La Fiscalía, la Justicia, el Gobierno y en general las instituciones democráticas salen mal paradas del desesperado intento de la presidenta por rescatar a su pareja acusada de dos delitos fiscales
José Antequera
26/11/2024
Continúa la cacería política y mediática contra el fiscal general del
Estado. Con el empresario Aldama cantando
por soleares contra el PSOE, con el
caso Koldo en un punto álgido (Ábalos a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo) y con Begoña
Gómez contra las cuerdas por el dichoso máster obsesión
del juez Peinado, Álvaro García Ortiz se
ha convertido en un dardo más en la ofensiva de las derechas contra el
sanchismo.
Por refrescar, la secuencia de los hechos es la siguiente: la Fiscalía
denuncia a Alberto González Amador por
defraudar más de 350.000 euros a Hacienda; el equipo de gobierno de Ayuso difunde el bulo de que el fiscal ha ofrecido
a Amador un pacto por correo electrónico; el Ministerio Público emite una nota
para desmentirlo y aclarar que, en realidad, ha sido el abogado del encausado
quien ha propuesto ese acuerdo con la Fiscalía; la pareja de la presidenta
presenta una querella al considerar que el comunicado incluye datos
confidenciales; y el Supremo imputa al fiscal general del Estado por revelación
de secretos. El alto tribunal no ve delito en la nota de prensa (pero ordena
investigar cómo ha podido llegar a los medios de comunicación datos personales
de un contribuyente), y de paso toda esta merde salpica
al PSOE, que salta por los aires en una guerra absurda entre Lobato y Moncloa a
propósito de los dichosos correos que queman como la radiactividad. Ni Maquiavelo lo hubiese planeado mejor. Chapó, MAR, eres un crack del manual goebelsiano.
Lo último que se sabe es el reciente informe de la UCO. El dosier de la Benemérita
no aporta ni una sola prueba contundente que pueda incriminar a Álvaro García
Ortiz y por mucho que los guardias civiles apunten a una “participación
preeminente” del jefe de los fiscales nada se dice sobre hasta dónde llegó esa
participación, qué mecanismo se siguió y cómo se hizo la filtración. Una vez
más, las conjeturas superan a los hechos, la imaginación a lo empírico, la
politización a la ciencia policial, un mal que de un tiempo a esta parte está
tumorando no solo la forma de trabajar de nuestras fuerzas de seguridad del
Estado –hay negros antecedentes de cloaquerismo, recuérdese lo que ocurrió con
la policía patriótica del PP y el juicio al próces– sino también
de los jueces que instruyen las diferentes causas. Últimamente los informes de
la UCO se interpretan a gusto del consumidor: se tienen en cuenta cuando van
contra el Gobierno, pero se pasan por alto cuando exculpan a la esposa de Pedro Sánchez. Curioso cuando menos.
Pero más allá de los escritos de la Guardia Civil (que en ocasiones parecen
trepidantes guiones de Netflix más que
pruebas periciales serias y rigurosas bajo supervisión judicial), no deja de
llamar poderosamente la atención la sucia operación para salvar al soldado Ryan/Amador puesta en marcha por el Partido Popular. Una vez más, se trata de incendiarlo
todo, la Fiscalía, la Justicia, el Gobierno, las instituciones democráticas y
lo que haga falta para salvarle el cuello al presunto delincuente (que no se
nos olvide poner lo de presunto). Son capaces de todo en sus tácticas ácidas y
corrosivas, incluso de dinamitar la Unión Europea, si es
preciso, para salvar al malo de turno, ya sea Carlos Mazón o
el propio Amador.
Lo que se está dirimiendo aquí son varias cuestiones. La primera es si la
Fiscalía tiene derecho a desmentir un bulo difundido desde una institución
pública como es la Comunidad de Madrid. Y la respuesta no puede ser sino
afirmativa. Faltaría más. No solo tiene el derecho, sino también la obligación.
En un sistema democrático, un órgano judicial tiene que buscar siempre la
verdad y si un contribuyente está mintiendo sobre sus cuentas, se debe saber.
La segunda consideración que se está debatiendo aquí es si, como consecuencia
de lo anterior, la opinión pública tiene derecho a conocer si la pareja de un
personaje de relevancia pública como es la presidenta de Madrid defrauda a
Hacienda (incluso si la premier madrileña
está residiendo en una vivienda sufragada con el fruto del delito). La lógica
nos dice que sí, pero la lógica de hoy ya no es la lógica que fundaron los
filósofos griegos hace dos mil años y por la que se ha regido el ser humano
hasta hoy. El trumpismo castizo, al que se ha abrazado Ayuso, ha conseguido
darle la vuelta a la realidad como un calcetín. Vivimos en el mundo al revés
ayusista donde prevalece el honor y la intimidad del presunto delincuente
(pobrecito él, qué pena que ya no le dejan trincar como antes) mientras el
funcionario o servidor público que lo persigue y lo fiscaliza, cumpliendo
fielmente con su deber, es arrojado a la hoguera de un proceso kafkiano o
inquisitorial propio de la caza de brujas. Purgado, finiquitado, condenado a la
muerte civil, como ocurre en este país llamado España con todo aquel que se
atreve a tocar a los representantes de los poderes fácticos (y Ayuso, pese a su
carita de inocente muñeca Pepona incapaz
de romper un plato, forma parte de esa casta).
Filtrar currículums económicos de un imputado es algo que se ha hecho toda
la vida (cualquiera que sea periodista lo sabe). Lo ha hecho tanto el PSOE como
el PP cuando ha gobernado, estos incluso con más frecuencia y fervor. Cuando el
fiscal de turno de un caso ha tenido acceso a datos sobre un presunto
delincuente (que no se me olvide poner lo de presunto) los ha facilitado a la
prensa. Y nunca pasó nada ni nadie se rasgó las vestiduras. Vivimos en un
Estado democrático donde prevalece el sagrado derecho a la información de los
ciudadanos. Esa regla del juego se ha cumplido siempre. Lo contrario, ocultar o
tapar la noticia, nos abocaría de cabeza y de lleno a un Estado totalitario,
que es donde parecen querer llegar algunos.
La caza de brujas contra el fiscal general del Estado es, ante todo, un
aviso a navegantes contra todo aquel (político, periodista o individuo
peatonal) que se atreva a ir contra la élite protofascista que nos mal
gobierna. Hoy es el fiscal general el linchado por decir la verdad; mañana
podemos ser cualquiera de nosotros. Es evidente que en las altas esferas se ha
dado la orden de proporcionar satisfacción a la rabieta y a los caprichos
políticos de la diva de Chamberí, que no puede soportar ver a su chorbo en los
papeles como un vulgar ladrón de guante blanco. Cuando las presuntas
trapacerías tributarias del tal Amador fueron aireadas por la prensa, Ayuso se
agarró el rebote del siglo (como una loba en celo defendiendo a su macho), y
dio órdenes a su asesor, MAR, de ir con todo y “p’alante” contra cualquiera que
ose hurgar en el patrimonio de su enamorado. Esa es la auténtica razón (propia
de culebrón turco) por la que se ha montado este circo que se ha ido de las
manos hasta terminar en un incendio que promete dejarlo todo arrasado y hecho
un solar. Cuando no quede ni una sola institución democrática en pie, el maridito
se levantará de entre las ruinas del terremoto, se sacudirá el polvo del traje
y seguirá caminando como si nada.
En el fondo, lo que hay detrás de la imputación del fiscal general del
Estado (un hecho inédito en la historia de nuestra democracia) no es más que el
intento desesperado por tapar las vergüenzas de un tipo que no cumple como debe
con el fisco, como hacen todos los españolitos de bien. El que roba
(presuntamente, que no se me olvide poner presuntamente) no tiene honra, por
mucho que se empeñen las élites reaccionarias de este país. Podrán acabar con
el fiscal general, con el presidente del Gobierno y hasta con el rey de España.
Pero este señorito nunca dejará de ser lo que es.
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