Está más que claro: La Judicatura,
presuntamente, no quiere que “su” justicia no cambie para, presuntamente (valga
la redundancia) seguirla “manejando” a su antojo y a su ideología política.
El ejecutivo de Pedro Sánchez se había comprometido con la Unión Europea, a cambio de recibir los fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a llevar a cabo una profunda modernización de la administración de justicia
Ernesto Carratalá
19/11/2024
El mismo día en que todo el mundo estaba pendiente de la polémica política
en torno a las consecuencias provocadas por la DANA,
y las diferencias de los socios parlamentarios sobre la reforma fiscal, el
Congreso aprobaba la ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que supone un cambio
estructural en el esquema de tribunales en todo el territorio español. De 3.800
juzgados que existen en la actualidad se pasará a 431 tribunales de instancia
(tantos como partidos judiciales). Esta profunda reforma, que lleva años
fraguándose, pretende ser el motor para conseguir una mayor eficiencia del
servicio público de justicia. Ahora, la reforma pasa al Senado donde
previsiblemente se votará en contra por la mayoría absoluta del PP que se opone
tajantemente al nuevo modelo. Volverá al Congreso y allí se
aprobará definitivamente. Por lo tanto, se avecina toda una revolución en la
justicia de este país que agilizará el servicio público, o eso es lo que, al
menos, pretende el gobierno progresista.
El ejecutivo de Pedro Sánchez se había comprometido con la Unión Europea, a
cambio de recibir los fondos del plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, a llevar a cabo una profunda modernización de la administración de
justicia. La primera parte del plan ya está puesta en marcha. Se trata de la
digitalización y agilización de trámites que, por ahora y a pesar de ciertos
obstáculos surgidos en lo que se refiere a las notificaciones de Lexnet, parece
ser que ya funciona en su totalidad. Esta segunda parte del plan reforma lo que
se denomina la “planta judicial”. Consiste en unificar los juzgados de los
partidos judiciales en un solo tribunal de instancia que se dividirá, a su vez,
en dos secciones, de lo civil y de instrucción, sin perjuicio de que, en su
día, se constituyan otras especializadas en actuaciones concretas como pueden
ser los delitos de género. Además, está prevista la creación de oficinas de
justicia en los municipios que acercarán el servicio público de justicia a
todos los territorios y les dotarán de unidades en las que los ciudadanos
podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera
telemática sin tener que desplazarse. Para agilizar la carga de los juzgados
también se contemplan los llamados medios alternativos de solución de controversias,
MASC, en vías no jurisdiccionales, en los ámbitos civil y mercantil.
Se pretende, con esta reforma, la agilización de los trámites
procesales. Queda fuera el ámbito social que seguirá funcionando
como hasta ahora: la resolución de conflictos colectivos e individuales a
través de los servicios de mediación, arbitraje, y conciliación, dependientes
de las comunidades autónomas, y cuando no se produzca el acuerdo entre las
partes, las antiguas magistraturas de trabajo, hoy denominadas juzgados de Lo
social, seguirán funcionando como hasta ahora.
Quedan, todavía, dos importantes leyes. Por una parte, la del
funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del
Poder Judicial, y la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la
Lecrim, para traspasar a los fiscales la facultad de instruir cierto tipo de
causas. No todas, tal y como estaba previsto en un principio.
La reforma de la Lecrim todavía está en fase de estudio. Se espera a la
elaboración del Estatuto Fiscal en fase de debate en el Consejo Fiscal. Y aquí
es donde hay problemas porque la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el
Consejo, ha decidido no participar en las reuniones en las que se están
debatiendo las líneas maestras del nuevo estatuto. Otra de las asociaciones
presentes en el consejo, la APIF, está enfrentada al fiscal general del Estado,
Álvaro García Ortiz. Se ha personado como parte acusadora en la causa que
instruye el Tribunal Supremo por revelación de secretos, y se dedica a
obstaculizar todas las iniciativas del gobierno progresista al que acusa de
“entrometerse” en el poder judicial.
El caso es que mientras no se avance en el nuevo Estatuto Fiscal, será difícil poner en marcha el
sistema mediante el cual los miembros del ministerio público se harán cargo de
las investigaciones judiciales mientras que los actuales instructores quedarán
como “jueces de garantías”, encargándose de que las actuaciones se hagan con
arreglo a la legislación vigente y decidiendo sobre recursos y amparos que
soliciten las partes. Es un sistema parecido al que se lleva a cabo en Europa
pero que sólo se pondrá en marcha en unas instancias concretas reservándose las
causas para los magistrados en los tribunales superiores territoriales y en la
Audiencia Nacional.
La reforma del Consejo General del Poder
Judicial para convertirlo en un organismo compatible con los
europeos, una exigencia de Bruselas, depende del informe que deberán aprobar
los actuales vocales antes de enero. No sólo está en juego el sistema de
elección sino también el sistema de funcionamiento porque el actual se parece
poco a los de los países de nuestro entorno. Se están analizando varios
modelos. El anglosajón donde no existe la figura del órgano de gobierno de los
jueces, competencia en exclusiva para los tribunales superiores, el italiano, y
el portugués donde las instituciones encargadas de controlar la acción judicial
son elegidas por los propios jueces con la salvedad de que el poder ejecutivo
se reserva la designación de un número determinado de plazas y, en algún caso,
la presidencia.
En este país, las asociaciones de jueces y magistrados que, como ya se ha
dicho aquí mismo, no llegan a representar al 50% de los miembros de la carrera
judicial, quieren elegir directamente a todos los vocales del CGPJ. Una
pretensión inconstitucional porque la carta magna deja bien claro que la
designación de los miembros de este organismo depende del legislativo. La derecha
judicial está jugando muy fuerte para que los vocales actuales del CGPJ
traspasen la línea roja de este mandato.
La gran reforma de la justicia española no solo depende de estas
modificaciones legales. El problema estructural es que, en los años de poder
del PP, los conservadores han ido colocando a jueces y magistrados afines
quienes se encargan de dictar resoluciones que, cuanto menos, dejan perpleja a
la ciudadanía. Y ese grave problema estructural no se va a resolver con las
modificaciones legales pretendidas. La situación actual es la misma que acabó
por desembocar en la reforma de los poderes fácticos en el siglo pasado: el
aparato judicial sigue intacto y no va a permitir algo que vaya en contra de su
supervivencia.
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