La sentencia contra el fiscal general del Estado viene a demostrar que estamos en pleno golpe judicial de las togas contra el Gobierno de Pedro Sánchez
José Antequera
10/12/2025
Hasta la Inteligencia Artificial cree
que se ha desatado una “caza de brujas” contra el Gobierno. Cuando se le
pregunta al oráculo/robot de turno si hay “lawfare” o guerra sucia en España,
la IA contesta rotundamente que “sí”, que “se habla de una caza de brujas
judicial” contra el Gobierno de Pedro Sánchez,
“especialmente tras la condena del fiscal general del Estado y las
investigaciones abiertas contra miembros de su entorno”. La máquina infalible
no niega que exista el problema, al contrario, admite que la politización
judicial está ahí.
La sentencia del Tribunal Supremo contra
el fiscal general del Estado por revelar secretos del expediente tributario del
novio de Isabel Díaz Ayuso ha causado estupor, conmoción y
gran alarma social. Reconocidos juristas y expertos en Derecho se llevaban ayer
las manos a la cabeza tras comprobar que no hay ninguna prueba contra Álvaro García Ortiz, de modo que el fallo se ha basado
en meras conjeturas y suposiciones. Es decir, sus señorías han puesto una
sentencia interpretativa, valorativa, subjetiva, más allá del relato fáctico.
Al fiscal general (ya ex) lo condenan por la filtración de un correo sobre la
pareja de la presidenta de Madrid que en ningún momento ha sido probada y por
divulgar una nota de prensa aclaratoria de un bulo, el difundido por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la lideresa. El despropósito cometido por la
mayoría del tribunal (cinco magistrados han condenado y dos, Ferrer y Polo, han optado por la absolución en un voto
particular), es tal que podría decirse que el Tribunal Supremo ha dilapidado el
escaso crédito que le quedaba ya. Desde ayer, el Estado de derecho ha entrado
en quiebra.
Los principales argumentos en contra de la sentencia se centran en la falta
de pruebas directas, la interpretación demasiado arriesgada y atrevida de los
indicios y el voto particular de dos magistradas que defendieron la absolución
del reo. En primer lugar, el fallo llega a conclusiones trascendentales con
meras hipótesis sin contrastar y sin poder probar, ni por un solo momento, que
García Ortiz fue la persona que filtró el famoso correo sobre los delitos
fiscales del novio de Ayuso. De esta forma, el derecho a la presunción de
inocencia salta por los aires, sobre todo cuando sus señorías redactan ese
párrafo para los anales del Derecho procesal en el que vienen a decir que si la
filtración no partió del propio fiscal general seguramente partió de “una persona
de su entorno inmediato”. Imaginación al poder. De alguna manera, la sentencia
reconoce que no existe evidencia directa de que García Ortiz filtrara el correo electrónico del
abogado de Alberto González Amador y, aun así, condena. Ni siquiera le ha
valido al tribunal el testimonio de los periodistas que comparecieron en la
vista oral y que afirmaron, tajantemente, que su fuente no fue el máximo
responsable de la Fiscalía. A los jueces de Estrasburgo les dará un síncope
cuando caiga en sus manos semejante delirio o chapuza judicial.
En cuanto al segundo argumento condenatorio, la interpretación extensiva
del delito de revelación de secretos que hacen los magistrados, resulta más que
discutible que se pueda llegar a un veredicto de culpabilidad a partir de
una nota de prensa de la Fiscalía. Responder a una noticia falsa con
información oficial no debería ser delito. Es filosófica y metafísicamente
imposible y admitir lo contrario supone elevar la mentira a los altares
jurisprudenciales. A lo largo de los 233 folios de sentencia, lo que viene a
decirse es que una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una
verdad. Goebbels ha entrado en el Supremo por la puerta
grande.
El jurista Martín Pallín desmonta el
constructo de Marchena y los suyos: el
derecho al secreto no era absoluto para el defraudador, era compartido con la
Administración tributaria, que tenía abierto el expediente, y por la Fiscalía,
que tenía la obligación de hacer prevalecer el interés general, en este caso
desmontar el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto de
conformidad al contribuyente evasor (en realidad, fue exactamente al revés, fue
el abogado de Amador quien le ofreció el acuerdo a la Fiscalía para
rebajar penas a su cliente al entender que estaba pillado en graves
irregularidades con el fisco).
Y, en tercer lugar, y no menos grave que lo anterior, viene a decir el
Supremo que si el fiscal general borró los mensajes de su teléfono móvil es
porque algo tenía que ocultar. Una vez más, conjeturas descabelladas elevadas a
la categoría de sentencia. Es evidente que a García Ortiz le asistía el derecho
al borrado de su terminal porque así lo establece, por razones de seguridad, el
protocolo de la Fiscalía. Sienta una grave jurisprudencia el tribunal, ya que,
a partir de ahora, borrar un wasap puede ser considerado delito. Todos estamos
en el punto de mira.
Llegados a este punto, no podemos por menos que sentir una
inquietud profunda ante esta Justicia selectiva, irracional e inquisitiva
que ha instaurado la mentira como ley. Estamos sin duda ante un caso de
carácter político, lo que vuelve a poner encima de la mesa algo que muchos
llevamos denunciando desde hace tiempo: la existencia de “lawfare” en España.
Si todo un fiscal general puede ser condenado a la inhabilitación profesional y
a la muerte civil con una sentencia tan floja e incoherente en sus
razonamientos jurídicos, y lo que es peor, sin pruebas concluyentes, ¿qué
garantías puede tener un ciudadano de a pie de que, llegado el caso,
tendrá un juicio justo? Ninguna.
La sentencia es, sin duda, histórica, tal como dice el preboste del
PP Miguel Tellado. Y es verdad que va a pasar a la
posteridad, pero para mal. El fallo genera inseguridad jurídica, dinamita
varios artículos de la Constitución y
provoca desafección en la ciudadanía. Lo que nos queda por ver en los próximos
días o semanas es más de lo mismo. La caza de brujas no ha hecho más que
comenzar. A Pedro Sánchez juraron liquidarlo el día que pactó con Podemos y Puigdemont y
era cuestión de tiempo que lo subieran al cadalso. Estamos asistiendo, ya lo
hemos dicho otras veces en esta columna, a un golpe de togas, a un golpe
blando. Dejando aparte el caso Koldo, un feo
asunto que huele a corrupción por los cuatro costados, el futuro judicial para
la familia monclovita es más que negro. Begoña Gómez puede
darse por condenada por su maldito máster y la misma suerte va a correr el
hermano del presidente por sus maniobras orquestales. Ni uno ni otro tienen
posibilidad alguna de salir airosos de sus respectivos pleitos. El odio
antisanchista se ha apoderado del sector reaccionario de nuestra judicatura,
las paredes del Supremo rezuman bilis antiizquierdista. “Estás hundido. Eres un
dictador. Hoy tendría que caer tu Gobierno. Solo hay que ver tu cara: Ayuso te
gana de largo. Tú no puedes salir a la calle: a ella la admiran. Tú y tu familia
y tus adjuntos vais pa’lante”, dice un MAR más desatado y ebrio de rencor que
nunca. En esas manos maquiavélicas estamos. Miedo.
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