19/11/2024 - MAZÓN ADJUDICA 3,9 MILLONES A UNA EMPRESA DE LA GÜRTEL SIN CONCURSO PÚBLICO: LA SOMBRA DE LA OPACIDAD EN LA EMERGENCIA

Pues nada, lo dicho en el artículo anterior publicado: El PP a la cabeza de los desafueros. No ha hecho falta mucho tiempo para demostrarlo, ¿no les parece?

MAZÓN ADJUDICA 3,9 MILLONES A UNA EMPRESA DE LA GÜRTEL SIN CONCURSO PÚBLICO: LA SOMBRA DE LA OPACIDAD EN LA EMERGENCIA

La reparación urgente de la presa de Buseo reabre viejas polémicas sobre las adjudicaciones públicas en Valencia.

Agustín Millán 19/11/2024

El gobierno de Carlos Mazón ha vuelto a poner en el foco la transparencia de las administraciones públicas al adjudicar 3,9 millones de euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, a la constructora Becsa SA para reparar la presa de Buseo, dañada tras el paso de la DANA. Este contrato de emergencia, autorizado por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, no solo despierta dudas por la falta de concurso público, sino también por los vínculos de esta empresa con uno de los mayores escándalos de corrupción del Partido Popular: el caso Gürtel.

Becsa SA, perteneciente al grupo Simetria Fidentia SL, tiene entre sus accionistas a Gabriel Alberto Batalla Reigada, un empresario que confesó haber participado en la financiación ilegal del PP valenciano a través de la conocida "caja B". En 2018, fue condenado por delitos electorales y falsedad documental, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, su constructora se beneficia de jugosos contratos públicos bajo la gestión del Consell liderado por Mazón.

Una emergencia real, pero con preguntas pendientes

La reparación de la presa de Buseo responde a una necesidad urgente: la infraestructura sufrió daños significativos durante la DANA que azotó la Comunidad Valenciana a finales de octubre. Según datos de la Generalitat, el nivel del agua en la presa pasó de 0,77 hectómetros cúbicos a más de ocho en cuestión de horas, superando su capacidad máxima y provocando graves daños estructurales. El alcalde de Sot de Chera, municipio más afectado, describió la situación como devastadora: “El pueblo tal como lo conocíamos no existe”.

Sin embargo, aunque la emergencia justifica la celeridad de las decisiones, el procedimiento elegido —una adjudicación directa— y el historial de la empresa contratada generan controversia. Las autoridades aseguran que Becsa ya estaba trabajando en la presa con un contrato previo, lo que facilitó su elección. “Se optó por encargarle los trabajos de emergencia por la inmediatez, capacidad organizativa y disponibilidad de medios”, explican fuentes de la conselleria. Pero este argumento no ha logrado disipar las críticas sobre la falta de transparencia y las posibles irregularidades.

Más contratos y conexiones con la Gürtel

Este no es el único contrato reciente adjudicado a Becsa por el gobierno de Mazón. La empresa también ha recibido encargos para reparar carreteras en la provincia de Valencia tras la catástrofe, por un importe total de 1,5 millones de euros. Además, la Conselleria de Medio Ambiente ha confiado a esta constructora las obras del tramo de Cheste de la CV-50, aunque el importe aún no se ha publicado.

La relación de Becsa con figuras clave del PP valenciano añade otra capa de complejidad al caso. La empresa apareció en el “caso Fabra 2”, donde se descubrió que financió gastos de seguridad privada para el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, después de dejar su cargo. A pesar de su historial, la constructora sigue obteniendo contratos millonarios del sector público.

Transparencia en entredicho

Aunque la normativa permite adjudicaciones directas en casos de emergencia, estas deben realizarse bajo estrictos criterios de necesidad y eficiencia. La ausencia de un concurso público limita la competencia y alimenta las sospechas sobre favoritismos. Organizaciones como Transparencia Internacional han señalado en repetidas ocasiones que los contratos de emergencia son especialmente vulnerables a irregularidades.

Además, el historial de Becsa genera dudas sobre si es la empresa más adecuada para gestionar obras tan sensibles. Las condenas previas de sus accionistas y su implicación en casos de corrupción son factores que deberían haber sido considerados antes de la adjudicación.

La presa de Buseo: un problema estructural

La presa de Buseo, construida entre 1903 y 1915, ya presentaba problemas antes de la DANA. En 2022, Becsa fue contratada para rehabilitar el camino de acceso a la presa y consolidar una ladera adyacente, por un importe de casi medio millón de euros. Aunque estas obras fueron bien valoradas por los técnicos, no pudieron prevenir los daños causados por las lluvias torrenciales.

El escenario actual es crítico. Según la Generalitat, la presa se encuentra en el nivel 2 de su Plan de Emergencia, lo que implica peligro de rotura o avería grave. La reparación requiere intervenciones complejas, como la estabilización de laderas y la reposición de elementos de seguridad. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado monitorizando la infraestructura con drones para garantizar la seguridad.

El impacto político

Este caso llega en un momento delicado para el gobierno de Mazón, que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su gestión de los recursos públicos. La decisión de adjudicar contratos a empresas vinculadas a casos de corrupción del pasado no solo daña la confianza en las instituciones, sino que también reaviva debates sobre la regeneración política en la Comunidad Valenciana.

Desde la oposición, partidos como Compromís y el PSPV-PSOE han exigido explicaciones al Consell. “La emergencia no puede ser una excusa para revivir prácticas del pasado que tanto daño hicieron a nuestra democracia”, declaró un portavoz socialista. Por su parte, Mazón ha defendido la legalidad de las adjudicaciones y la necesidad de actuar con rapidez para proteger a la población.

El peso de la transparencia

Este caso subraya la importancia de reforzar los mecanismos de control en las adjudicaciones públicas, incluso en situaciones de emergencia. La transparencia no debe ser un lujo, sino un requisito fundamental para garantizar que los recursos se gestionen de manera ética y eficiente. Las catástrofes naturales no pueden convertirse en terreno fértil para viejas prácticas de opacidad y favoritismo.

Mientras se esclarecen los detalles de esta adjudicación, el episodio deja una lección clara: la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes depende de su capacidad para actuar con integridad, incluso en los momentos más difíciles. Si el gobierno de Mazón quiere recuperar esa confianza, deberá responder con hechos concretos y medidas que garanticen una gestión más transparente en el futuro.