Vamos a ver, Sr. Gómez, las compañías asistenciales (Asisa, Adeslas, etc., etc.) que asisten a los funcionarios de MUFACE y a los de demás sistemas ajenos a la Seguridad Social (SS), cuando alguien tiene un problema, digamos de alguna importancia, tienen que derivarlo a la SS si no quieren que “doble el gorro”. En mi pueblo, sirva como ejemplo, hay una cínica privada que atiende a los funcionarios de la localidad –que no son pocos- y, aparte de ser una clínica ILEGAL puesto que funciona con una licencia de apertura ILEGAL concedida por el Ayuntamiento cuando ya llevaba ¡13 años funcionando!, les presta un servicio paupérrimo, hasta el punto de que hay funcionarios que ya se han cambiado a la SS.
Y, por favor, Sr. Gómez, con eso de las cifras que juega
Vd. de forma muy intencionada y maliciosa, sólo le diré una cosa: ¡¡¡Menos
lobos, Juan!!!
El Ministerio de Sanidad está dispuesto a dejar a decenas de miles de jubilados sin la asistencia sanitaria de MUFACE por una cuestión de sectarismo ideológico
José Antonio Gómez
19/11/2024
El sectarismo ideológico va a provocar una catástrofe
en los funcionarios jubilados que pondrá en serio peligro su salud y, sobre
todo, su vida. Todo ello, además, con las habituales mentiras del gobierno Sánchez.
El proyecto de Sumar indicaba en el punto 14 del bloque dedicado al derecho
la salud: «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las
personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación
sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha
población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación
sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad
de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para
sus empleados públicos».
Dicho y hecho. Se quieren cargar MUFACE, tal y como
se indica en el informe del Ministerio de Sanidad que se conoció en el día de
ayer. El departamento dirigido por Mónica García ha
propuesto que en el mes de octubre de 2025 todos los funcionarios,
independientemente de que estén jubilados o activos, pasarán a la sanidad
pública. Incluso, el informe se queja amargamente de que «el estado de salud de los mutualistas es mejor que el de la
población general».
Esta decisión no se adopta por una cuestión económica, sino ideológica. La
extrema izquierda que está instalada en el gobierno de España confunde la
defensa del derecho a la salud con la guerra contra la sanidad privada y, sobre
todo, con un modelo de atención sanitaria basada en la colaboración
público-privada que funciona.
Los funcionarios no tienen ningún privilegio respecto a otros trabajadores.
El modelo de mutualidades es una parte del salario, además que los empleados
públicos pagan una cuota mensual para mantener dicho modelo.
Es un hecho que las organizaciones son el reflejo de sus líderes. En el
caso del Gobierno de España es evidente, y el caso de MUFACE es palmario de cómo todo se contagia.
Sánchez llegó al poder a través de la mentira y la manipulación. Está haciendo
todo lo contrario que prometió que no haría.
Sus ministros, incluidos los de Sumar que, al igual que los de Podemos, se
presentaban con una especie de superioridad moral que sus actos han demostrado
que es un fraude, ya mienten como si fueran presidentes valencianos tras cinco
horas de «comidas».
En diciembre de 2023, la ministra de Sanidad afirmó en una entrevista en la
Cadena SER que «nunca he hablado de Muface. Tiene grandes detractores y
seguidores. Yo no estoy en ninguno de los dos. Ahora mismo mi prioridad es la
atención primaria, la salud mental, los profesionales, recuperar el orgullo de
nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y ensancharla. Tengo otras
prioridades [que tocar Muface]. Quiero que la sanidad pública sea lo
suficientemente atractiva, que recupere la robustez que tuvo, y quiero que esa
sanidad pública sea lo suficientemente atractiva para que la gente se vea
atraída y vea que aquí está esa red».
El tiempo ha demostrado que esas palabras no contenían verdad alguna.
Mientras tanto, cientos de miles de pensionistas miran al
futuro con miedo, sobre todo aquellos que se encuentran inmersos en
tratamientos médicos crónicos o de enfermedades graves que podrían acabar con
su vida si son paralizados por tener que entrar en las criminales listas de
espera de la sanidad pública.
Una parte del gobierno de Pedro Sánchez culpa a las aseguradoras privadas
por querer subir el precio de la licitación. La diferencia entre lo que piden
las aseguradoras y el convenio que quedó desierto oscila entre los 500 y los
700 millones de euros anuales. Sin embargo, la consecuencia económica de la no
renovación del convenio superará los 1.200 millones cada año.
Esa cantidad choca con lo que Pedro Sánchez ha pagado por su
Presidencia: 350.000 millones de euros…, de
momento. Cientos de miles de pensionistas con la salud y la
vida en juego valen menos que ser el inquilino del Palacio de la Moncloa.
Mientras se están regateando un máximo de 700 millones de euros para que
los pensionistas de MUFACE puedan continuar con sus tratamientos médicos sin
ningún tipo de alteración, Sánchez ha estado dispuesto a pactar transferencias
y concesiones al independentismo catalán y a sus socios vascos que alcanzan los
380.000 millones.
El concierto económico pactado con Esquerra Republicana, según el análisis
realizado por la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea), va a suponer trasvase de recursos
económicos desde la caja común a Cataluña podría alcanzar los 13.200 millones
de euros anuales, es decir, 46.200 millones hasta el final de la legislatura en
el caso de que se agotara.
«Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por
habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto
de las comunidades de régimen común), la medida la situaría, otras cosas
iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral», señala el
informe.
A esto hay que sumar que el Estado perdería hasta 62.000 millones de euros
anuales si las condiciones que se han pactado entre el sanchismo y ERC para
Cataluña se extendieran a otras comunidades autónomas. Por tanto, otros 217.000
millones de euros.
Por si fuera poco, en medio de un regateo infame de 700 millones
de euros, se ha conocido la noticia de que Puigdemont ha puesto precio para poder iniciar la
negociación los Presupuestos Generales del Estado: 22.000 millones de euros, que se suma a todo lo
anterior.
Según ha publicado El Mundo, la cúpula
del partido independentista catalán han exigido a Sánchez que, sólo para
sentarse a hablar de los PGE, el déficit de Cataluña con el Estado debe quedar
a 0. «Si no se salda la deuda, no hay nada de que hablar»,
afirma el periódico citando a fuentes directas del partido de Puigdemont.
Entre el sectarismo de la extrema izquierda y el nuevo disfraz del Partido
Sanchista, el dinero se entrega a los independentistas sin ningún problema,
mientras cientos de miles de pensionistas viven en la inquietud porque ven
peligrar su propia vida.
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