El PSOE de Sánchez siempre se ha aliado con Vox y el Partido Popular. Lo hicieron desde el Consejo de Ministros con los IRPH de las viviendas de protección pública, con la Abogacía del Estado y desde el Congreso de los Diputados
José Antonio Gómez
10/12/2025
Hoy es uno de esos días en los que se demuestra si el progresismo de un
partido es real o sólo impostura propagandística. Hoy, el Congreso de los Diputados vota sobre la
Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Sumar en la que se insta al
gobierno de Pedro Sánchez a que el IRPH no suponga causa de pérdida de vivienda
habitual a familias vulnerables.
El texto de la PNL, al que tuvo acceso en exclusiva Diario Sabemos, es muy clara: “insta al Gobierno a
elaborar un informe público sobre las medidas normativas o regulatorias
necesarias para evitar que la aplicación del Índice de Referencia de Préstamos
Hipotecarios pueda conducir a la pérdida de la vivienda habitual de familias en
situación de vulnerabilidad, evaluando el impacto social del uso del IRPH en
los préstamos hipotecarios".
Con esta proposición Sumar, con Félix Alonso Cantorné al
frente, pretende abrir una vía política para
contrarrestar los efectos sociales de la nueva doctrina judicial. La
Proposición No de Ley registrada en el Congreso reclama que el Gobierno
elabore un informe detallado y público sobre las medidas
regulatorias necesarias para impedir que la aplicación del IRPH pueda
derivar en la pérdida de viviendas de familias vulnerables. La
intención del grupo parlamentario es revelar, con datos y diagnósticos
transparentes, en qué medida este índice contribuye a situaciones de
sobreendeudamiento y estrés financiero y si está actuando como un factor adicional
de desigualdad en el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual.
La iniciativa también arroja un mensaje implícito al sistema financiero y a
los reguladores: la arquitectura normativa sobre la que se sustenta el IRPH
pertenece a un ecosistema hipotecario que ya no existe. Las condiciones del
mercado han cambiado, la regulación bancaria se ha sofisticado, los estándares
de transparencia se han endurecido y la sensibilidad social hacia la vivienda
como bien esencial es hoy mucho mayor que hace dos décadas. Lo que para los
bancos fue durante años un índice técnico más, para los consumidores se ha
convertido en un símbolo de opacidad y desigualdad.
Sánchez y el PSOE siempre se han alineado
con Vox y el PP
El PSOE de Pedro Sánchez no ha sido muy favorable a los afectados del IRPH,
por más que sigan autoproclamándose progresistas allá por donde se les
pregunta. Sin embargo, el movimiento se demuestra andando y, en el caso del
IRPH, el PSOE de Sánchez siempre se ha aliado con Vox y el Partido Popular. Lo
hicieron desde el Consejo de Ministros con los IRPH de las viviendas de
protección pública, con la Abogacía del Estado y desde el Congreso de los
Diputados.
Sin embargo, uno de los movimientos más graves se produjo en abril de 2021,
también en el Congreso de los Diputados. La política, en sus contradicciones,
rara vez mata de forma súbita. Lo hace, más bien, por hemorragia de credibilidad, por una sucesión de gestos
que erosionan la coherencia hasta convertirla en una ficción. El debate
parlamentario sobre el IRPH celebrado
en abril de 2021 (durante el gobierno de coalición con Podemos) en la Comisión
de Asuntos Económicos ejemplificó esa deriva: un PSOE que nació para defender a los trabajadores
terminó alineándose con los intereses del sector financiero,
dejando atrás a los 1,3 millones de familias atrapadas
por uno de los índices hipotecarios más polémicos de Europa.
La sesión giraba en torno a una Proposición No de Ley (PNL) impulsada
por EH-Bildu, que instaba al Gobierno a ordenar a la Abogacía del Estado defender a los afectados por
el IRPH o, al menos, adoptar una postura neutral en los litigios. La
iniciativa, defendida con vehemencia por el diputado Oskar Matute, planteaba un diagnóstico claro: la
doctrina del Tribunal Supremo sobre el índice es “incoherente”, oscila entre
reconocer su falta de transparencia y declarar su legalidad, y parece diseñada
para “blindar los intereses de la banca”.
El debate no fue solo técnico; fue ideológico. Matute recordó que, en
procesos anteriores, la Abogacía del Estado defendió que no se aplicara la
retroactividad porque perjudicaría al sistema financiero, aunque esta decisión
implicara dejar sin compensación a quienes pagaron durante años intereses más
altos de forma presuntamente abusiva. Una posición que, según el diputado
abertzale, equivalía a afirmar que “si robas poco tienes que
devolverlo, pero si robas mucho no”.
Esquerra, a través de Joan Capdevila, subrayó el
coste económico del IRPH para las familias y calificó el índice directamente de
“estafa y abuso”. Por Unidas Podemos,
Txema Guijarro fue igual de rotundo: “estoy de acuerdo hasta con las comas”,
dijo sobre la exposición de Matute.
La división se hizo evidente. Por un lado, los grupos que consideran que el
Estado no puede mirar hacia otro lado ante una práctica financiera cuestionada
en múltiples sentencias europeas. Por otro, el “bloque
de la Transición”. PSOE, PP y Vox, formaciones que, pese a su
antagonismo discursivo, se alinearon para votar en contra de la PNL.
En nombre de Vox, Inés Cañizares defendió que
proteger la banca es proteger España, un argumento que revela la centralidad
política que la formación ultra otorga a la arquitectura financiera. El Partido Popular, por su parte, mantuvo su línea
habitual: Miguel Ángel Paniagua calificó la propuesta de “injustificada”, pese
a que los tribunales llevan años revisando cláusulas bancarias que afectan a
millones de consumidores.
Pero fue la intervención del PSOE de Pedro
Sánchez la que marcó el clima político del día. Su diputado, Manuel Gabriel
González Ramos, justificó su voto negativo apelando a tecnicismos procesales, a
herencias del Gobierno de Mariano Rajoy y a una lectura estrictamente
procedimental del papel de la Abogacía del Estado. Argumentos que, sin embargo,
evitaron el núcleo del debate. Es absolutamente incongruente que un partido que se define como socialista vote en contra de
la defensa jurídica de 1,3 millones de familias trabajadoras.
El contraste con su propia tradición resultó inevitable. La frase de Pablo Iglesias Posse, “sois socialistas no para amar en
silencio vuestras ideas… sino para llevarlas a todas partes”, quedó flotando
como una acusación implícita. En lugar de cumplir ese mandato histórico, el
PSOE de Sánchez se situó junto a las formaciones que defienden sin fisuras los
intereses del capital financiero. Una postura que, para los afectados, para
organizaciones de consumidores y para parte de la izquierda parlamentaria,
supone una nueva traición ideológica que
trasciende el caso del IRPH.
Este episodio refleja un patrón más profundo. Cuando están en juego los
intereses de la banca, el PSOE adopta una postura cada vez más conservadora,
incluso a costa de su base social. Sucedió con la no derogación completa de la
reforma laboral del PP, con la defensa inicial de la Abogacía del Estado en
litigios clave, y ahora con la negativa a apoyar a quienes luchan en los
tribunales contra un índice hipotecario cuyo funcionamiento ha sido cuestionado
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El problema no es solo jurídico; es político. El PSOE de Sánchez es un
partido que se mueve entre dos lealtades: una declarada a través de sus órganos
de propaganda, hacia la clase trabajadora; otra real, hacia la estabilidad del
sistema financiero. Hoy tienen una nueva oportunidad de alinearse con quien
dicen defender o de aliarse con la extrema derecha y el ayusismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario