Feijóo y Abascal han mostrado su alergia a un órgano jurisdiccional que, a la luz de nuestra Carta Magna, pone en su sitio al sector conservador de la judicatura controlada por PP y Vox
Marcos López 18/12/2025
PP y Vox saben que les queda un duro hueso que roer antes de implantar un
Gobierno autoritario dispuesto a recortar el Estado de bienestar: el Tribunal Constitucional, último órgano jurisdiccional
capaz de enmendar los abusos del sector conservador de la Justicia española,
especialmente en el Tribunal Supremo.
Aunque no existen propuestas formales de la derecha española para acabar con
Constitucional, es evidente que sí hay una estrategia clara de cuestionar su
legitimidad y bloquear su funcionamiento. Si no acaban con el TC, lo
fagocitarán para terminar de controlar todo el escalafón de nuestra politizada
Administración de Justicia, tal como está ocurriendo en Estados Unidos, donde
la mayoría de los jueces son ya de la cuerda trumpista y colaboran con la Casa
Blanca en la demolición de las enmiendas constitucionales sobre protección
de derechos humanos y civiles.
El Partido Popular ha bloqueado en varias ocasiones la renovación de
magistrados del Tribunal Constitucional con el objetivo de esperar a tener
mayoría política suficiente y así cambiar la actual mayoría progresista
por una conservadora. Sectores de la derecha política y judicial, junto con
asociaciones ultraderechistas, han lanzado una campaña de deslegitimación contra
el TC, acusándolo de estar “al servicio del Gobierno” y cuestionando sus
resoluciones. Vox y otros grupos conservadores han criticado
duramente al tribunal por avalar medidas como la Ley de Amnistía, presentándolo
como un órgano politizado.
A la derecha le sobra el tribunal de garantías. Eliminarlo como institución
no ha estado hasta hoy en la agenda política: el Tribunal Constitucional ha sido un órgano esencial
en el sistema democrático español y su supresión requeriría una reforma
constitucional muy difícil de lograr. Pero el panorama puede cambiar
radicalmente si el partido trumpista Vox llega a tocar poder estatal de la mano
del PP, que le ha abierto la puerta a una futura coalición para desalojar a
Pedro Sánchez de la Moncloa.
En los últimos meses, tanto Santiago Abascal como Alberto Núñez Feijóo han lanzado declaraciones muy
críticas contra el Tribunal Constitucional, cuestionando su imparcialidad y
presionando sobre su funcionamiento. Abascal ha llegado a asegurar que
“desconfía de las resoluciones” del Alto Tribunal tras la exclusión de Vox de
la Junta Electoral Central. También ha habido presiones
del partido ultra a magistrados conservadores. Así, en junio de 2025 Vox exigió
a los magistrados afines al PP que bloquearan el Constitucional para impedir que
avalara la Ley de Amnistía. Y también ha habido llamamientos sin complejos a
boicotear plenos: instó a los jueces conservadores a no acudir al pleno del TC,
con el objetivo de que no hubiera quórum y así frenar la sentencia sobre la
amnistía.
Por su parte, Feijóo ha declarado que el PP tiene “dificultades para
aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional” porque considera que está
“trufado de cargos del Gobierno”, calificándolo de “inmoral”. No han faltado
conflictos institucionales. En septiembre de 2025 el PP anunció que llevaría al
Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso, acusando a la
Cámara baja de bloquear leyes aprobadas en el Senado. En cuanto a la renovación
del TC, aunque se mostró abierto a negociar con el PSOE la renovación de
magistrados, insistió en que debía garantizarse la “independencia” del
tribunal, aunque reconoció que “no era optimista”.
Estas declaraciones reflejan una estrategia de deslegitimación del Tribunal
Constitucional por parte de PP y Vox, especialmente tras sus resoluciones sobre
la Ley de Amnistía y otros asuntos sensibles. Mientras Vox busca directamente
bloquear el funcionamiento del TC, el PP se centra en cuestionar su
imparcialidad y en usarlo como vía de recurso contra decisiones del Gobierno y
del Congreso. El objetivo común es restar credibilidad al
tribunal y condicionar su composición futura, más que eliminarlo como
institución.
Tanto PP como Vox han mostrado una fuerte hostilidad hacia Cándido
Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, cuestionando su legitimidad
y buscando su salida. Líderes del PP, como Miguel Tellado, han declarado que
“no quieren negociar con este Gobierno”, justificando el bloqueo para evitar
que se mantenga la mayoría progresista en el TC. Vox va más allá al acusar a
Conde-Pumpido de ser “un peón del Gobierno” y de haber convertido el TC en un
órgano politizado.
La estrategia de Vox es más agresiva: busca paralizar el funcionamiento del
tribunal para restar legitimidad a sus decisiones. El propio presidente del TC
ha defendido públicamente la independencia del tribunal, afirmando que “no
respetar al Constitucional es no respetar a la Constitución”. Ha advertido que
los ataques políticos y el bloqueo de renovaciones ponen en riesgo el buen
funcionamiento institucional. Habrá que esperar para saber qué dicen los
respectivos programas electorales de ambos partidos que optan a conformar un
Gobierno de alternancia a Pedro Sánchez sobre el futuro del TC. La prueba de
fuego será, sin duda, la reciente sentencia condenatoria contra el fiscal
general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información sobre los delitos fiscales del novio de Isabel
Díaz Ayuso. La resolución del Tribunal Supremo ha sido calificada
desde diferentes ámbitos progresistas de la judicatura como “escandalosa”,
“polémica” y “caza de brujas” por haber llegado a un veredicto de culpabilidad
(con inhabilitación de García Ortiz para el ejercicio de cargo público) sin
pruebas concluyentes de la revelación de secretos. Es posible que el fallo sea
enmendado en el Constitucional por daño a los derechos fundamentales del
procesado, y en ese momento estallará la batalla final de las derechas para
desacreditar al órgano jurisdiccional encargado de hacer justicia a la luz de
los artículos de nuestra Carta Magna de 1978.
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