Aún colea -y coleará- el villancico navideño
entonado sotto voce (un decir) por
el presidente del Gobierno durante la copa de Navidad a la que invita todos los
años a la prensa en el Palacio de la Moncloa y donde Pedro Sánchez lanzó lo del juego con “cartas
marcadas” por algunos jueces que se trae el Partido Popular para tumbar al
Ejecutivo; en este sentido, también resuenan aún los coros de José María Aznar: “El que pueda hacer que haga”.
El acoso que varios jueces del Tribunal Supremo y la
Audiencia Nacional ejercieron contra Unidas Podemos y el independentismo
catalán que decidió convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya
a todas luces inútil (mucho más grave que lo del rey Juan Carlos, dónde va a
parar, que solo nos ha estafado a las y los españoles 40 años de Jefatura de
Estado remunerada) lo está sufriendo ahora al PSOE, que gobierna en coalición
con Sumar y al que se le ha ocurrido apoyarse en ese independentismo juzgado y
condenado para investir a Sánchez, que en su día, todo hay que decirlo, apoyó
al PP en su estrategia político-judicial y viceversa en Catalunya.
Cuando la (ultra)derecha carga contra el presidente
por decir que algunos jueces y el PP actúan en connivencia, ya se han olvidado,
por ejemplo, del “La fiscalía te lo afina” (Jorge Fernández Díaz,
ministro del Interior de Mariano Rajoy) o del control de la Sala de
lo Penal “desde detrás” (Ignació Cosidó, director general de la Policía Nacional y portavoz
parlamentario del PP en el Senado). Por todo esto y mucho más que
venimos denunciando desde hace años, es un hecho indiscutible que el sistema de
elección del órgano de gobierno de los jueces necesita una actualización
democrática y realmente representativa de lo que es el poder soberano que a los
y las ciudadanas nos representa en el Congreso. Pero no solo.
El bipartidismo se apoderó del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) durante cuatro décadas de intercambios políticos. El PSOE
-angelitos- creían que jugaban en igualdad de condiciones que el PP, cuando en
realidad, los de Aznar, Rajoy, Casado o Feijóo bloqueaban los nombramientos del
CGPJ sine die cuando eran los socialistas quienes
accedían a La Moncloa. Lo hicieron con González (1995-1996), con Zapatero
(2006-2008) y con Sánchez (2018-2024). Así que, a
mayores de su correspondiente mayoría cuando gobernaba, el PP se garantizó
muchos más años de poder judicial gracias al bloqueo ejercido con el PSOE en La
Moncloa (serían casi 23 de los últimos 27 años, según las cuentas de elDiario.es hace un año,
ya que la última renovación del CGPJ fue en junio de 2024).
Es un hecho que el PP ha controlado férreamente en
esta democracia a un CGPJ que elige a los máximos responsables de los
tribunales autonómicos y provinciales, para así, garantizarse una estructura de
contrapoder del PSOE cuando gobierna, incluida la Sala Segunda, de lo Penal,
del Supremo, por delante y “desde detrás” (que ya es pobre expresión para un
alto cargo, todo sea dicho). Esta Sala, presidida por el juez Marchena hasta
hace unos días, juzga a todos los aforados, salvo al emérito, que, por lo que sea, no va “pa’lante”.
En la Sesión de Control parlamentario de esta semana,
Feijóo advirtió a Sánchez de que esta Navidad, “al menos, dos imputados” se
sentarían en la misma mesa que el presidente, refiriéndose a su esposa, Begoña
Gómez, y a su hermano, David Sánchez, y haciendo extensivo el “al menos” al
presidente. Sin ninguna duda, con alguna retranca, Feijóo vino a confirmar la
estrategia del PP contra el Gobierno ayudado por una estructura de jueces y
juezas bien engrasados: imputar a Pedro Sánchez. Puede que esto llegue, después
de la investigación al fiscal general del Estado por una filtración sin pruebas
contra él y pese a las varias que se producen cada día en los juzgados,
incluidos el Supremo o la Audiencia Nacional… aunque éstas no se
investigan, por lo que sea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario