y las
trapacerías de Villarejo se eternizan de forma exasperante.
¿Hay una Justicia a dos velocidades? ¿Es la Justicia igual para todos? Al
fiscal general del Estado se le ha juzgado y condenado en tiempo récord
mientras el novio de Ayuso, que lo llevó al Supremo, sigue sin ser sentado en
el banquillo de los acusados por sus delitos fiscales. La Constitución
establece un poder judicial independiente y garante de la igualdad ante la ley.
Sin embargo, en la práctica, muchos ciudadanos perciben que no todos los casos
avanzan con la misma celeridad. Procesos como los ERE de
Andalucía o las investigaciones sobre la financiación irregular en distintas
federaciones socialistas han sido instruidos con notable rapidez. En
algunos de estos casos, las imputaciones y juicios llegaron en cuestión de
meses, generando titulares constantes y un impacto político inmediato.
Analistas señalan que la presión mediática y la relevancia institucional de
los acusados contribuyeron a acelerar los procedimientos.
En cuanto a los casos vinculados a la derecha, se han producido dilaciones
y recursos interminables. Macrocausas como la trama Gürtel o el caso Kitchen
han tardado años en instruirse, con recursos, apelaciones y fragmentaciones que
han ralentizado el proceso. La percepción ciudadana es que los casos que
afectan al Partido Popular y a otros partidos de la derecha se eternizan en los
tribunales, llegando incluso a perder fuerza mediática por el paso del tiempo.
Esta lentitud erosiona la confianza en la igualdad de trato judicial.
A día de hoy, hay numerosos casos que salpican al PP que avanzan con
ostensible parsimonia. La causa contra el novio de Ayuso y los contratos con
Quirón, por ejemplo. Alberto González Amador aparece en los registros internos
de Quirón Salud con una identidad falsa (“Alberto Burnet González”) y cargo de
director de proyectos. Se investiga su papel en comisiones y contratos millonarios con Quirón, empresa que recibe
unos 5.000 millones de la Comunidad de Madrid. Esto plantea
un conflicto de intereses entre la gestión pública y los negocios privados
vinculados a su entorno. El asunto es complejo, pero los delitos fiscales por
los que está acusado Amador se han ralentizado. Cualquier ciudadano normal
tendría ya una sentencia por una causa similar, más teniendo en cuenta que hay
un informe de Hacienda que constata la existencia del delito. El novio de Ayuso
no. Incluso se habla de la posibilidad de que la sentencia condenatoria contra
Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, por revelación de datos de su
expediente tributario, podría servirle a “Burnet” González para solicitar la
anulación de todo el procedimiento.
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro está
imputado por crear una red de influencias que favoreció a empresas gasistas
mediante reformas legislativas, a cambio de pagos al despacho Equipo Económico,
fundado por él. Se le atribuyen delitos de corrupción, tráfico de influencias y
cohecho. La causa avanza lentamente.
El exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana fue condenado a
10 años y 5 meses de prisión por el caso Erial, relacionado con
mordidas en concesiones de ITV y el Plan Eólico. También se le impusieron
multas millonarias e inhabilitación. Zaplana recurrió al Supremo su condena
bajo el argumento de “pruebas fabricadas”. El expresidente valenciano pide su
absolución acusando al fiscal de buscar delatores “clandestinamente”. El casi
sigue abierto.
Tras dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana por su nefasta
gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón mantiene
su condición de aforado como diputado autonómico. Esto significa que solo puede
ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, lo que complica
posibles causas judiciales. Se ha superado ya un año desde la tragedia y Mazón
ni siquiera ha sido imputado. ¿Tan complicado es, después de más de un
año, llevarlo ante la jueza de Catarroja para que explique qué hizo
durante aquella tarde fatídica? A Ximo Puig ya le habrían metido la perpetua.
Durante la pandemia, se aplicaron protocolos que impedían derivar ancianos
de residencias a hospitales. Se estima que 7.291 personas murieron en
geriátricos madrileños, la mayoría privatizados, bajo estas directrices. El
Gobierno de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
está bajo sospecha de graves negligencias, pero la causa se ha cerrado y se ha
abierto en sucesivas ocasiones y en diferentes juzgados. ¿Dará explicaciones
Ayuso algún día? No parece probable. Goza de inmunidad y no solo política.
El hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por Ribera
Salud, está en el centro de un escándalo: audios filtrados muestran
que se ordenaba rechazar pacientes menos rentables, engordar listas de espera y
reutilizar material sanitario. Se trata de un escándalo sanitario de
proporciones mayúsculas, pero aún no se ha abierto causa para investigar el
asunto. Algo parecido a lo que ocurre en Andalucía con el escándalo de las
mamografías. Cientos de mujeres denuncian la derivación masiva de pruebas a
hospitales privados, mientras en centros públicos se hacían muchas menos
pruebas, poniendo en riesgo su salud. Se cuestiona la externalización de
cribados de cáncer de mama y la falta de cobertura suficiente.
En cuanto a Vox, el Tribunal de Cuentas lo multó
con más de 800.000 euros por aceptar donaciones irregulares
entre 2018 y 2020. Además, se investiga la fundación Disenso y las últimas
noticias hablan de un presunto desvío de donaciones y fondos solidarios
para los afectados de la dana de Valencia gestionados por Revuelta, una
organización juvenil próxima al partido de Abascal. El Supremo anuló una
sanción previa de 233.000 euros, pero la sombra de la financiación irregular
persiste.
Comentario:
La Justicia no es ciega es tuerta, ve muy bien por el ojo derecho. “Una Merde”.
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